El sexenio que termina no deja un buen saldo en derechos humanos. Los avances registrados en derechos sociales -la reforma laboral, el incremento al salario mínimo, la reducción de la pobreza (sin revertir por cierto en pobreza extrema), y el énfasis en la desigualdad- contrastan con los retrocesos en derechos civiles y políticos.
Y es que en este ámbito, no pueden pasarse por alto la persistencia de la impunidad en casos como Ayotzinapa, la continuidad de tasas altísimas de homicidios, el aumento de las desapariciones pese a los intentos de manipular las cifras, el crecimiento del rezago forense en la identificación de cuerpos, la nociva reforma judicial que no toca a las fiscalías y que ya está generando una crisis severa, la captura política de las instituciones ombudsperson, la amenaza de suprimir órganos de transparencia y medición de la pobreza y la creciente militarización sin controles civiles externos. Además, desde la tribuna presidencial se estigmatizó con injusticia y desproporción a los colectivos de víctimas, a las organizaciones civiles de defensa y al periodismo crítico que da seguimiento a estos temas, lo que experimentamos directamente tanto Animal Político como el Centro Prodh.
En estas condiciones, no exageran las voces que alertan sobre la deriva política dibujada por el conjunto de reformas constitucionales que están en el horizonte: las aprobadas, respecto del Poder Judicial y el poder militar, y las anunciadas, respecto de la eliminación de órganos autónomos, la prisión preventiva oficiosa y la modificación de las reglas electorales. De aprobarse todo este paquete, el llamado Plan C, el escenario es justificadamente alarmante.
Frente a este escenario, la administración que inicia enfrenta retos urgentes en derechos humanos. En el más reciente número de nuestra revista periódica Defondho, además de seguir conmemorando el 35 aniversario del Centro Prodh, proponemos algunas acciones y propuestas para construir y reconstruir la ruta de los derechos humanos. Entre otras cuestiones, destacamos:
1. Frente a la permanencia de la violencia, y las contribuciones de la academia y desarticular, mediante la acción de la justicia, las redes macrocriminales que han avanzado en el control territorial de amplias regiones.
2. Ante la continuidad de las desapariciones, reconocer la crisis y dejar la manipulación de cifras, volviendo a impulsar mecanismos extraordinarios para enfrentar el rezago forense y avanzar en la identificación humana.
3. Respecto de la profundización de la militarización, impulsar controles civiles externos extraordinarios para que el sector castrense tenga los contrapesos que hoy no tiene.
4. En cuanto a la permanencia de la impunidad, que no revertirá la nociva reforma judicial aprobada, transformar y depurar a las fiscalías y asumir las recomendaciones del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico sobre la llamada “Guerra Sucia”.
5. Frente al debilitamiento de los órganos constitucionales autónomos, evitar la reelección del actual liderazgo de la CNDH y no suprimir al INAI y al Coneval.
6. Sobre la insuficiente protección de personas periodistas y defensoras de derechos humanos, fortalecer el mecanismo de protección y dejar de lado la retórica agresiva contra el espacio cívico que caracterizó la comunicación presidencial estos años.
7. En cuanto a la política migratoria, priorizar las alternativas a la retención y privación de la libertad de las personas migrantes.
8. Ante el abandono en que se encuentra el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, rearticular a las instancias de atención victimal y asegurar su suficiencia presupuestaria, restituyendo el mínimo anual que disponía la Ley General de Víctimas.
9. Respecto de la violencia contra las mujeres, revisar los casos pendientes de tortura sexual, como el de Keren Selsy Ordoñez, quien sigue injustamente presa en Tlaxcala.
10. Sobre la protección de territorios indígenas y la crisis climática, garantizar los derechos al territorio y a la consulta antes de decidir cualquier megaproyecto de desarrollo, preservando la Casa Común con políticas energéticas verdes.
Para que estas cuestiones sean atendidas, será esencial que el nuevo gobierno defina su propio estilo y sus propias políticas. Esto sólo ocurrirá si a partir de este 1 de octubre se prioriza la toma de decisiones con base en evidencia; si se tienden puentes a los aportes de la academia y las organizaciones civiles -más aún, a la pluralidad de visiones que hay en el País-; si se reconoce la realidad incluso en sus aspectos dolorosos abandonando la retórica triunfalista -y poco empática hacia las víctimas- frente a la persistente violencia, y si se abandonan visiones excesivamente nacionalistas que cierran el camino a la asistencia técnica internacional y a la revisión de las mejores prácticas globales. Si en áreas clave como SeGob y FGR sólo se sigue inercialmente lo que ha prevalecido en los últimos años, no habrá razones para pensar que hay cambio.
Desde la defensa real y concreta de los derechos humanos, llamar a que esto ocurra y anhelar que así sea no es una posición que quepa dejar de lado, por oscuro que luzca el panorama. No podemos permitirnos el desaliento o desánimo, porque diariamente acompañamos las luchas de personas que en las más adversas condiciones no se dan por vencidas y porque detener el deterioro democrático también depende de lo que desde el espacio cívico hagamos o dejemos de hacer. Desde el Centro Prodh, deseando siempre que vengan años buenos para México, seguiremos impulsando estas luchas y esta agenda, ¡hasta que la dignidad se haga costumbre!
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