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Hace unos días, las dos Cámaras del Congreso de la Unión concluyeron su periodo ordinario de sesiones, lo que también significó el fin de las oportunidades para que el paquete de designaciones para distintas altas responsabilidades públicas se definiera. Paradójicamente, parte del Senado de la República sí tuvo oportunidad de aprobar más de veinte reformas “prioritarias” para el Gobierno Federal en cuatro horas. Tiempo récord para los anales legislativos, como lo es también el número de días (1) que llevan sin resolver 17 vacantes pendientes en nueve de las 19 instituciones que observamos. (2)
Para contextualizar, el periodo que inició el primero de febrero pasado registraba un acumulado de 18 designaciones rezagadas de años anteriores. Una, la del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) desde 2016; cuatro en la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); tres en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); dos en la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y en la Comisión de Selección (CS) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y una en la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Tribunal Superior Agrario (TSA), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Más siete calendarizadas -por el término de las responsabilidades- entre febrero y abril, a saber: la del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA, otra en el INAI, cuatro en el Instituto Nacional Electoral (INE) y una extraordinaria por cuestiones de haber llegado a la edad de retiro, renuncia o defunción en el TSA. Es decir, un total de 25 designaciones. (3)
Sin embargo, y en sintonía con la procrastinación aguda que les ha caracterizado en esta materia, sólo resolvieron ocho de este conjunto de 25: dos de la Cofece, pendientes desde 2021 y a raíz de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que le ordenó al Ejecutivo Federal enviar las propuestas respectivas; una en la CRE (2020) y en la CNH (2022), y las cuatro para el Consejo General del INE (2023) por parte de la Cámara de Diputados mediante insaculación, es decir, vía sorteo. (4)
Lo anterior, deja un saldo de 17 designaciones pendientes aún. De las cuales, ocho están en la cancha del Senado de la República, ocho más siguen en espera a que el Ejecutivo envíe sus propuestas al Senado y una última recae en el ámbito de la CS, con un retraso de 94 días.
¿Qué reflejan estos números? ¿Por qué pasan los días y no designan? ¿Qué repercusiones tiene esta situación? En primer lugar, pone de manifiesto un incumplimiento grave con sus obligaciones constitucionales y legales. Inadmisible en un Estado democrático de derecho. En segundo orden, estos desacatos injustificados y deliberados se traducen en una afectación al óptimo funcionamiento de dichas instituciones y, por lo tanto, a los derechos de las personas que deben salvaguardar y a la democracia misma. Por último, manda un mensaje fuertísimo a favor de la impunidad y las malas prácticas que se prometieron erradicar/transformar.
El caso del Inai es uno de los más preocupantes y ha estado últimamente en la discusión pública. Pues la omisión del Senado de la República, que lleva más de 406 días sin resolver dos designaciones pendientes, ha resultado en la suspensión de la posibilidad de impugnar ante la negativa de información por parte de los sujetos obligados, dejando (a las personas) en un estado de indefensión, lo cual es sumamente grave, sobre todo en un contexto de regresiones en materia de transparencia. Apenas en 2022, las inconformidades y negativas de información tuvieron un crecimiento inédito con más de 20,000 recursos. A lo que se suma el abuso de las declaratorias de inexistencia de la información, de reserva de esta y/o de incompetencia para resolver miles de solicitudes formuladas. Cada día que el Senado no resuelva las tres designaciones pendientes violenta el derecho a saber de la sociedad en su conjunto y beneficia a unos cuantos: a las y los poderosos.
En una situación similar se encuentra el IFT, pues al no contar con su órgano de gobierno completo no puede resolver distintos temas sustantivos, pese a la controversia constitucional interpuesta el 22 agosto de 2022.
El panorama actual es desalentador, a pesar de la activación de distintos mecanismos formales y de presión social para insistir en que cumplan con sus obligaciones básicas de designar, tanto el Ejecutivo Federal como el Senado ignoran, desoyen e infringen sin empacho alguno. Todo indica que el patrón de la llamada “Cuarta Transformación” es el incumplimiento y la acentuación de las malas prácticas que han prevalecido en las designaciones públicas, con la diferencia que, ya ni se toman el tiempo de designar. Por eso, desde el Observatorio de Designaciones Públicas seguiremos insistiendo en una política pública en materia de designaciones que cambie de fondo las reglas y diseños institucionales de cómo se realizan estas importantes decisiones. ¡Es urgente, es posible, es nuestro derecho!
#SinCuotasNiCuates
La autora es Marcia Itzel Checa Gutiérrez, coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas (@designaciones), proyecto impulsado por Article 19 México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que tiene el objetivo de promover estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los procesos de designación de altas responsabilidades públicas; y, generar una deliberación pública sobre la idoneidad de los perfiles para contribuir al fortalecimiento de las instituciones de México.
1 Ver aquí.
2 La base del universo de 19 instituciones prioritarias para el Observatorio de Designaciones Públicas comprende: ASF, Banxico, CEAV, CJF, CNDH, CNH, COFECE, CONEVAL, CPC y Comisión de Selección del SNA, CRE, FGR, IFT, INAI, INE, INEGI, SCJN, TEPJF, TFJA y TSA.
3 Desde el Observatorio de Designaciones Públicas reconocemos que hay muchos más procesos de designación pendientes, como las 44 magistraturas de salas regionales y tribunales estatales en materia electoral y otras tantas en órganos consultivos, pero sobrepasan el universo delimitado.
4 De acuerdo con lo establecido en el artículo 41 constitucional, fracción V, apartado A.
