¿Alguien, en su sano juicio, podría catalogar de exageradas las reacciones de los padres de niños con cáncer, de pacientes renales, personas que viven con VIH que dejaron de recibir su tratamiento? Más bien sorprende lo pacientes que ha sido ante una, haiga sido por las razones que haiga sido, falla del Estado mexicano. No hay, hay que repetirlo hasta el cansancio, causa alguna, llámese combate a la corrupción, transformación, nuevo régimen, que justifique haber dejado sin medicamentos a personas en tratamiento. Hablamos sobre todo de los niños, pero los afectados han sido muchas mujeres y hombres que no merecen el trato de que han sido objeto por parte de las instituciones y las voces que representan al Gobierno mexicano. Nadie, mucho menos el responsable de la Salud del país, puede decir misión cumplida cuando los medicamentos llegan con casi dos años de retraso.
¿Qué pasaría si durante una semana parara el transporte público o dejara de llegar agua a las casas y la explicación fuera que se está combatiendo la corrupción? Ardería Troya, todos estaríamos en las calles protestando. ¿Por qué entonces resulta tan difícil de entender que los afectados cierren calles, tomen, el aeropuerto, salgan a protestar?
El uso político del abasto de medicamentos –por ambos bandos, el de los apoyadores y el de retractores del Presidente – es poco menos que mezquino. Exigir al Estado y particularmente a las instancias del Gobierno federal que tienen la obligación de hacerlo que aseguren el flujo de medicinas es un derecho que no debería siquiera cuestionarse. El simple hecho de insinuar que son manipulados por los laboratorios o parte de un plan de desestabilización del Gobierno es un insulto. Por el otro lado, montarse en el dolor de la personas para hacer propaganda contra el Presidente y su partido es una muestra, por decirlo bonito, de enanez moral. Ambas cosas son, sin embargo, inevitables desde la visión del poder y la lucha por el poder. Quien lo detenta verá en cada acción que lo cuestione una afrenta; quien lo reta, aprovechará cada desliz del Gobierno, cada inconformidad para minar y cuestionar. Hace apenas tres años los que hoy detentan el poder hacían exactamente eso desde la oposición.
Hay pues que salirnos del debate ideológico y la lucha por el poder y entender que en este caso hay víctimas, que esos ahorros que presume el Gobierno tienen costos ocultos, no solo administrativos y de gestión, sino principalmente sociales. Que son los padres de los niños que quedaron sin medicamento los que han pagado, con dinero o sufrimiento, en algunos casos con la vida de sus hijos, el costo de esta política.
No perdamos el foco: el centro de la discusión en torno al desabasto es el derecho de mexicanas y mexicanos de carne y hueso, a quienes las instituciones de este país les fallaron.
