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Además de los impuestos y derechos que se les cobra a los trabajadores, el gobierno vive también de los impuestos y derechos que les cobra a las empresas formales establecidas en el país que, según estudio de Oxfam México “¿Quién paga la cuenta?” publicado en Reforma el 24 de enero, este impuesto asciende a 3.56 por ciento del PIB, más el concepto de seguridad social a cargo del patrón por alrededor del 1.7 por ciento del PIB, o sea que las empresas pagan alrededor del 5.3 por ciento del PIB, sin incluir los impuestos estatales como el gravamen al turismo y otros impuestos locales.
Las empresas pagan impuestos por los ingresos y utilidades que obtienen de sus operaciones de ventas, exportación de autos y camiones, autopartes, servicios, productos agropecuarios, del turismo, etc. El impuesto sobre la renta, a cargo tanto de las personas físicas como de las personas morales es uno de los principales conceptos de ingreso para el gobierno, razón por la cual es inexplicable que no se busque impulsar la creación de empleos y la creación de empresas otorgando facilidades fiscales y simplificando trámites. México ha complicado últimamente la tramitología para la apertura y operación de nuevas empresas incluyendo las provenientes de inversión extranjera, que no sólo son fuente de recursos, de empleos e impuestos, sino que traen nuevas tecnologías y nuevos mercados.
Se requiere amplitud de miras y prioridades claras para aprovechar el llamado “nearshoring” con Estados Unidos, concepto este que se ve con envidia por otros países. La apertura del país para el turismo extranjero, para lo nuevo en comunicación, energías verdes, digitalización, etc., son oportunidades que no podemos ni debemos dejar pasar. Es claro que se debe cuidar que las inversiones nacionales y extranjeras se sujeten a nuestro estado de derecho, que se proteja a los trabajadores y a los consumidores y que se respete el medio ambiente, pero todo se puede lograr como se ha hecho en muchos otros países, máxime que se tiene ya el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, así como diversos tratados con otros países, que estimulan las exportaciones y las importaciones de todo tipo de productos.
Hoy como nunca se requieren mexicanos con una mejor educación, con mejor preparación tecnológica; se requieren planes de educación más abiertos al mundo y más conscientes de la realidad nacional. Se ha perdido mucho tiempo por lo que urge iniciar un proceso de recuperación, coordinando los esfuerzos del gobierno, el sector empresarial, el sector académico y el sector social.
Otro concepto importante de ingresos para el gobierno, es el del impuesto al consumo que asciende al 6.61 por ciento del PIB y que se ha visto favorecido por los programas sociales del gobierno, por las remesas y por un mejor salario mínimo que empuja los salarios de los siguientes niveles.
El Presidente ha declarado que los programas sociales ascienden a 600 mil millones de pesos, pero las remesas que en 2022 fueron casi 60 mil millones de dólares, es decir, prácticamente un billón 200 mil millones de pesos, duplican los tan mencionados programas sociales.
Existe otro factor de ingresos para los mexicanos, si bien no recomendable, pero que existe, es el del narcotráfico, que también es una industria de exportación pero “negra” y que proporciona recursos a una parte de la población, con todas las secuelas de drogadicción, asesinatos, corrupción de policías y funcionarios públicos, desaparecidos, extorsiones y violencia en general, con lo cual es más el daño actual y futuro que está ocasionando que los recursos que genera, aunque sean en dólares y que debiera combatirse con toda la fuerza de la ley y no precisamente con abrazos, y cuando fuese necesario defenderse con las armas. México y los mexicanos merecen más respeto y protección del gobierno, que debe “cumplir y hacer cumplir la constitución y de las leyes que de ella emanen”.
El desorden social que causa la delincuencia organizada con su “negocio”, mismo que sólo se puede sostener con la violencia y con la corrupción de las autoridades, debe combatirse hoy con los elementos que la propia ley reconoce, es decir con el Ejército, la Guardia Nacional, los policías locales y el Poder Judicial y con un mejor México con más y mejor educación, con más oportunidades para los mexicanos y con un gobierno más responsable que gaste los impuestos y derechos que se le pagan en procurar la paz y el desarrollo de los mexicanos.
