Con la reciente reforma constitucional (15 de septiembre de 2024) en virtud de la cual los juzgadores del Poder Judicial de la Federación serán nombrados mediante un método similar al de los legisladores (léanse los Transitorios); esto es, mediante el voto directo, libre y secreto, parecería que en México la “democracia indirecta” comienza a perder seriamente territorio.
Platicando con Semónides de Amorgo, surge la siguiente duda: ¿deberán la Constitución y las leyes que de ella emanan “evolucionar” para que el resto de los servidores públicos de los otros Poderes de la Unión sean -ahora sí- electos de manera directa por el ciudadano votante?
Si por analogía trasladamos el sólido argumento subyacente en la reforma constitucional al resto de la burocracia, ¿qué razones pudieran rechazar llevar a las urnas electorales al técnico de la escalera de la empresa pública de electricidad no lo elija el ciudadano; o al frustrado contador que (evitó caer en las redes de los colegas “factureros”) emite los CFDI’s a los consumidores por transitar en las autopistas (muchas de ellas destrozadas e inseguras); o al que nos da una cita (si es que el sistema funciona) para tramitar un pasaporte; o al que inscribe a los contribuyentes en el registro correspondiente (con la entrega de un incentivo monetario), etc.?
Los ciudadanos así representados tendrían la certeza de que son cualitativamente más mexicanos y que la soberanía se respeta amén a su participación directa en la elección de la baja y alta burocracias (sin usarlo siempre en sentido peyorativo) que opera dentro de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal.
La certeza de que “el pueblo” ha elegido de manera completa a sus flamantes servidores públicos, quitándole ese “privilegio” al titular del órgano administrativo que, no en pocas ocasiones, se siente dueño del organigrama, no sólo del escritorio, sino de todo lo que viene con el puesto: los de sus subordinados del partido y de todo el patrimonio del ente público.
El segundo piso de la llamada “cuarta transformación” bien pudiera iniciar los esfuerzos para democratizar, ahora que lo propio se va a hacer con el Poder Judicial Federal, la totalidad de los órganos, entes, entidades, fideicomisos, etc. que integran la APF. Ello implicaría elegir democráticamente a un número cercano al millón y medio de servidores públicos que, actualmente, son “nombrados de manera antidemocrática” (según la más reciente tendencia política) por los titulares de las dependencias y entidades.
Según el INEGI en el Censo Nacional de Gobierno Federal (2023) (https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/CNGF/CNGF2023.pdf) al cierre de 2022, una cantidad de un millón 574 mil 971 personas (servidoras públicas) estaban adscritas a las instituciones de la APF. De este personal, 28.2 por ciento de hombres y 39.6 por ciento de mujeres percibieron ingresos brutos mensuales desde 5 mil 001 pesos hasta 10 mil pesos (como una fábrica de pobres). Esos ingresos son lamentablemente bajos. En una oficina de Gobierno un director general (nivel KC3) gana cerca de los 200 mil pesos (más chofer, coche y otras prestaciones). Fifís y no fifís en una misma casa.
Esos servidores de la patria fueron objeto de 80 mil 756 denuncias derivadas del incumplimiento de sus obligaciones, lo que representa un aumento de 189.1 por ciento en comparación con los datos de 2021. Ahora habría que llevarlos a un tribunal especial y, por supuesto, subirles el sueldo para comenzar con la aniquilación de la pobreza en casa.
Son muchos mexicanos trabajando en funciones públicas que nadie los elige de la misma manera en que lo serán los juzgadores. El presupuesto que manejan y los contratos que celebran son de una magnitud relevante como para no ser tomados en cuenta. Importa el resultado de las competencias, pero hoy parece que más el método de nombramiento. La mayor bendición para los ciudadanos lo es un buen gobierno; la mayor maldición, uno malo. La democracia directa apuntala hacia alguna de esas direcciones.
En la referida encuesta se menciona que las instituciones de la APF realizaron 183 mil 941 contratos con proveedoras y/ o contratistas; operaron 121 programas o acciones de desarrollo social y solamente 43.8 por ciento contó con reglas y/ o lineamientos de operación. Asimismo, se ejerció un presupuesto de un billón 390 mil 745 millones 156 mil 512 pesos. Durante 2022, las instituciones ejercieron un presupuesto de 4 billones 481 mil 608 millones 536 mil 465 pesos.
El super poderoso INE podrá gestionar de manera adecuada la elección de los servidores públicos de la APF. Transitaremos a una soberanía popular omnipresente. Los secretarios de estado los elegirá el pueblo. El noble titular del Ejecutivo federal trasladará al votante, al elector, al pueblo, tal decisión sabia. Si la soberanía, como dicen que dice la Carta Magna, reside en el pueblo (y sí lo dice), pues apelaría a la congruencia constitucional.
Transitaremos así hacia la construcción de un mejor país, sea lo que sea que eso signifique.
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