En los últimos días han surgido evidencias de que miembros del Ejército Mexicano espiaron e intervinieron ilegalmente teléfonos de periodistas y activistas de derechos humanos. Raymundo Ramos, uno de ellos, dirige el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, y como tal cuestionó la desaparición de jóvenes que habían sido detenidos por militares.
Confrontado con este hecho, el viernes pasado el Presidente Andrés Manuel López Obrador prefirió minimizar tales señalamientos. Entre otras cosas afirmó que no se trataba de espionaje sino de tareas de inteligencia (un eufemismo que en este caso designa a lo mismo); optó por no reconocer que el Ejército ha utilizado el programa Pegasus cuando hay evidencia contable de la adquisición de este software y existen filtraciones de archivos militares que dan cuenta de reportes que describen tal espionaje. Preocupante porque se trataría de actos de vigilancia ilegal a personas que no son criminales ni constituyen un peligro para la seguridad nacional.
A diferencia de muchos de los críticos, yo no descarto el uso de las fuerzas armadas como posibilidad de responder al enorme poder que han adquirido cárteles y bandas criminales. Es un camino peligroso, pero a estas alturas parecería que la capacidad de fuego y control territorial de los sicarios ha desbordado la posibilidad de los organismos policiacos con los que contamos. Hay millones de mexicanos sujetos a una violencia insoportable desencadenada por los cárteles y sería irresponsable no hacer nada al respecto, con el pretexto de que algún día tendremos la Policía que se necesita.
Pero justamente, al recurrir a esa solución extrema que supone utilizar fuerzas armadas que están acostumbradas a atacar y contener, no a hacer investigación policiaca, es que tendríamos que redoblar esfuerzos para limitar los riesgos que supone el hecho de poner a los soldados a encarar a la población civil. Querámoslo o no, hay que asumir que la delincuencia no es un ejército que pueda enfrentarse en el campo de batalla, sino que se encuentra subsumida entre la población. Y en efecto, coincidiría con el Presidente, es mejor que haya trabajo de inteligencia (infiltración y espionaje) que el uso de violencia arbitraria.
El tema es cómo asegurarnos de que las atribuciones para hacer espionaje sobre los ciudadanos no se conviertan en un instrumento ilegal y autoritario. Hay procedimientos legales a los que tendrían que estar sujetos los militares de cara a estas nuevas tareas. Una organización con 300 mil elementos no puede ser perfecta. Hay y seguirá habiendo incidentes de corrupción, violaciones a la ley y actos de autoritarismo. Podemos dar por descontada la tentación que experimentarán algunos oficiales para ponerse a monitorear a periodistas y activistas de derechos humanos que critican sus excesos. Todo indica que ya está sucediendo. Las fuerzas armadas suelen ser opacas, reacias a ventilar fallas o procedimientos, y siempre prestas a argumentar razones de “seguridad nacional” para justificar su hermetismo frente a la opinión pública. Eso es aquí y en China, algo consustancial a las instituciones militares.
No es para escandalizarse, pero sí para estar conscientes. Si el gobierno de la 4T ha decidido convertir a las fuerzas armadas en un protagonista clave de la administración pública, e incorporarles como actores centrales en el combate al crimen organizado en interacción directa con la población, está obligado a hacerse cargo de esos riesgos. Negar que existan, cuando se presentan, justamente acrecienta las preocupaciones sobre los daños que derivan de la intervención del ejército en tareas civiles.
Reconocer que hay miembros del Ejército que cometen errores no significa descalificar a las fuerzas armadas en su conjunto. Por el contrario. López Obrador ha pedido que tengamos confianza en ellos; por lo mismo, él tendría que ser el más comprometido en señalar y extirpar cualquier exceso de su parte.
En lugar de ello, la respuesta del Presidente ha buscado negar o minimizar estos hechos, simplemente para no hacerle “el caldo gordo a sus enemigos”. Pero al responder así, corre el riesgo de terminar legitimando comportamientos violatorios de parte de miembros de las fuerzas armadas, en contra del derecho de los ciudadanos a expresar su opinión o defender causas en las que creen. La mejor manera de no hacer el caldo gordo a los adversarios es desarmar de raíz estas críticas adelantándose a extirpar las malas acciones de los oficiales, reconocerlas, combatirlas y establecer procedimientos para evitarlas.
El Presidente ha asumido la enorme carga de responder a las críticas en contra de su gobierno, la mayor parte producto de la mala leche y casi siempre enarboladas por sus adversarios con el propósito de dañar su imagen. En esta labor López Obrador ha sido sumamente eficaz para clarificar confusiones, exhibir exageraciones, transparentar calumnias. Pero, una vez metido en la tarea, toda crítica termina siendo rechazada, denegada o juzgada como una invención de los conservadores. El problema es que hay ocasiones, como esta, en que el cuestionamiento documentado de excesos del Ejército tendría que llevar a una respuesta responsable, tratándose de un gobierno que se postula como republicano, democrático y a favor de los desprotegidos.
Tiene razón el Presidente cuando habla de la institucionalidad de las fuerzas armadas y su compromiso histórico con el pueblo mexicano; también en el hecho de que la población aprecia su labor y es una de las entidades públicas con mayor reconocimiento y legitimidad entre los mexicanos. Pero hay que asegurar que siga siendo así. Habrá oficiales que utilizarán incorrectamente el enorme protagonismo que están adquiriendo, las atribuciones y recursos que eso lleva aparejado, y se sentirán amparados por la naturaleza hermética de las instituciones castrenses. Es tarea del Ejecutivo velar por ambos: el buen comportamiento de las fuerzas armadas en estas nuevas tareas y la seguridad y respeto a la población. Minimizar, negar o solapar los excesos, cuando se presentan, como parece ser el caso, es contrario a lo que se necesita. Solo espero que la respuesta negacionista del Presidente sea de cara a la tribuna y que en corto tome medidas para evitar que estas violaciones se sigan cometiendo.
