Hay impunidad en quienes ofrecen a la venta datos sobre nosotros.
Abres tus redes sociales y al navegar encuentras publicidad de diferentes productos o servicios, la gran mayoría relacionados con tus gustos y necesidades; constantemente recibes mensajes de texto con promociones o préstamos fáciles, así como llamadas en las que te ofrecen tarjetas bancarias de instituciones con las que no tienes contacto.
A veces, nuestras búsquedas recientes o algunas páginas que seguimos sin verificar que estén respaldadas por un certificado seguro son fuente para el tráfico de datos personales.
Como usuarios de redes sociales, personales o profesionales, es normal que se aprueben las condiciones expuestas para pertenecer a la comunidad, entre ellas la aceptación de las políticas de privacidad -presentadas invariablemente en la tradicional “letra chiquita”- de las que pocos conocemos en su contenido.
Rellenamos formularios en los que solicitan información que no daríamos a ningún extraño que nos detuviera en la calle o que llegara a nuestro domicilio a solicitarla. Confiamos en la seguridad de la ciber-reputación y entregamos nombre, apellidos, fecha de nacimiento, e-mail, teléfono y hasta dirección.
La Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del INEGI, del 2019, revela que 90 por ciento de quienes tienen red social dio a conocer su nombre y algún apellido, 67 por ciento su correo electrónico personal, 45 por ciento su estado civil y 43 por ciento su teléfono personal.
Este 28 de enero se conmemora el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, instaurado en 2006 por el Consejo de Europa y la Comisión Europea, para enfatizar el derecho a salvaguardar información de carácter personal y generar conciencia del adecuado uso.
Las interacciones en el espacio virtual aumentaron aceleradamente durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19, sin que las medidas de prevención y ciberseguridad se movieran al mismo ritmo.
Así como las empresas crearon sistemas de captación de información o recurren a los llamados data brokers, los delincuentes también han transitado hacia ese esquema y buscan la forma de hacerse de bases de datos personales que pueden servir para la comisión de otros delitos, entre ellos, extorsión, fraude o robo de identidad e incluso poner en riesgo a personas vulnerables, como mujeres víctimas de violencia.
En el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México ofrecemos, por la Línea de Seguridad o Chat de Confianza 55 5533 5533, asesoría jurídica ante el mal uso de tu información personal.
