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"EN TRIBUNALES"

"Desordenando la ciudad"

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    david@bufetealvarez.com

     

    El artículo 4ª de la Constitución Federal nos otorga el derecho a vivir en un medio ambiente sano pero ¿qué significa esto en relación con la ciudad donde vivimos?
    Para no echar mucho rollo, vayamos a lo evidente. Vivir en un medio ambiente sano significa que la ciudad debe desarrollarse (crecer pues) ordenadamente y no a lo loco o como a cada quien le de su gana que crezca.
    El crecimiento ordenado de las ciudades es deber de los gobiernos federal, estatal y municipal. Para garantizar nuestro derecho, se deben crear las normas legales correspondientes.
    Dentro de esas normas legales se encuentran la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa (LOT), los planes o programas municipales de desarrollo urbano y el reglamento de construcción municipal (RCM).
    La LOT entró en vigor desde 2018 pero, al modo, las autoridades municipales encargadas de cumplirla, específicamente la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable (DPDUS), son la primeras en violarla.
    Y eso a pesar de que dentro de la LOT se encuentran severas sanciones para las autoridades que, debiendo encargarse de que se cumpla, hagan todo lo contrario.
    Como es público y notorio, permisos de construcción se entregan a diestra y siniestra sin cumplir los requisitos exigidos por la LOT, los planes y programas de desarrollo urbano y el RCM.
    He visto expedientes en la DPDUS en donde se expide el permiso de construcción apenas con el 10% de los requisitos exigidos por el RCM y lo que es más, se expiden aunque en ese expediente hay evidencia de que se pretende construir algo que esta prohibido construir.
    ¿Y por qué se hace ésto? Voy a aventurar respuestas, pero sospecho que es por dos razones principales: la primera, porque es un gran negocio para el Ayuntamiento cobrar por permisos de construcción, pues mientras más permisos expide, pues más cobra, pero además, es un gran negocio por las grandes cantidades de dinero que fluyen “bajo cuerda” para facilitar trámites aunque no se cumpla con la ley.
    La segunda razón tiene que ver con “resultados” o con “colgarse medallitas”. Mientras más permisos de construcción se expidan, el “presidentito” tendrá mas de que presumir, informando de las grandes inversiones que este gobierno ha generado lo cual, por supuesto es falso ya que el desarrollo inmobiliario acelerado de nuestra ciudad se ha venido dando desde la administración de Felton, es decir, no es un logro de esta administración y menos del “presidentito”.
    Lo he dicho varias veces y lo repito, el desarrollo urbano de la ciudad es deseable pero no a costa de violar la LOT y los programas y planes municipales de desarrollo urbano.
    Mucho se ha invertido en la ciudad en obras públicas (Avenida del Mar, Parque Central, Acuario, Rafael Buelna, etc), como para echar a perder el paisaje y la imagen urbana con edificios por aquí y por allá, que desentonan unos con otros y no guardan la menor simetría ni en diseño, altura, colores, etc.
    Además, se está construyendo obra privada sin considerar que los servicios actuales no van a resistir mucho. No hay abasto suficiente de agua potable y el sistema de drenaje colapsa con cada lluviecita y ni que decir de las vialidades ya saturadas.
    Sobre esto último, no quiero ser ave de mal agüero pero si se molesta por los embotellamientos generados por las obras en la Avenida Rafael Buelna y la Avenida Camarón Sábalo, pues váyase acostumbrando porque aunque esas obras son necesarias y deben aplaudirse, las vialidades serán insuficientes en unos tres o cinco años (o menos), ya lo veremos.
    Afortunadamente, la LOT contiene la figura de la “denuncia ciudadana” de acuerdo con la cual, cualquier vecino o ciudadano puede denunciar actos y omisiones de la DPDUS que afecten el desarrollo urbano ordenado. También contiene la figura de los “observatorios ciudadanos” que sirven para vigilar que no se cometan los abusos que vemos, ni se desordene la ciudad permitiendo construir lo que se quiera construir y donde se quiera construir. Ahí están esas dos opciones, si le interesa una ciudad ordenada, úselas.
    Pero el desorden urbano también pasa por el uso arbitrario y abusivo del espacio público, del cual tenemos un ejemplo reciente en el concierto que se llevó a cabo en el Parque Ciudades Hermanas.
    Hasta donde recuerdo, el parque opera en un inmueble que es propiedad del Gobierno del estado y no del Municipio. Según entiendo, el parque es administrado por un comité de vecinos de la zona, quienes deben contar con algún tipo de documento expedido por el Gobierno del Estado para conservarlo en buenas condiciones.
    De ser así, no existe base legal para que el Gobierno municipal haya llevado a cabo el concierto que, por lo que reportaron los medios de comunicación, no solo paso por encima de lo acordado o solicitado por los vecinos, sino que causó daños graves al parque.
    La conservación de los espacios públicos, como forma de ordenar la ciudad, debe ser una responsabilidad compartida por el gobierno y los ciudadanos. Se espera de unos y otros que actúen congruentemente con esa responsabilidad y cuiden el espacio público.
    Pero en el caso del Parque de Ciudades Hermanas, parece que el Gobierno municipal no solo no actuó con responsabilidad, sino que fue el principal incitador del desorden.
    Ojalá que los vecinos del parque afectado lleven el asunto a tribunales para evitar que esto vuelva a repetirse. Si se animan, mi despacho está dispuesto a asesorarlos pro bono (gratuitamente) para el tema de los costos no sea un obstáculo.