Fue a mediados de este año que México alcanzó la escandalosa y dolorosa cifra de 100 mil personas desaparecidas en todo el país. La tarde del 16 de mayo pasado el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL) rompió la barrera de los 100 mil personas que son buscadas por sus familiares por todo el país, según datos recopilados por la Comisión Nacional de Búsqueda que se actualizan en tiempo real.
Como insisten todo el tiempo los familiares y los colectivos de búsqueda: cada número es una vida suspendida; una vida que deja padres, esposas, hijos, hermanos, amigos y compañeros de trabajo con los vínculos suspendidos; los sueños e ilusiones incumplidos. Duelos que no pueden cerrarse y por lo tanto dolores que se reproducen cotidianamente. La crisis por desapariciones es una gran herida abierta que hiere a la toda la sociedad en México.
Desde esa fecha, hasta hace una semana otras siete mil 560 personas más se han sumado a los 100 mil personas desaparecidas. Pero a la par del crecimiento de estas cifras a escala nacional, viene ocurriendo una maniobra para contener y esconder las cifras de desaparecidos por parte de algunos gobiernos estatales, entre los que desatacan los de Jalisco y Baja California.
En Jalisco, el Gobierno de Movimiento Ciudadano (MC) que encabeza Enrique Alfaro Ramírez, ha dado muestras de desplegar una política de contención de daños dado que Jalisco es el estado con más desaparecidos en todo el país. Quince de cada cien desaparecidos que se registran en México, ocurren en territorio de Jalisco. Además de dejar de tener reuniones periódicas con los colectivos de familiares, el Gobierno del estado ha dejado de reportar los casos que ocurren en Jalisco al registro nacional de personas desaparecidas. Más aún, ha rasurado las cifras. En marzo de este año la Fiscalía General de Justicia del estado había reportado más de 16 mil 300 personas desaparecidas, pero al final de ese mes redujo la cifra a poco más de 14 mil 900 alegando una operación de “carga masiva” de datos en la que supuestamente se encontraron inconsistencias y registros duplicados.
Desde marzo la cifra de desaparecidos que se informa al RNPDNL se ha estacionado en torno a 15 mil casos reportados como ausentes por sus familias. El día de ayer el registro nacional reportaba 15 mil 027 personas desaparecidas cuando cada semana se registran un promedio de 25 a 30 personas desaparecidas, de acuerdo a los reportes que emite la Comisión Estatal de Búsqueda, lo que revela una clara maniobra de desaparición de cifras de desaparecidos en Jalisco.
Pero Jalisco no es el único estado que oculta estas cifras. Ocurre también en el Gobierno de Baja California gobernado por Marina del Pilar Ávila Olmeda, del partido Morena.
Renata Demichelis Ávila de la organización civil Elementa DDHH me dijo en entrevista [https://bit.ly/3UztcxR] que de acuerdo a solicitudes de información vía transparencia, encontraron que en Baja California hay más de 14 mil carpetas de investigación por desaparición de personas, mientras que el registro nacional apenas se reportan mil 935 casos, de acuerdo al RNPDNL hasta el sábado 12 de noviembre.
En este caso, habría un ocultamiento o diferencia entre el número de carpetas de investigación y los casos reportados por más de 12 mil personas desaparecidas que no se reportan al registro nacional. En Baja California también hay una grave crisis forense pues se estima que hay 11 mil cuerpos sin identificar en los servicios forense del estado, según Renata Demichelis de Elementa DDHH.
Y lo mismo que ocurre en Jalisco, en Baja California no sólo se esconden o rasuran las cifras de personas desaparecidas, sino que también se simula en la política de búsqueda, como escribió Renata Demichelis en Animal Político: “Aunque la investigación y búsqueda de personas no es un tema de relevancia electoral, que genera votos o popularidad -si lo fueran, esas palabras y acciones se convertirían en una política estatal cobijada por un marco jurídico amplio y progresista, presupuesto y personal capacitado-, no podemos ignorar que se emplean tiempo, recursos y estrategias para simular acciones y esconder la crisis de desaparición en Baja California” [https://bit.ly/3tnWkfC].
Solamente entre los casos que se ocultan o no se reportan en Jalisco y Baja California habría casi 15 mil casos más de desaparecidos que los que se reconocen en el registro nacional. Pero todo indica que hay otras entidades donde también está operando este fenómeno de desaparecer a los desaparecidos o al menos ocultar o rasurar la cifra de casos ente el registro nacional.
En enero de 2020, José Rodríguez, vocero de los colectivos de familiares dijo: “Queremos encontrar a las personas desaparecidas y tener una estadística de lo que está viviendo Guanajuato y no que se sigan manipulando las cifras. Guanajuato es número uno en violencia con cifras manipuladas, imagínense como estaríamos”. En ese entonces se estimaba dos mil desaparecidos en Guanajuato. Hoy la cifra es de tres mil desaparecidos. Pero la cifra podría ser mayor, de acuerdo a los colectivos de búsqueda de esa estado. “Al corte del 30 de septiembre de 2022 en Guanajuato han desaparecido tres mil 520 personas, cifra que ha aumentado casi seis veces desde abril de 2018 en que se registran 621 casos, esto de acuerdo con la información proporcionada por el Colectivo Proyecto de Búsqueda, donde se precisa que los 10 municipios en los que se registra el mayor número de desapariciones son: Irapuato, Celaya, León, Salamanca, Pénjamo, Abasolo, Acámbaro, Salvatierra, Silao y Villagrán” (https://bit.ly/3WYe6nd).
Además de ser un delito y una falta de respeto a la dignidad de las familias que están buscando a sus ausentes, si se confirmaran estas operaciones de ocultamiento de datos, México estaría en una crisis de derechos humanos y por desaparición de personas mucho más grave de la que ya estamos. No serían solamente 107 mil desaparecidos, sino miles más.
