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Una de las muchas formas para juzgar el éxito o fracaso de un gobernante nos la da la más simple aritmética: qué tantos apoyos suma y qué tantos resta durante su gestión. La suma de votos es lo que importa para obtener la Presidencia. Una vez en el cargo, lo que importa es la suma de apoyos. Sin ellos, la tarea de gobierno se vuelve cada vez más difícil.
Cierto, la suma de votos fue la mejor desde la de Miguel de la Madrid. López Obrador llegó al poder no sólo con muchos votos (53 por ciento) sino también con el apoyo de muchos sectores de la población, organizada o no. Por encuestas de salida sabemos, por ejemplo, que 49 por ciento de las mujeres, 65 por ciento de las personas con grado de licenciatura o más, 63 por ciento de los jóvenes, y 64 por ciento por ciento de las personas con más ingresos le dieron su voto (Parametría). Según el promedio de encuestas publicado por Oraculus la popularidad del presidente sigue siendo muy alta aunque registra una pérdida importante de 22 puntos: de 79 a 57 por ciento entre enero de 2019 y septiembre de 2020. La popularidad hace sentir bien a cualquier gobernante pero a la hora del desempeño cuenta poco. A veces hasta hace daño.
Popularidad aparte, lo realmente preocupante es la pérdida de apoyo de amplios sectores de la población. Hay estudios que muestran que su voto incluyó a “regiones y grupos sociales que anteriormente le habían dado la espalda” (Buendía&Laredo). Es posible que de nuevo le estén dando la espalda.
Al primer grupo que perdió -aún antes de tomar posesión- fue al de las víctimas de la violencia y las organizaciones para su defensa. Fue tal fue la insensibilidad percibida por este amplísimo grupo que de una veintena de foros programados para “ilustrar el panorama de la victimización” y elaborar “entre todos el plan que garantice la paz y la tranquilidad en el País”, tuvieron que cancelarse los de cinco estados. El Presidente planteó sus propias propuestas y, salvo la Ley de Amnistía que no interesaba a las víctimas, ninguna fue cumplida: retirar gradualmente a los militares de las calles, depurar a los cuerpos policíacos, debatir la legalización de la marihuana y la amapola y la organización de comisiones de la verdad. El descontento es mayúsculo. Tal y como lo manifiestan las cartas de Sicilia y la postura de los Le Barón.
Vinieron después las víctimas del desabasto de medicamentos y otros insumos médicos que -antes del Covid 19- afectaron principalmente a madres y niños. Desabasto provocado por incompetencia. A ellos se unió el desencanto del personal de Salud también antes de la pandemia y las renuncias de reconocidos médicos como el doctor Alejandro Mohar, titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales Regionales de Alta Especialidad, o del director del Hospital Infantil acusado en una mañanera de que “son los propios directores de hospitales los que están causando este descontrol por los contratos que tienen con empresas como Grupo Pisa”.
Además de cuatro renuncias de primer nivel por no poder desempeñar su trabajo con seriedad (SHCP, IMSS, SCT, IDEP y Semarnat) y de consejeros de órganos reguladores (CRE y CNH) los funcionarios públicos también han dado muestras de inconformidad, no sólo por el recorte salarial, sino también por no contar con instrumentos elementales para trabajar. Y qué decir de los policías a los que se forzó adherirse a la Guardia Nacional y a los que se quería escatimar sus finiquitos. Siguieron amplios grupos de la comunidad artística, científica y cultural que no han recibido más que recortes, denostaciones públicas y el nulo reconocimiento de su contribución a la sociedad. El caso de los Centros Públicos de Investigación, es paradigmático.
Las mujeres es otro de los sectores que con más fuerza han manifestado su rechazo al trato recibido por el Gobierno y por la insensibilidad frente a sus demandas.
Los empresarios -de todos los tamaños-, que de inicio mostraron la institucionalidad debida y su disposición a colaborar con el Gobierno a sabiendas de que una economía exitosa no tiene destino sin la unión de la clase política y empresarial, también han sido maltratados, provocando no sólo una menor inversión por la falta de certeza jurídica sino también una preocupación válida por el rumbo del Gobierno. El caso más reciente es el de los agricultores en Chihuahua.
Para terminar, en el ámbito político, un tercio de los gobernadores simplemente ha pintado su raya ante el todavía más acendrado centralismo.
Frente a estas restas, hay una suma: la de las fuerzas armadas que poco a poco han ganado terreno en actividades antes reservadas a las instituciones civiles.
