Aún se discute entre analistas y medios de comunicación si la consulta para enjuiciar a los ex presidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña, resultó ser o no un fiasco. Sobre este suceso considerado como histórico en la democracia mexicana, se expresan opiniones en dos sentidos, unos afirman que la consulta popular resultó ser un rotundo fracaso y otros, entre ellos el presidente del INE, Lorenzo Córdova, que fue todo un éxito.
No obstante, los números de la consulta expresan no sólo el resultado de la participación ciudadana, sino también el efecto de toda una trama política que fue configurada como consecuencia de una secuela premeditada. La historia de este acto considerado ejemplo de la democracia participativa, tiene sus orígenes en las causas que motivaron los resultados de la elección de 2018 y el triunfo del actual gobierno de la república; derivado de un voto mayoritario que exigió justicia ante los agravios de gobiernos anteriores, terminar la corrupción oficial y poner fin a la impunidad y complicidad de la clase política con la delincuencia en todas sus manifestaciones.
Así se concentra en el reclamo popular para que sean enjuiciados los cinco ex presidentes. Un efectivo señuelo que formó parte del discurso y las promesas de campaña. Sin embargo, a la llegada del nuevo gobierno, el pendiente de enjuiciar a los ex mandatarios iría tomando un camino distinto con nuevos argumentos jurídicos, financieros, técnicos, políticos y morales que terminan por encauzar a nuevas rutas la realización de la consulta y sus resultados.
La primera señal la establece el Presidente López Obrador al fijar su postura de no mirar al pasado ni pensar en venganzas para no perder tiempo, una decisión que lo posicionó como hombre de Estado, de noble temperamento, grandeza de espíritu y comportamiento generoso desde el poder. Sin embargo, los 30 millones de votos que lo llevaron a gobernar, de alguna manera motivados por el resentimiento, hartazgo y deseo de cambio, esperaban una mejor respuesta, de ahí el ofrecimiento para que el pueblo decida en una consulta si se juzga o no a los ex presidentes.
Empieza la historia. El Presidente propone que la consulta se realice en la elección del 6 de junio, pero la mayoría del Congreso de la Unión decide cambiar la Ley de Consulta Popular para que cada primer domingo de agosto se realice cualquier consulta. Esta modificación establece que deberá obtenerse el 40 por ciento del padrón electoral para que el resultado pueda ser vinculante a un proceso penal, lo que significa que deberían votar más de 37 millones de electores. Ante este requisito y considerando que López Obrador obtuvo 30.5 millones de votos en 2018, este porcentaje modificó el propósito de consultar si se enjuicia o no a los ex presidentes, por el de asegurar que el resultado no llegara a ser vinculante.
Por otra parte la Suprema Corte de Justicia modifica la pregunta para no mencionar a los involucrados y aunque todos sabían a quiénes se refería la pregunta, en esta ocasión el brazo de la justicia si funcionó, siendo expresa y expedita en la defensa de los derechos de los acusados.
De igual manera la Cámara de Diputados rechaza el incremento del presupuesto para que, según el INE, se aumentara el número de casillas y se promoviera una mayor participación el día de la Consulta. De cualquier forma, para Lorenzo Córdova, la consulta fue considerada un éxito, pues en lo que a ellos corresponde, todo se llevó a cabo en tiempo y forma. Es decir, la realización de la consulta fue un éxito, lo que resultó ser un fracaso fue la participación ciudadana.
En cambio para López Obrador, la poca participación no fue un asunto de presupuesto, sino de voluntad y coordinación entre el INE, los gobiernos estatales, municipales y la propia sociedad.
Por su parte, la gran mayoría de los medios de comunicación y analistas políticos opositores al gobierno de Morena, no cesaron de condenar, descalificar y desestimar la consulta, promoviendo la no participación y considerándola como una verdadera farsa política.
Por otro lado, en las estructuras de Morena, su militancia y simpatizantes, no se vio el entusiasmo, ni la movilización que se requería para por lo menos haber evitado el intrascendente porcentaje de participación, en una consulta considerada de gran importancia en la construcción de una democracia participativa.
Ante este escenario, valdría la pena preguntarse si realmente hubo el interés de que esta consulta cumpliera su propósito de otorgar a la ciudadanía la decisión de ser el ejemplo como referente para evitar la corrupción y la impunidad en el poder.
Sin embargo, lo sucedido en la consulta parece haber sido más un galimatías cuidadosamente elaborado para encaminar el resultado que finalmente se obtuvo. Una narrativa de los hechos escrupulosamente detallada para conseguir hábilmente las bondades del perdón y las ventajas de la impunidad en un mismo resultado.
Y aunque es verdad lo que afirma el Presidente López Obrador, de que la consulta ciudadana se convertirá en hábito y cultura de nuestra democracia participativa, tal vez lo sea en el futuro, porque en esta ocasión se vivió un ejercicio de democracia donde quedó pendiente la participación.
Hasta aquí mi opinión, los espero en este espacio el próximo viernes.
