Desplazamiento interno en México: la brecha entre las luchas de las víctimas y las narrativas oficiales
En julio de 2023, al ser cuestionado sobre la situación creciente de desplazamiento forzado y la deficiente atención por parte del Estado frente a la violencia en Chiapas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en una conferencia matutina “que se ha exagerado lo que sucede en Chiapas con los últimos tiempos y en general en el País”.
Las declaraciones del Presidente reducen la magnitud del fenómeno de violencia en Chiapas, estado que, según la CMDPDH, reportó el mayor número de personas desplazadas por violencia en 2022. Con 4 mil 250 personas desplazadas en Frontera Comalapa, este municipio de Chiapas concentra la mitad de la población desplazada durante ese año, y la situación se vuelve más delicada al observar que menos de un año después, en mayo de 2023, se presentó un nuevo episodio de violencia masiva en el municipio, con al menos 3 mil personas desplazadas. Además, entre el año 2010 y el mes de octubre del 2022, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas documentó un total de 16 mil 755 personas desplazadas por violencia en Chiapas.
A raíz del cuestionamiento del periodista sobre las acciones de asistencia y prevención del Gobierno federal, el Presidente orientó la conferencia hacia una desconfianza ante el trabajo de periodistas y defensores de derechos humanos. Así lo declara:
“...Como sí lo han hecho [‘buscar reconciliación en las comunidades sin tomar partido’] quienes supuestamente defienden derechos humanos, que han provocado con esas actitudes más divisiones en las comunidades y en los pueblos. Tengo presente por ejemplo lo de Tila, hablando de desplazados, donde tuvo que salir la mitad del pueblo porque se apoyó a un grupo, defensores de derechos humanos [señalando al periodista] para expulsar una parte de la población”.
A partir de un ejemplo impreciso, instaló un clima de sospecha y de deslegitimación del trabajo de esos actores. ¿Qué mejor manera de desconcertar a sus opositores o “adversarios” que afirmando que los defensores violan derechos humanos? Con un ejemplo desacredita e invisibiliza el trabajo de defensa de múltiples organizaciones de la sociedad civil. Su discurso traza un mundo dicotómico: quienes están a favor del Gobierno y quienes están en contra. Este último grupo, de acuerdo con esta amalgama binaria, incluye a “conservadores corruptos [...] que ya no se saben que hacer para detener el proceso de transformación social, defensores de derechos humanos farsantes” y los “que hacen un periodismo independiente, para mí entre comillas”. Para finalmente reducir el trabajo de investigación y documentación del periodista a una “politiquería”.
Además de ir en contra de las organizaciones, de asumir un desprecio hacia actores de la sociedad civil, de descalificar sus trabajos, de reducir el fenómeno de violencia como un problema de “visiones distintas”, esa tendencia de suspicacia impacta la vida de la población que ha sufrido la violencia. En efecto, cuando desde lo más alto de la esfera pública nacional no se reconoce la gravedad del fenómeno, se entorpece el proceso para garantizar la seguridad, reparación e implementación de marcos jurídicos sólidos que protejan a las víctimas.
Esas “visiones distintas” sobre la violencia o ese “derecho a disentir”, tal como lo presenta Andrés Manuel López Obrador, inciden en las políticas de reparación: en el presupuesto aprobado a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y en las reparaciones materiales que se otorgan a las víctimas, en la tipificación de los tipos de violencia dentro de las autoridades encargadas de la procuración de justicia, en la aprobación o el descrédito de los testimonios de las víctimas, en la reparación de los daños sufridos, en el riesgo que enfrentan las personas que buscan justicia, en el acceso a condiciones de vida digna. Al disminuir la magnitud de un fenómeno de violencia, disminuyen también las medidas de seguridad, lo cual incrementa las situaciones de riesgo y favorece la impunidad.
Además, orientar la discusión a “ataques políticos”, “derecho a disentir” o “visiones distintas” como lo hace el Presidente minusvalora el trabajo de distintos actores que han documentado y trabajado el fenómeno de violencia en el País. La Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos evidencia los altos índices de violencia en México y avala los análisis de las organizaciones de la sociedad civil: señala la necesidad de refuerzo de las estrategias gubernamentales para la prevención, atención y resolución del fenómeno de desplazamiento interno en México. Así, es problemático reducir toda la crítica a “opiniones divergentes”, porque desestimar los hechos tiene como consecuencia directa la vulneración de derechos y la omisión de responsabilidades del Estado.
La manera en la cual el Presidente orientó esa conferencia nos confronta sobre las representaciones que se construyen alrededor del fenómeno de violencia. Desde la perspectiva del antropólogo Didier Fassin, en el Siglo 20, el trauma, cuyo significado era esencialmente personal y clínico, adquiere una dimensión colectiva, moral y jurídica. Pero ese proceso de reconocimiento del sufrimiento como violencia social no es evidente en sí mismo. El hecho de que se produzca un evento traumático no le garantiza un reconocimiento a la persona como víctima. En consecuencia, el otorgamiento del estatus de víctima y de la reparación material a personas que han sufrido un hecho victimizante depende del valor social otorgado a un acontecimiento traumático. Así, afirmar que se está exagerando la situación de violencia en Chiapas y en el país relega una parte de las experiencias traumáticas a la dimensión personal, como si fuera una experiencia que no afecta al conjunto de la sociedad. En consecuencia, el testimonio, con valor de prueba, de las víctimas o de las organizaciones de la sociedad civil es puesto bajo sospecha y evaluado según una visión parcial del Estado sobre el fenómeno.
La legitimación del estatus de víctima no ocurre sólo mediante dispositivos estatales sino gracias al proceso de politización de las personas que han vivido hechos traumatizantes. Estos movimientos visibilizan en el espacio público unas voces excluidas de lo colectivo, permiten la afirmación y construcción de otros discursos sobre las estructuras de violencia y su relación a los sistemas de explotación, y denuncian los sesgos y los fallos de la herramienta legislativa. Así, el trauma también es un recurso político mediante el cual las personas víctimas y las organizaciones que las acompañan se movilizan y reivindican sus derechos. La politización y la transformación del dolor desestabiliza las narrativas y resiste al silenciamiento. Juntando voces y memorias para curar y reivindicar, los movimientos y organizaciones alteran la visión homogeneizante y mueven los marcos jurídicos para garantizar el cumplimiento de un derecho a la justicia y a la reparación, desafortunadamente negados en diversos casos por los procesos burocráticos. Esperemos que las prácticas discursivas donde se minimiza el dolor de las víctimas y la magnitud de los problemas sean cada vez más difíciles de sostener en México. Solo avanzando hacia el reconocimiento pleno de los problemas nacionales se podrá caminar hacia la memoria, la verdad y la justicia.
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El autor es Jeanne Soulard, pasante del área de Desplazamiento Interno en la @CMDPDH y licenciada en Antropología.
