@AnteNotario
Tomando en cuenta el recorte de 3.6 por ciento, el Poder Judicial de la Federación recibió en el Presupuesto de Egresos de la Federación $78 mil 327 millones de pesos. La función jurisdiccional es relevante. Constituye un pilar fundamental del Estado de Derecho. La resolución oportuna y adecuada de los conflictos sociales facilita la vida en sociedad, disminuye los costos sociales y la confianza en las instituciones aumenta. Una judicatura talentosa y técnica es una herramienta que los mexicanos tenemos que buscar, conservar y reclamar.
Sin embargo, lejos de las obviedades anteriores, cuesta trabajo asimilar que gran parte de esos miles de millones de pesos del bolsillo de los mexicanos que contribuyen a generar riqueza, están destinados a financiar juicios en los que el ciudadano se defiende, pero paradójicamente, de sus propias autoridades.
O sea, tenemos un sistema, con toda la infraestructura (material y humana), pagada por los mismos sujetos eventualmente dañados, destinada a financiar un sistema de abusos a derechos humanos que se cometen cotidianamente por parte de autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en los tres ámbitos nacionales (federación, estados y municipios) al menos en su concepción tradicional (la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas).
El guardián constitucional convertido en verdugo. El ciudadano, “supuestamente” tutelado, financia la actividad del guardián que le daña y con sus impuestos producto de su esfuerzo cotidiano el Estado gasta en el sistema que lo debe proteger. El pueblo paga el garrote con el que el Estado abusa y tiene que adquirir otro para defenderse, pero sale defectuoso. Miles de millones de pesos anuales. El acceso a la justicia debe ser garantizado por el Estado. Un ciclo que se abre y se cierra infinitamente.
No cualquiera accede a ese sistema -elitista- de tutela. Las trabas “procesales” son tantas que el juicio para hacer valer los derechos humanos es excepcional. Hay que agotar recursos y solamente cuando no los haya o el sistema permita no agotarlos, se abre la puerta del amparo. Llegado a este, los tribunales y juzgados han desarrollado un pasatiempo exquisito para no estudiar el fondo. El mandato constitucional de privilegiar hacer justicia es una ficción jurídica en muchos casos. Las trabas legales y jurisprudenciales para lograr la admisión de los juicios están a la orden de la creatividad.
Revisando al azar la estadística judicial de un expediente observo que un amparo indirecto contra una ley lleva más de un año entre que se presentó la demanda (con todo lo que eso implica en términos de rompimiento de barreras de entrada: costos, conocimiento, etc.) y que el juzgado plantea un asunto competencial ante el tribunal colegiado. Tras diez meses de burocracia jurisdiccional, finalmente se le regresa al juzgado su expediente. Si el quejoso sobrevive, pues puede estar impugnando una norma que limita el acceso a la salud por no proveer determinado medicamento, será un nuevo reto sortear las “curiosidades formalistas” de los juzgados.
Defenderse debería ser más sencillo y el Estado debería dejar de ser el principal violador de derechos humanos.
Ante Notario.
