Disposiciones legales y decisiones que funcionan mal

El artículo anterior sobre Políticas y Decisiones que no están funcionando provocó reclamo de algunos de mis escasos lectores porque no se trataron los casos de Pemex y de la CFE, y es que el primero está prácticamente quebrado y la CFE intenta monopolizar la generación y venta de energía eléctrica. Sin embargo, hay que aclarar que Pemex ya está ahí y el Gobierno federal tendrá que buscar fórmulas para rescatarlo, pues no es viable desaparecerlo, y lo tiene que hacer a través de algunas de las siguientes medidas: bajar sustancialmente el Impuesto de producción y venta de crudo, que es altísimo; o absorbiendo gradualmente la deuda a largo plazo de Pemex, que actualmente es de más de 100 mil millones de dólares, para que disminuya el pago de intereses o bien, absorbiendo las pérdidas de la empresa, principalmente en refinación, pues el Gobierno no quiere aumentar los precios de las gasolinas, aunque lo haya tenido que hacer a la sorda con la gasolina importada.

Además, actualmente Pemex está recibiendo una “cafiaspirina” con el incremento en el precio del crudo causado por la OPEP y el crudo que vende Rusia a Europa, pero todo esto es transitorio; en el largo plazo la tendencia es eliminar los petrolíferos.

En cuanto a la CFE tiene sus propios problemas con la nueva Ley de Energía, sus altos costos por KWh, su conflicto con las empresas privadas que han invertido principalmente en generación de energía limpia más barata; la CFE ha tenido que subsidiar o sufrir pérdidas y a posponer programas de mantenimiento.

Pero hay más decisiones y disposiciones legales que obstruyen la justicia, la protección del ambiente, la libre competencia y el TMEC; por ejemplo:

1. El caso de la Prisión Preventiva Oficiosa que se aprobó en 2008 y que se reconoció como “una medida cautelar”, sobre todo cuando se sospechaba o se creía que el acusado podría evadir la justicia huyendo del país u ocultándose; también para que no ejerciera venganza contra sus acusadores o amedrentara y cooptara a los testigos y jurados en su caso; sin embargo, se ha mal usado esta medida aplicándose ordinariamente y no excepcionalmente como dicta la ley y hasta la está utilizando la autoridad como una especie de “sentencia” sin el proceso judicial completo. Se está abusando de esta “medida cautelar” y se ha convertido en una forma de extorsión para que el enjuiciado “se rinda”, se declare culpable sin juicio, pague impuestos en litigio o para que denuncie a otras personas. Esto debe modificarse para que, como dice el Senador Miguel Ángel Mancera, “esta medida sea la excepción y no la regla”.

2. Algo parecido está pasando con los juicios orales que se iniciaron sin que los jueces, los fiscales, los abogados defensores, los testigos y los jurados estén debidamente preparados. En las universidades apenas se están impartiendo cursos ad hoc, pero faltan cursos de oratoria para los abogados, pues no es lo mismo llevar un juicio documentalmente, que presentarlo, defenderlo y obtener sentencia oralmente de un jurado ciudadano. Falta mucho para que este procedimiento funcione bien.

3. Se prometieron decretos presidenciales para liberar presos por “delitos menores” o que tienen años con juicios eternos, sea por lenidad de los jueces y funcionarios, por “chicanadas” jurídicas de los abogados o bien porque así le interesa a la autoridad, pero hasta la fecha, solo unos cuantos presos han logrado su libertad a través de este procedimiento y las cárceles siguen saturadas con presos que no cuentan con recursos por pagar abogados o para pagar multas y sanciones. Urge que se apliquen estos decretos y se facilite la libertad de muchos presos inocentes o que ya cumplieron su sentencia y podrían salir por buena conducta, por su condición de mujer o por enfermedad.

4. El terrible Decreto Presidencial para que se consideren de “Seguridad Nacional y de interés público las obras públicas federales, saltándose así los amparos de quienes se consideran perjudicados, así como los que buscan proteger zonas arqueológicas, bosques, zonas pobladas, cenotes, ríos y propiedades privadas. Ningún recurso legal se puede interponer porque la obra federal es de seguridad nacional, intocable aunque destruya bosques, monumentos arqueológicos y expropie propiedad privada, además de que no se transparentan el proyecto ejecutivo, el costo de la obra y el impacto ambiental.

Es este un decreto presidencial autoritario, violatorio de la Constitución y de las leyes de transparencia.