El lunes primero de abril se cumplió un año desde que el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) quedó incompleto, producto de la decisión deliberada del Senado de la República de no cumplir con sus obligaciones constitucionales de designar las tres vacantes que se dieron por la conclusión de dos responsabilidades el 31 de marzo de 2022 (sí, de 2022) y posteriormente una tercera el 31 de marzo de 2023. La razón: el debilitamiento institucional de los controles y contrapesos democráticos.
Mucho ha transcurrido desde entonces confirmando la hipótesis anterior. La situación ha sido tan dramática que ni los mejores guiones de su serie favorita hubieran tenido tanto material con los ires, venires y simulaciones por parte de la cámara alta de nuestro Congreso. Ha habido de todo: (1) desde designaciones objetadas hasta amparos ciudadanos; sentencias judiciales -incluida la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la controversia constitucional interpuesta por el propio órgano garante- e innumerables llamados de sociedad civil y de organismos internacionales; una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que -por cierto- el gobierno mexicano se comprometió a designar y pues nada. Ya hay hasta una iniciativa presidencial que propone desaparecer al órgano garante; la situación es realmente preocupante.
De risa loca, si no fuera porque en medio de todas estas acciones el derecho a saber que tenemos como sociedad es el que ha pagado los platos rotos. Una batalla ciudadana de veinte años por abrir lo que hacen los gobiernos eclipsada por la inacción de las autoridades. Basta recordar que por casi cinco meses el pleno del INAI no pudo siquiera sesionar, dejando en el limbo más de ocho mil recursos de revisión ante negativas de información. Eso significa que más de ocho mil personas fueron violentadas en sus derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Fue hasta que la Corte le puso freno y estableció un plazo fatal al Senado para designar: el 15 de diciembre del año pasado.
El desenlace es poco esperanzador: la omisión reiterada del Senado de no designar y todas las señales que parecen indicar que no lo hará a pesar de que hace poco se “reactivó” el tema con la aprobación -por mayoría- de dos acuerdos. Sí, el pasado 12 de marzo, el pleno emitió dos nuevas convocatorias para reiniciar dos de los tres procesos de designación que están pendientes en el INAI.
¿Esto debería alegrarnos? ¿Las nuevas convocatorias son una señal del compromiso por parte de las y los legisladores por cumplir con sus obligaciones? ¿Significa que designarán después de dos y un año, respectivamente? Dados los antecedentes y la conducta recurrente de incumplimiento por parte de la mayoría en el Senado, es complicado echar las campanas al vuelo, más si se analizan las fechas establecidas en ambas convocatorias.
Está contemplado el registro de las personas interesadas a ser comisionada o comisionado del INAI en plena Semana Santa y sin ninguna sesión ordinaria de por medio, del 25 al 29 de marzo. Después las comisiones unidas de Justicia y Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana deben aprobar -a más tardar el 11 de abril- la metodología de evaluación de los perfiles inscritos. Cabe recordar que en el proceso de 2023, a diferencia del de 2022 y anteriores, ni siquiera se tomaron la molestia de realizar entrevistas a las y los aspirantes. Por último, las mismas comisiones deben aprobar -a más tardar el 18 de abril- el dictamen que deberá ser sometido al pleno del Senado en las dos sesiones calendarizadas que restan en ese momento, todo antes de la clausura del periodo ordinario el próximo 30 de abril.
Pareciera que de nueva cuenta el Senado intenta hacer como que cumple, pero sin verdaderamente acatar la sentencia del máximo tribunal del país. Con ello reafirmarnos su desdén por los derechos humanos de todas, todos y todes. No hay que olvidar que tienen más de 150 vacantes pendientes. Es decir, siguen cobrando y se van de vacaciones sin cumplir con sus obligaciones constitucionales. ¡Basta de simulaciones!
#SinCuotasNiCuates
#LoQueDejamosDeSaber
* La autora Marcia Itzel Checa Gutiérrez es la coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas (@designaciones), proyecto impulsado por Article 19 México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que tiene el objetivo de promover estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los procesos de designación de altas responsabilidades públicas y generar una deliberación pública sobre la idoneidad de los perfiles como una vía para contribuir al fortalecimiento de las instituciones.
1 Una línea del tiempo sobre lo transcurrido en estas designaciones puede revisarse aquí.
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