La violencia en México, y particularmente en el estado de Sinaloa, ha alcanzado niveles alarmantes debido a múltiples factores que ya conocemos. A pesar de los esfuerzos de las autoridades para reducir la inseguridad, la violencia persiste, lo que plantea la necesidad de replantear las estrategias actuales y considerar un enfoque más integral.
En este contexto, la participación ciudadana se presenta como un factor clave en el desarrollo de políticas públicas y programas que puedan conducir a la paz y la seguridad en la región.
Sinaloa ha sido uno de los estados más afectados por la violencia en México, particularmente debido a su rol en el narcotráfico y la delincuencia organizada. Las estadísticas de homicidios, desapariciones y otros delitos violentos han convertido a la región en un punto crítico en el mapa de la violencia en el País. Sin embargo, más allá de las cifras, es importante considerar el impacto social y psicológico de esta violencia en la vida cotidiana de los sinaloenses. La desconfianza hacia las instituciones, el miedo a represalias y la percepción de inseguridad han erosionado el tejido social y dificultado la implementación de programas de prevención y rehabilitación.
Uno de los principales desafíos en el combate a la violencia ha sido la desconexión entre las políticas públicas y la realidad que enfrenta la ciudadanía. Muchas de las estrategias implementadas han sido “top-down”, es decir, diseñadas e impuestas desde las altas esferas, sin considerar la participación directa de la población afectada. Sin embargo, la paz no se puede imponer desde arriba; requiere de la construcción de acuerdos y de la colaboración activa entre ciudadanos, organizaciones civiles, la academia, y el Gobierno.
La ciudadanía activa implica que los individuos no sólo sean receptores pasivos de las políticas, sino participantes activos en su diseño, ejecución y evaluación. Esto se puede lograr mediante la creación de espacios donde las voces de los ciudadanos sean escuchadas y donde se fomente un diálogo continuo entre las comunidades y los responsables de las políticas. La participación en consejos ciudadanos, asambleas vecinales y otros mecanismos de consulta pública es esencial para garantizar que las políticas de seguridad y paz reflejen las necesidades y experiencias reales de la población.
Para que la paz sea alcanzable en Sinaloa, es crucial que las políticas públicas no sólo se enfoquen en la represión del delito, sino también en la prevención a través de la inclusión social, la educación y el desarrollo económico. Estos programas deben construirse desde la base, con la implicación de la ciudadanía en todas las etapas del proceso. Existen varios ejemplos de cómo la participación ciudadana ha sido efectiva en otras regiones del mundo, como los “Modelos de Justicia Restaurativa” implementados en comunidades de Colombia y Sudáfrica, donde la ciudadanía juega un rol activo en la resolución de conflictos y la rehabilitación de los delincuentes. Estos modelos, al priorizar la reparación del daño sobre el castigo, han contribuido a una reducción significativa de la violencia.
El Gobierno tiene la responsabilidad de facilitar y fomentar la participación ciudadana, garantizando que las políticas públicas sean inclusivas y transparentes. En el contexto de Sinaloa, esto requiere un esfuerzo concertado por parte de las autoridades locales para generar confianza entre la población, promoviendo la rendición de cuentas y combatiendo la impunidad. Las organizaciones de la sociedad civil también juegan un rol fundamental como intermediarias entre la ciudadanía y el Gobierno, ayudando a organizar a las comunidades y abogando por políticas que respondan a las necesidades locales.
Además de la participación ciudadana, es fundamental involucrar a los investigadores(as) y a la ciencia en el diseño e implementación de políticas públicas y programas orientados hacia la paz. La investigación científica puede proporcionar un análisis profundo de las causas estructurales de la violencia, identificar patrones de comportamiento en la criminalidad, y evaluar la efectividad de diferentes intervenciones. Los expertos en ciencias sociales, criminología, sociología, psicología, y estudios de paz, entre otras disciplinas, pueden ofrecer enfoques basados en evidencia para la prevención de la violencia, ayudando a desarrollar estrategias más integrales y efectivas. Asimismo, la colaboración entre investigadores y comunidades permite una mejor comprensión de las realidades locales y facilita la creación de políticas más ajustadas a las necesidades específicas de cada contexto. La ciencia también puede apoyar el monitoreo y la evaluación de los programas, asegurando que las acciones implementadas generen los resultados deseados y que puedan ser ajustadas en función de datos y análisis rigurosos.
Lograr la paz en Sinaloa no es una tarea fácil ni expedita, pero es posible si se involucra a la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones y se fomenta una cultura de participación activa. Las políticas públicas deben ir más allá de las respuestas tradicionales basadas en la fuerza y la represión, integrando enfoques preventivos y restaurativos que promuevan la cohesión social y el desarrollo económico. Sólo a través de una colaboración estrecha entre el Gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos se podrá construir un futuro en el que la violencia deje de ser una constante en la vida de los sinaloenses.
Si te es posible, hoy a las 10:00 a.m. se llevará a cabo la Marcha y Encuentro Ciudadano “Culichis por la Paz”. Este ejercicio busca recuperar las calles de Culiacán, que han quedado vacías por el temor, y ofrecer un espacio de catarsis durante la marcha a través de consignas que expresan el deseo de paz. El recorrido comenzará en el Bulevar Enrique Sánchez Alonso, a la altura de Plaza Cuatro Ríos, y concluirá en el Parque Las Riberas, donde se realizará un encuentro ciudadano con la participación de organizaciones civiles, empresarios locales y artistas, quienes trabajan a diario en la reconstrucción del tejido social de la ciudad.
