"Cuentas públicas, cuentos de final feliz. Sin castigos, las irregularidades halladas"
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Aparte de extemporáneas porque cargan con retrasos de dos años, las revisiones que realiza el Congreso del Estado a las cuentas públicas de los municipios nunca aterrizan en sanciones jurídicas contra los alcaldes que incurren en desórdenes o delitos y así, una tras otra, las impunidades alientan la costumbre de robar al cabo que la cleptocracia recibirá si acaso una leve exhibida de parte de los órganos de fiscalización, más no la cárcel o la inhabilitación para desempeñar cargos de gobierno.
La rendición de cuentas y la transparencia continúan siendo una gran tomada de pelo en Sinaloa. Tantas leyes e instancias gubernamentales y ciudadanas y aun así tardan en imponer el principio de legalidad y terminan por ser trofeos de caza colgados en las salas de los corruptos. Sustrae hoy, lo que puedas; mañana te exhibirán pero no podrán darte el escarmiento que mereces, es la posdata de los enormes archivos muertos en que se convierten los expedientes de auditorías.
En lo que respecta a las cuentas públicas de los ex alcaldes correspondientes a 2018, sólo una, la de Rosario, pasó de panzazo al empatarse la votación en la Comisión de Fiscalización, pero las de los 17 ayuntamientos restantes fueron rechazadas al presentar las mismas irregularidades de siempre, o mejor dicho las eternas negligencias que los gobiernos municipales dejan pasar al estar convencidos del aura de impunidad que los guarece.
El cíclico cuento de malos manejos del erario es trillado, fastidioso y mentiroso. En julio de 2019 el Congreso rompió récord al no aprobar los informes contables-administrativo de los 18 municipios, todos los entes públicos y el Gobierno del Estado, que son de 2017. Un año después, ninguno de los señalados por indebido manejo presupuestal ha sido tocado ya sea por la inofensiva amonestación pública o por la ejemplar acción legal.
Nadie supo si fueron solventadas todas las observaciones, en qué acabó el señalamiento de centenas de millones de pesos utilizados bajo el manto de opacidad, qué actuaciones judiciales resultaron, cuáles funcionarios regresaron el dinero sustraído y dónde quedó la función verificadora de la Auditoría Superior del Estado y la Comisión de Fiscalización. Del escándalo de “¡allá va el ladrón! ¡agarren al ladrón!” se pasó abruptamente a la placidez del “todos han robado ¿por qué castigar a estos?”.
Y va de nuevo. De acuerdo con los reportes de la Comisión de Fiscalización de la 63 Legislatura en 2018 los entonces alcaldes prosiguieron con el saqueo tan campantes como quienes roban mangos en los huertos nomás por que se les antojó. Se pagaron sobresueldos, se otorgaron liquidaciones, gastaron sin comprobar, hicieron obras sin licitar, enviaron informes de auditoría incompletos y hasta préstamos con recursos públicos se asignaron.
En Culiacán, al ex Alcalde Antonio Castañeda Verduzco se le detectaron irregularidades por 72 millones de pesos, pasivo sin fuente de pago por 521 millones de pesos, sobresueldos que el ex Presidente Municipal, los ex regidores y el ex Síndico Procurador se pagaron por 5.6 millones de pesos, así como el abultamiento en honorarios asimilables a salarios y pagos de prima de antigüedad en cantidad mayor a la debida.
Por su parte, el cierre de Fernando Pucheta en la Alcaldía de Mazatlán registra pliegos de observaciones en el ejercicio de alrededor de 66 millones de pesos, pasivos sin fuentes de pago por 26 millones de pesos, asignación sin licitación de más del 75 por ciento de las obras, gastos diversos sin los correspondientes comprobantes fiscales digitales y un compendio de “descuidos” que ni un niño de kínder haría en la administración del ahorro escolar.
Alcaldes en jauja con finanzas públicas castigadísimas, lujos oficiales mientras los ciudadanos se ajustaban más el cinturón, salarios y prestaciones desorbitados frente a sueldos de miseria generalizados y expoliaciones mientras hablaban de honestidad le dan forma al inventario de la desvergüenza y el cinismo, fiel reflejo de la ausencia de legalidad.
De todo este desbarajuste resulta la evidente abulia en cuanto a clarificar en qué y cómo se gastó el dinero que se le aporta a los gobiernos para que lo administren, no para que lo hurten. Al percibir que hiberna el aparato fiscalizador, desde el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción hasta la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía Anticorrupción, los saqueadores siguen haciendo de las suyas y los cómplices encubriendo a los suyos.
De esta manera nunca cambiará el sainete legislativo en el que actualmente la bancada del Movimiento Regeneración Nacional impugna todas las cuentas públicas, y el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional acusa el uso de criterios políticos donde sólo debería haber criterios técnicos. Y aquí comienza la única certidumbre que deriva de la fiscalización muy ruidosa pero poco eficiente: nadie acabará pagando por el dinero despojado a los sinaloenses.
Reverso
Que liquide aquel que deba,
A todos se les aplica eso,
Pero a Alcaldes el Congreso,
Les da borrón y cuenta nueva.
Las covidcloacas
Por cierto, los alcaldes le tienen más miedo a la transparencia que el coronavirus mismo. El cuarto reporte del Monitor Covid Sinaloa, implementado por organizaciones y ciudadanos, da a conocer que, aunque a medias, solamente tres de los 18 municipios transparentan donaciones vinculadas a la actual emergencia sanitaria. Sí lo hacen Ahome, Guasave y Rosario y los demás se van metiendo solitos al laberinto de las sospechas en el cual ya están bastantes que hacen negocios lucrando con las víctimas de la pandemia.
