La crisis de los desaparecidos es un tema recurrente en los titulares, aunque rara vez se mantiene en el debate público el tiempo suficiente para generar cambios. Sin embargo, ya no es solo una crisis: la desaparición de personas se ha convertido en parte de la realidad del País. Mientras el Estado evade su responsabilidad, el crimen organizado utiliza la desaparición como una herramienta más para delinquir con total impunidad.
En este contexto, resulta fundamental analizar la respuesta del gobierno ante esta problemática. Para evidenciar la devastación institucional en el tema, Causa en Común presentó el informe “Nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre: apuntes sobre la omisión del Estado mexicano ante la tragedia de los desaparecidos”. Este documento expone no solo las cifras alarmantes de desapariciones, sino también la manipulación de datos, la falta de recursos y el abandono del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNB), reflejo de un problema que no ha sido atendido con la seriedad que amerita.
Para dimensionar la magnitud del problema, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), entre 1952 y el 31 de diciembre de 2024 se han registrado 344 mil 592 desapariciones, de las cuales el 65 por ciento corresponden a personas localizadas y el 35 por ciento siguen desaparecidas. Es decir, 130 mil 628 personas siguen sin ser encontradas, y el 89 por ciento de estos casos han ocurrido en los últimos 18 años.
Además, el problema no sólo persiste, sino que ha empeorado en los últimos años. El 2024 cerró como el año con más desapariciones en la historia, con un incremento del 30 por ciento respecto a 2023. Durante el sexenio de López Obrador se registraron 53 mil 261 desapariciones, un aumento del 64 por ciento respecto a Peña Nieto y del 215 por ciento respecto a Calderón. Esta tendencia se ha mantenido en los primeros 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum, periodo en el que ya se reportan 4 mil 120 desapariciones, un promedio de 41 diarias.
Sin embargo, el impacto de la problemática de desapariciones no sólo radica en el número de casos, sino también en la manera en que el gobierno ha manejado las cifras oficiales. Durante el gobierno de López Obrador se implementó un “censo de desaparecidos” a cargo de la Secretaría del Bienestar, sin metodología clara ni respaldo de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) o fiscalías. Como resultado, esta estrategia redujo drásticamente la cifra oficial, pasando de 110 mil 964 a 12 mil 377 desaparecidos. No obstante, el RNPDNO sigue operando y reporta más de 120 mil casos a la fecha, lo que ha generado la paradoja de que el Estado maneje dos cifras oficiales distintas para el mismo fenómeno.
Más allá de la manipulación de datos, otro factor que ha agravado la problemática es el colapso del SNB. Si bien esta estructura nunca logró consolidarse plenamente, hoy es prácticamente inexistente. Su debilitamiento se refleja en la precariedad de las fiscalías y unidades forenses, la falta de un marco legal adecuado y la ausencia de homologación de tipos penales en el país.
Un ejemplo claro de este deterioro es la falta de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley General en Materia de Desaparición (LGMD), que estipula que todas las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR) deben contar con fiscalías especializadas en desapariciones. No obstante, cinco estados siguen sin cumplir con esta obligación. A esto se suma el drástico recorte presupuestal: entre 2015 y 2024, los recursos destinados a la investigación de desapariciones han disminuido 40 por ciento, lo que limita gravemente la capacidad operativa de las autoridades.
El abandono institucional también se manifiesta en la disparidad en la asignación de recursos. Actualmente, el presupuesto de la FGR destinado a desapariciones es 47 por ciento menor que el asignado a delitos contra los derechos de autor. Esta falta de prioridad en el tema tiene consecuencias directas: de acuerdo con Impunidad Cero, el 99 por ciento de las denuncias por desaparición presentadas entre 2019 y 2022 permanecen impunes.
Junto con la negligencia en la investigación de desapariciones, la crisis forense es otro de los grandes problemas que enfrenta el país. Según el Inegi, en 2023 había 968 laboratorios forenses en México, pero sólo 60 contaban con capacidad de almacenamiento de cadáveres. Además, las fiscalías estatales operan con mil 557 médicos forenses, 515 genetistas y 100 antropólogos forenses, lo que genera una carga de trabajo insostenible y ralentiza la identificación de cuerpos. A este escenario se suma la insuficiencia de recursos económicos. Actualmente, el financiamiento para el desarrollo de infraestructura forense alcanza los 758 millones de pesos. Esta cifra es claramente insuficiente para atender la magnitud del problema, lo que impide que los procesos de identificación se realicen de manera efectiva.
Sin embargo, la problemática no sólo es financiera o administrativa, sino también legislativa. A nivel estatal, muchas entidades aún no han homologado sus leyes para integrar sus estructuras institucionales al SNB, lo que genera discrepancias en los procedimientos de búsqueda e identificación.
A nivel federal, el panorama es aún más preocupante. Desde 2018 sigue pendiente la emisión del reglamento de la LGMD, y aunque en 2023 comenzaron a operar el Banco Nacional de Datos Forenses y los Registros Nacionales de Personas Fallecidas No Identificadas y de Fosas Comunes y Clandestinas, lo hicieron cuatro años después de lo estipulado.
Siete años después de la creación del SNB, el balance es desolador. En lugar de fortalecerlo, se ha minimizado el problema, destruido su estructura y alcanzado cifras históricas de desapariciones. Su abandono es una violación flagrante de las responsabilidades constitucionales del Estado. En este vacío institucional, son las familias quienes han asumido la búsqueda de sus seres queridos, recorriendo zonas inseguras y desprotegidas, mientras el Estado, que debería garantizar justicia y verdad, ha optado por la indiferencia y la omisión.
El informe completo presentando por Causa en Común puede ser consultado a través de este enlace: https://www.causaencomun.org/desaparicionesenmexico
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El autor es René Gerez López (@gerezcong), investigador de @causaencomun.
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