SinEmbargo.MX
-Con la colaboración de Érick Gutiérrez
Lo dijimos desde hace tres años. Las conferencias matutinas del Presidente dejaron de informar para convertirse en un mecanismo de concentración de la información en una sola voz, obstaculización de acceso a la misma desde los canales institucionales para ello, y de ataque a las expresiones críticas.
A lo largo de dos años, ARTICLE 19 presentó 84 solicitudes de información y 22 recursos de revisión relativos a 34 declaraciones realizadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador entre 2019 y 2022. Las declaraciones las agrupamos en ejes temáticos como corrupción, economía, Covid-19, organismos autónomos, programas sociales, seguridad y otros asuntos [1].
En cada caso citamos la declaración realizada por el Presidente López Obrador y solicitamos la información pública que la sustentara. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
Solamente dos de las 34 declaraciones (5.6 por ciento) fueron respaldadas con información pública.
Una de las declaraciones (2.9 por ciento) presentaba información verificable, pero se omitieron datos para situarla en su justo contexto.
En dos casos (5.9 por ciento) se empleó información de manera engañosa.
En 20 casos (58.8 por ciento) ni la OPR ni otras instituciones de la Administración Pública Federal presentaron datos que permitieran comprobar la veracidad o falsedad de los dichos del Presidente.
La información pública proporcionada por las propias instituciones demuestra que nueve de las declaraciones (26.5 por ciento) fueron falsas.
Quizás no sea información novedosa. Lo inédito es la metodología, consistente en confrontar las palabras del Jefe de Estado con la información en posesión del Estado.
Lo primero era preguntarle a la propia Oficina de la Presidencia de la República (OPR) sobre la base documental de cada una de las 34 declaraciones. De inició no la tuvieron en 79 por ciento de las solicitudes de información. Por esa razón nos remitieron a otras instancias. Eso ya no pintaba bien. ¿Por qué la Coordinación de Comunicación Social lanzaba al Presidente a la “guerra sin fusil”? Pues en esta segunda instancia, ante las dependencias competentes de los temas tratados, no tuvimos éxito en 64 por ciento de los casos. Es decir no tuvieron datos o éstos no eran suficientes.
Vale la pena citar unos ejemplos. En el marco de la presentación del segundo informe de Gobierno (2020), el Presidente señaló que “según cálculos oficiales, por no permitir la corrupción y por hacer un Gobierno austero, hemos podido ahorrar (...) alrededor de 560 mil millones de pesos”. Al solicitar los datos que sustentaran ese dicho, la OPR se declaró incompetente y, después de que recurrimos, tuvo que declarar formalmente la inexistencia de la información.
En un intercambio ríspido con un periodista de Al Jazeera, el Presidente afirmó: “Los [periodistas] que lamentablemente pierden la vida en su mayoría tiene que ver con conflictos regionales no vinculados con el poder, en todos los casos, son muy pocos los que son asesinados por órdenes de autoridades locales, son asuntos que tienen que ver con la delincuencia organizada en la mayoría de los casos”. Solicitamos la información que sustentara esa afirmación, señalando a cada uno de los 33 periodistas que habían sido asesinados desde 2018 hasta el momento en que emitió la declaración. Ninguna de las instituciones de seguridad y justicia localizó información.
Más grave aún era el cambio de postura de las instituciones cuando hacíamos referencia a la declaración expresa del Presidente y cuándo no. Ante la afirmación “ya no hay torturas, desapariciones y masacres”, encontramos que el propio informe de Gobierno indicaba que en 2020 ocurrieron por lo menos 36 desapariciones del fuero federal y 9.874 del fuero común. Aun así solicitamos
Información a la OPR que se declaró incompetente.
También requerimos información a la Sedena. Primero respondió que la Fiscalía General de Justicia Militar tiene registro de cinco casos de tortura y nueve de violación ocurridos durante 2020. En un segundo momento, requerimos información señalando la declaración textual del Presidente. La respuesta de Sedena fue distinta: no localizó la información.
La importancia de recibir información pública confiable y fidedigna es básica en cualquier democracia. Las declaraciones oficiales deben tener un grado bastante razonable de sustento, pues difundir información falsa transgrede el ejercicio del derecho a la información de la sociedad.
Los políticos mienten, sí. Pero eso no anula su responsabilidad jurídica, ética y política por hacerlo. Con mayor razón cuando el ejercicio de Gobierno radica esencialmente en la comunicación política.
En la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión y Noticias Falsas, Desinformación y Propaganda de la ONU y la CIDH, se establece que “los actores estatales no deberían efectuar, avalar, fomentar ni difundir de otro modo declaraciones que saben o deberían saber razonablemente que son falsas (desinformación) o que muestran un menosprecio manifiesto por la información verificable (propaganda)”.
A la luz de esta situación, no es casual la intención del Gobierno de pasmar al INAI. El ejercicio realizado en este informe fue posible gracias al Sistema de Transparencia. Dejar al organismo garante sin quorum parece una escalada en la estrategia de desinformación y ocultamiento de información pública. Ojalá nos equivoquemos.
[1] https://articulo19.org/desinformacion-oficial-y-comunicacion-social/
