En buena medida, la ruta del Estado mexicano en seguridad ciudadana y sus consecuencias verificables empíricamente quizá nunca será relatada en estricto sentido. En estos días estoy trabajando un proyecto en campo con operadores institucionales y sociedad civil que me ha vuelto a recordar la distancia entre las promesas y las realidades. El sufrimiento de tanta gente ante las violencias que no encuentran canales formales e informales de contención y transformación está por todas partes.
Sin embargo, la conversación pública está lejos, muy lejos de esa masificación de todas las formas de violencia imaginables. Claro, puede parecer una exageración, en especial si el discurso político y mediático hegemónicos las invisibilizan, evadiendo confrontar la realidad de la descomposición política, institucional y social trenzada en una suerte de hoyos negros por donde se desfonda la experiencia de las víctimas. Han sido días que configuran un escenario de relatos del daño y el dolor en verdad imposibles de procesar.
En mi registro, fue en la década de los noventa del siglo pasado cuando comenzaron a acumularse las evidencias de la multiplicación de las violencias y la delincuencia. Formando parte de un equipo de asesores en la entonces Procuraduría General de la República, participé en la elaboración de tarjetas de análisis que recogían parte de esta descomposición emergente y proyectaban tendencias de agravamiento, de no cambiar la ruta del Estado en su política de seguridad.
Encuentro un día sí y el otro también a personas que toman decisiones en instituciones responsables de la prevención y la policía que reconocen que no pueden hacer lo mínimo necesario en su desempeño. Es ahí, calle por calle donde aparece la verdadera fotografía de dónde estamos: masificación de violencias sin contención y de delincuencia cuya impunidad es ya parte de nuestra normalidad. En cuanto a las violencias organizadas, es generalmente aceptado que los grupos que las utilizan están por encima de las posibilidades de ser neutralizados.
Solo hay que salir a escuchar para confirmar esto. En los hogares, en los barrios, en las escuelas, en el transporte público, en los espacios laborales, mire uno a donde mire, si hay escucha, emerge el relato de las violencias. A la vez, las resistencias organizadas se logran menos desde procesos colaborativos entre las comunidades e instituciones públicas y mucho más desde la acción de la sociedad civil que se organiza por su cuenta y en esa ruta se especializa lidiando con el horror cotidiano. Ahí encontramos, por ejemplo, a infancias profesionalizándose en la búsqueda de personas desaparecidas.
Vienen nuevos gobiernos. La experiencia me enseña que incluso los liderazgos en instituciones públicas que intentan la reconstrucción enfrentan un fenómeno sistémico que coloca al Estado en tres actitudes: no quiere, no puede o no sabe, o todo junto, quedando reducido a un rol de gestión del desgarramiento.
Cada quien hace sus cortes históricos; el mío enseña que las víctimas se amontonan en el más absoluto desamparo, frecuentemente terminando incluso siendo perseguidas por poderes de facto que dominan en las bolsas territoriales de gobernanza criminal, o peor, criminalizadas por las fiscalías cuyo producto más importante es la impunidad.
Habrá quien aún cree que esto es exagerado. Lo entiendo. En el terreno de la psicología, una investigadora me explicó que para mucha gente desconocer las violencias es una opción de sobrevivencia porque así evita reconocerse en riesgo. Si a eso sumamos la inversión política para invisibilizar, entonces, claro, parece exagerado. Es el desgarramiento que hay quien sufre, hay quien quiere ver, hay quien no quiere ver y hay quien hace todo lo posible para que no se vea.
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@ErnestoLPV
Animal Politico / @Pajaropolitico
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