Es de no creerse que el Presidente López Obrador haya insistido tantas veces en que la oposición está fraguando un fraude electoral y siga lamiéndose las heridas del 2006 y de todas las elecciones que no han ganado él o sus candidatos. Igualmente incomprensible es que haya mencionado en más de un centenar de ocasiones la palabra golpe de Estado técnico o blando o, sin más, golpe de Estado.
No checa. Lo hace en un contexto en el que la mayoría de las encuestas dan el triunfo a su candidata por una amplísima mayoría.
Como es su costumbre no ofrece más que su palabra. No ha podido, aún cuando maneja prácticamente todo el aparato del Estado y el acceso a información privilegiada de lo que hace la oposición, proporcionar una sola prueba de desvío de recursos públicos, del uso de dinero ilícito, de acarreos, de compra de voto, de influyentismo ante las autoridades electorales, de utilización inadecuada del padrón, de torcer la ley o de propaganda ilegal. Ni siquiera de parcialidad de los medios de comunicación.
En el otro bando sucede lo contrario. No hay suficientes denuncias, pero sí evidencia de sobra de que el próximo 2 de junio tendremos las elecciones más disparejas de la corta historia democrática del país. Una verdadera elección de Estado al mejor estilo de cuando teníamos en México un partido casi-único. Unos dados cargados.
Lo han documentado los académicos, los analistas políticos, los consultores electorales y los propios partidos.
La cancha dispareja volvió a instaurarse en nuestro país prácticamente desde que inició el sexenio de López Obrador. Nunca dejó de ser candidato y promotor del voto de Morena. A principios de su mandato ya perfilaba el fraude a través de los programas sociales. No más iniciado el sexenio y echado a andar el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro (enero de 2019), entregó personalmente en la mañanera las primeras tarjetas a los beneficiarios. Lo mismo hizo con otros programas. Desde ahí comenzó la estrategia de hacer creer a la población que la ayuda provenía de él y de nadie más, aunque la Constitución lo prohíba en el artículo 134. La estrategia fue tan eficaz que todas las encuestas que miden el impacto de los programas sociales en la preferencia electoral señalan que la ventaja de Claudia sobre Xóchitl se amplía de manera sensible entre los beneficiarios de los programas. Por ejemplo, en la última encuesta de El Financiero la ventaja de Claudia entre los votantes en general es de 51 por ciento, con una diferencia de 17 puntos sobre Xóchitl, pero entre los beneficiarios es de 64 por ciento con 28 puntos de ventaja. Así o más claro.
El Presidente de la República violó la ley electoral desde que adelantó en 2022 lo que él mismo bautizó como corcholatas para, un año después (junio de 2023), comenzar la pantomima de selección de candidatos y poder engañar con que el “dedazo” había terminado. Ni sus correligionarios lo creyeron. Gritaron ¡fraude!
Es difícil saber a dónde va el dinero que proviene de la corrupción, pero los miles de millones de pesos denunciados como desvíos llegaron a alguna parte. ¿Por qué no a las elecciones? Lo mismo ocurre con la opacidad. No saber a quién se asignaron las obras públicas emblemáticas ni cuánto costaron también llama a la sospecha.
Podría seguir, pero no hay espacio. Sólo menciono la propaganda electoral abierta y descarada en favor de su candidata y la campaña sucia en contra de la oposición. Y no digo sucia en un sentido ligero. Digo sucia porque se ha querido valer de información a la que no tenía derecho y la ha divulgado para dañar a sus adversarios.
la intervención del Presidente para evitar que la oposición compita en una cancha medianamente pareja ha sido amplia, ilegal e impúdica.
Al mismo tiempo y con su tradicional incongruencia el día de ayer dijo que, “es que ya son otras condiciones, ya es otro México, ya no hay fraude, es que a nosotros nos robaban las elecciones, sí, no solo es confianza en la autoridad electoral, es confianza en el pueblo, está muy politizado, muy concientizado, muy despierto”.
No señor Presidente. El fraude persiste y básicamente con los mismos instrumentos que usted tanto tiempo criticó y combatió, pero recargados. La diferencia es que, como en el caso de la corrupción, cambió de manos.
De todas formas, y así como en el 2000 la oposición se alzó con el triunfo, el próximo domingo podría haber una sorpresa.
Insisto la moneda está en el aire. Lorena Becerra habló de 46 por ciento de personas que están decididas a votar pero que aún pueden cambiar el sentido de su voto. Buendía y Laredo reportaron apenas ayer que hay 38 por ciento de los encuestados que “están todavía dudosos de por quién votar”. La lista nominal alcanza casi los 99 millones de votantes. El 46 por ciento de los votantes equivale a 45.5 millones de votos y el 38 por ciento a 37.6 millones de votos. AMLO ganó con 30.1 millones.
¿Se puede escoger entre un proyecto democrático y uno autoritario? Sí. Salvo que también se recurra al fraude el día de la jornada electoral. La esperanza también puede cambiar de manos.
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