El mes anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó el “Informe Especial Pase de lista del FONE 2017”, el cual tiene entre sus objetivos verificar que las personas incorporadas en las nóminas del FONE se encuentren, efectivamente, en sus centros de trabajo y comprobar los controles de asistencia y movimiento de personal.
Uno de los hallazgos más importantes de este informe es que fuimos el segundo estado con menor personal laborando en sus centros de trabajo (56.9 por ciento), sólo por debajo de Oaxaca (46 por ciento).
Los datos presentados por la ASF se obtuvieron a través de la Plataforma informática Pase de Lista FONE, misma que nutren los responsables de cada centro de trabajo a través un formulario. En éste, se contiene el listado de todo el personal en la nómina del plantel en el año correspondiente, y en donde el responsable (generalmente el director) debe responder si efectivamente los trabajadores laboran en ese centro y, de no ser así, especificar el motivo de su ausencia.
Posterior al “resumen” generado por la herramienta informática, inicia la segunda parte del proceso, es decir, las visitas a los centros de trabajo por parte de los auditores. Las visitas se determinan a través de una muestra seleccionada aleatoriamente y su propósito es verificar los datos recabados en la plataforma.
Ahora bien, ya explicado el proceso del Pase de Lista del FONE, haré un análisis de los contundentes resultados de Sinaloa.
En primer lugar, el formulario electrónico identificó 14 mil 128 registros irregulares en la nómina, de los cuales 3 mil 294 trabajadores no fueron identificados por el responsable del centro de trabajo, es decir, ni siquiera conocían a estas personas, lo que resulta gravísimo.
En la fase de visitas a los centros validados, se seleccionó una muestra aleatoria de 191 escuelas ubicadas en los municipios de Culiacán, Mazatlán, Sinaloa de Leyva y El Rosario, que contaron con un total de 2 mil 204 trabajadores. De este cúmulo de personal, 607 no fueron localizados ni se justificó su ausencia, no obstante, la ASF estimó que recibieron recursos por más de 203 millones de pesos. Posterior al pronunciamiento de Mexicanos Primero Sinaloa, autoridades locales señalaron que se habían justificado los registros del personal no localizado en las visitas y que sólo restaban 38 por aclarar.
Sin embargo, aún queda pendiente de esclarecer otros hallazgos de la auditoría, por ejemplo, que se les destinó 3 millones 936 mil 548 pesos a 44 trabajadores que realizaron funciones no destinadas a la educación básica y normal, y 3 millones 258 mil 139 pesos a 345 personas que ya habían sido dados de baja.
Aunado a lo anterior, se les pagó indebidamente 972 mil 161 a 51 trabajadores que contaban con licencia sin goce de sueldo, 951 mil 726 pesos a siete personas que se encontraban adscritas en Sinaloa y Baja California (entidades federativas incompatibles geográficamente), así como la cancelación de 28 cheques equivalentes a 159 mil 715 pesos, mismos que no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación.
Incluso dándoles el voto de confianza a las autoridades locales respecto a la regularización de los probables “aviadores”, aún quedan inconsistencias por aclarar. Se reconoce que se haya resuelto parcialmente el problema, pero ¿y las consecuencias de lo que esto implicó? ¿qué pasa con los responsables? ¿acaso no rendirán cuentas?
Lo que podemos concluir es que existe un evidente desorden administrativo dentro de la Secretaría de Educación Pública y Cultura que no sólo ocasiona daños a la hacienda pública, sino también al sistema educativo, a la gran cantidad de maestros que esperan por meses a que se les cubra su sueldo, pero sobre todo a los miles alumnos que se quedan sin clases.
Esta es una oportunidad inmejorable para las autoridades de ordenar el sistema educativo del estado, evitar que estas irregularidades persistan año tras año y de generar procesos de cambio que impulsen el derecho a aprender. No dejemos de aprovecharla.
El autor es investigador en Mexicanos Primero Sinaloa
@Mexicanos1oSin /
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