En la UAS el miedo cambió de sitio. Antes los profesores sentían angustia al manifestar la más mínima inconformidad. La represión reinaba desde Ciudad Universitaria hasta las oficinas de Rectoría. Fueron 18 años de impunidad. Hoy que la justicia persigue a los represores y a los corruptos, el temor está del otro lado.
El martes 16 de junio de 2024 será un día que marcará la historia de la universidad. Los sinaloenses por fin le hicieron frente al monólogo que impuso el cuenismo.
La marcha de los reformistas en la Ciudad de México expuso a nivel nacional la batalla que se libra para quitarle a la institución rosalina los grilletes del Partido Sinaloense.
Habrá quien pretenda endosarle al Gobierno del Estado la organización de esta manifestación que en realidad es mérito de un grupo de universitarios que por años se mantuvieron en pie de lucha hasta forzar que las autoridades actuaran como corresponde, aplicando la ley.
Es incauto pensar que los luchadores universitarios no aprovecharían la oportunidad de colaborar con las instancias gubernamentales o hacer uso de los espacios disponibles en los medios de comunicación para exponer la realidad.
No había otra manera, ya eran demasiados los intentos por promover cambios desde adentro. Pero los caminos estaban cerrados, los cuenistas bloquearon desde hace mucho las vías institucionales para competir por los puestos de toma decisiones.
En estas circunstancias, no hay que vacilar al expresar que los órganos de Gobierno del Estado están facultados para intervenir en la restitución de la legalidad.
Estamos frente al secuestro de una institución pública que es patrimonio de los sinaloenses.
Las autoridades tienen la obligación de vigilar que no se abuse del régimen de autonomía para robar y transgredir derechos laborales, como hasta ahora lo vienen haciendo los que dirigen a la UAS.
No es una persecución política. El sistema jurídico mexicano le otorga a la Fiscalía la facultad para investigar actos de corrupción.
Y por lo mismo hay jueces que pueden establecer medidas precautorias contra funcionarios universitarios, separarlos de sus cargos y establecer sanciones si las circunstancias así lo ameritan.
Tampoco es una violación a la autonomía. Los órganos fiscalizadores del Estado son competentes para realizar auditorías a las cuentas públicas de la universidad; alumnos y profesores, en calidad de ciudadanos, pueden presentar iniciativas de reforma a la institución sin pasar primero por el Consejo Universitario, y el Congreso del Estado puede reformar la ley orgánica siempre que se atienda la voluntad expresa de la comunidad universitaria.
Las negociaciones en Bucareli así lo ratificaron. Se acabó ese capítulo en el que las autoridades universitarias creyeron encontrar en el Gobierno Federal su tabla de salvación.
No consiguieron lo que buscaban. A Luisa María Alcalde no le pareció correcta la sugerencia de sobreseer las causas penales a cambio de permitir la reforma a la Ley Orgánica.
La modernización de la institución tendrá que avanzar y los procesos continuarán hasta que los jueces dicten sentencia o se llegue a un acuerdo reparatorio. Todo se resolverá aquí en Sinaloa.
Es este el contexto en el que los universitarios comenzarán a manifestarse ahora desde adentro de la UAS.
Al darse cuenta de que los abusos de autoridad no quedan impunes, cada día se incrementará el número de profesores dispuestos a alzar la voz y a tomar los espacios para exigir la apertura democrática.
Llegó el turno de los reformistas para encabezar los cambios que se avecinan.
