"¿Cuentas públicas o ajuste de cuentas? Viejo choque entre ASE y Fiscalización"
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Ayer el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional subió el nivel del enojo por la percepción de que “son un cochinero” las revisiones de las cuentas del Gobernador, alcaldes y entes públicos, que realiza la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, y pidió la destitución de Marco Antonio Zazueta, presidente de ese órgano legislativo. El conflicto consiste en que dicha instancia veta en automático todo, hasta los informes de la Auditoría Superior del Estado que aprueban el manejo de recursos presupuestados.
Se trata de una añeja discrepancia que por vieja debe revisarse en la Cámara local y buscarle las tuercas que lo ajusten a los nuevos tiempos. Al anular toda la estructura técnica y los procesos revisores de la Auditoría Superior del Estado, echando abajo los informes de ésta, la Comisión de Fiscalización actúa como el moderno e inclemente Tomás de Torquemada que envía a la hoguera a cuanto ente público puede. Y vienen las reformas para amputarle más atribuciones a la ASE.
De antemano se da por hecho que las revisiones de los informes sobre las cuentas públicas que presenta la ASE a la Comisión de Fiscalización, integrada por los morenistas Marco Antonio Zazueta, Marco César Almaral, Flora Isela Miranda, Cecilia Covarrubias y Beatriz Adriana Zárate, así como por la priista Ana Cecilia Romero y el panista Jorge Iván Villalobos, hallarán siempre topes más grandes que los que instala en Culiacán el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro. Y de aquí deriva la interrogante de para qué diablos sirve la Auditoría Mayor.
Es algo similar al ocioso dilema de si fue primero el huevo o la gallina. La ASE, el órgano autónomo que legalmente es facultado para auditar la cosa pública, ¿debe ser subyugada por la Comisión de Fiscalización que es mayoriteada por un partido, tocándole hoy el turno a Morena? ¿Se le debe robustecer o debilitarla al grado de volverla de ornato?
En 2019 el total de los informes financieros correspondientes a 2017 fueron rechazados por la Comisión que controla Morena y en los arqueos de lo gastado en 2018 que se realizan actualmente reprobaron en dicha primera instancia 17 de los 18 Ayuntamientos y la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa, Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sinaloa.
Tampoco pasaron el Instituto Sinaloense de Cultura, Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, Servicios de Salud de Sinaloa, Universidad Autónoma de Occidente, Universidad Autónoma de Sinaloa, ni las juntas municipales de agua potable de Culiacán, Ahome, Guasave, Mazatlán, Navolato y Rosario.
Al votar sistemáticamente la mayoría de Morena en el mismo sentido que dictamina la Comisión de Fiscalización, Sergio Jacobo Gutiérrez, coordinador de la bancada priista, envió la solicitud a la Junta de Coordinación Política, que preside la Diputada morenista Graciela Domínguez, para que se destituya a Marco Antonio Zazueta por las irregularidades en que ha incurrido en el proceso de dictaminación de los informes de las cuentas públicas de los años 2017 y 2018.
“Bajo la presidencia el Diputado Marco Antonio Zazueta la Comisión de Fiscalización violenta reiteradamente la ley, asume facultades que no le competen, cambia la determinación técnica de la ASE, modifica los dictámenes y los presenta como acuerdos y no decretos”, señala Sergio Jacobo, el mismo que un día antes declaró que ese procedimiento “se ha convertido en un verdadero cochinero, por las violaciones flagrantes a la legalidad”.
Ayer les tocó turno a los dictámenes elaborados por la Comisión sobre los informes rendidos por la ASE en el caso del Ejecutivo estatal, las secretarías de Administración y Finanzas, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Desarrollo Sustentable, Obras Públicas, Seguridad Pública, Turismo, Poder Judicial. En la maratónica sesión era de esperarse que la barrera morenista se sostuviera infranqueable y continuara en la táctica de no dejar títere con cabeza.
Ese círculo vicioso causado por la permanente discrepancia entre la Auditoría Superior del Estado y la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado resulta perjudicial para la buena rendición de cuentas en Sinaloa. Fue insuficiente el paso al frente dado en 2013 con la creación de la ASE porque ahora se requiere ir más allá, tan lejos como los requerimientos de transparencia lo demanden, dotando de credibilidad, garras y dientes al ente inspector mayor para que sus resolutivos sean tan sólidos que el Legislativo los fortalezca y los sujetos obligados los obedezcan.
Por cierto ayer la Comisión de Fiscalización dictaminó a favor de reformas a la Ley de la Auditoría Superior del Estado que no van más allá de ser otro parche que en nada ayuda a ponerle fin al ciclo pernicioso de imbuirle sospechosismo a todo, incluso a la misma ASE. Lo que dice Marco Antonio Zazueta es que se le quita la facultad de hacer determinaciones técnicas y solo podrá presentar resultados sin decidir qué cuenta pasa y cuál no, a la vez que establece que el proceso de fiscalización concluya el 31 de octubre y no el 31 de julio como se ordena actualmente.
Reverso
Al corrupto le satisface,
Este logro a su favor,
De mutilarle a la ASE,
El brazo fiscalizador.
Ediles en el limbo
Resulta que al entrar en vigor en Sinaloa la Ley de Residuos, que prohíbe entregar, distribuir o vender bolsas de plástico, ninguno de los 18 ayuntamientos había adecuado sus reglamentos en la materia y eso les impide aplicar las sanciones que deriven. Duerman, duerman, alcaldes y regidores, hasta que el pueblo los despierte con un golpe de hartazgo. Eso sí, son puntuales cada quincena al ir a recoger sus cheques.
