2024 será un año marcado por el proceso electoral más grande que haya visto este país, tanto por el número de cargos a elegir, como por la cantidad de personas en el listado nominal que podrán ejercer su voto en territorio nacional y en el extranjero. Su complejidad, el contexto político y social del país, así como el actuar de las autoridades exige una observación y monitoreo minucioso por parte de la sociedad civil, a partir de una metodología especializada y con una perspectiva integral.
Quienes desde el inicio del proceso electoral suscribimos el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral (ANIE) presentamos en días pasados el primer informe en el que analizamos el contexto político y electoral, las actividades de partidos políticos y de las propias autoridades electorales.
En este texto hacemos un recuento somero de los riesgos advertidos en el informe de la ANIE el cual se elaboró a partir de un diagnóstico de lo acontecido durante los primeros meses del proceso electoral.
Partiendo de los intentos de reformas constitucionales y legales en materia electoral que, si bien no prosperaron, sí generaron incertidumbre legal e institucional, sumado al adelantamiento de los tiempos de precampaña por parte de los partidos políticos para definir sus postulaciones presidenciales, existe un daño a la elección consistente esencialmente en la vulneración a la equidad de la contienda y a cuestionamientos por el papel de la autoridad electoral, y, por ende, a su debilitamiento institucional.
Se destacó que el Senado ha sido incapaz de generar los consensos necesarios para garantizar la adecuada integración de la Sala Superior del TEPJF, que a la fecha cuenta con dos magistraturas vacantes; sumado a las Salas Regionales y prácticamente todos los tribunales electorales locales del país que tienen por lo menos una vacante. A la par, el Instituto Nacional Electoral, a raíz del cambio en la presidencia del Consejo General no ha podido integrar a su Junta General Ejecutiva con funcionariado titular, funcionando con encargadurías de despacho.
Todo esto en su conjunto ha permeado en las autoridades electorales, tanto la administrativa como la jurisdiccional, lo cual no es deseable, especialmente en el marco de un ataque persistente de descalificaciones por parte del Ejecutivo federal, y con reducciones presupuestales considerables por parte del Legislativo, lo que ha conllevado una pérdida de capacidad de las funciones de arbitraje político que, a estas alturas, genera la duda fundada sobre la capacidad operativa para el cumplimiento cabal de sus tareas.
Los dos riesgos señalados anteriormente, como consecuencia, han propiciado una actitud por parte de los partidos políticos caracterizada por el desdén a las reglas establecidas en el proceso electoral. Actos públicos anticipados, simulación evidente sobre la designación de candidaturas y opacidad en los recursos utilizados llevaron a las debilitadas autoridades a imponer sanciones que no correspondían a la gravedad de las faltas, concluyendo con que, de seguir por ese camino, no existan garantías para unas elecciones justas, libres y transparentes.
Finalmente, se destacó que el espectro político electoral no ha sido ajeno al clima de violencia que impera en el país. La vulnerabilidad que se respira en algunas regiones del país puede influir sobremanera en los comicios, tanto para la persona que participe con una candidatura a lo largo de las campañas, como para las y los votantes durante la jornada electoral. Las candidaturas ven en riesgo su integridad física, el electorado pierde libertad en su elección, y ambos escenarios dejan en incertidumbre el ejercicio democrático pleno.
En este primer ejercicio, el informe del ANIE no solo representa el esfuerzo ciudadano, conjuntado en una red de monitoreo, que identifica y señala esas faltas a la integridad electoral, algunas superficiales -y por tanto más visibles- y otras más profundas. Este esfuerzo trasciende al síntoma, para convertirse en un observatorio constante que emite recomendaciones, concientizando al electorado y evaluando desde parámetros precisos el desempeño de partidos políticos y autoridades, con miras a fortalecer el sistema democrático propiciando la participación desde un involucramiento activo.
