Cuatro claves para entender las afectaciones de la corrupción con perspectiva de género

El pasado 8M, miles de mujeres salimos a las calles para manifestarnos en contra de las distintas violencias que aún vivimos, como la falta de justicia o de acceso a servicios de salud. Escuchamos distintas demandas hacia la sociedad y hacia el gobierno, pero todos estos reclamos están cruzados por un problema común: la corrupción, que en un sistema patriarcal profundiza las brechas de desigualdad entre hombre y mujeres.

Para Fundar, la corrupción no se limita al actuar ilegal de un sujeto para obtener un beneficio púbico, se trata de un fenómeno amplio y complejo que permite la apropiación y distorsión tanto de recursos públicos, de decisiones y políticas públicas, así como de instituciones y de marcos normativos que favorecen a determinados grupos políticos, económicos y sociales, que ya se encuentran en una situación de privilegio y que, como consecuencia, tiene un fuerte impacto en la protección y garantía de los derechos humanos de los grupos en mayor situación de vulnerabilidad (1), como es el caso de las mujeres en todas su diversidades.

Debido a que la corrupción se reproduce de manera estructural y sistémica -es decir que atraviesa todos los sistemas de gobierno, se encuentra profundamente arraigada en el ámbito público y privado y funciona en redes-, genera impactos diferenciados y graves afectaciones hacia niñas y mujeres de la siguiente manera:

La distorsión o apropiación de los recursos y políticas públicas beneficia a grupos en mayores ventajas económicas y sociales, lo que a su vez agrava las condiciones de quienes menos tienen. Históricamente, las mujeres tienen mayor precariedad económica -según Coneval, en el ámbito laboral las mujeres perciben 25 pesos menos por hora que los hombres- (2). En este sentido, la implementación de políticas o asignación del presupuesto no considera las diferencias entre hombres y mujeres perpetuando el privilegio hacia estos grupos de poder; la desigualdad entre hombres y mujeres disminuye el alcance de las decisiones públicas dirigidas a mejorar la vida de las mujeres. Por ejemplo, que no lleguen suficientes recursos para la compra de medicamentos para garantizar la salud sexual y reproductiva de mujeres indígenas en comunidades alejadas.

La corrupción, al ser un fenómeno profundamente interiorizado en las instituciones y la sociedad, genera condiciones en donde las mujeres son más susceptibles a la extorsión, el acoso y su involucramiento en la comisión de conductas ilegales a cambio de la garantía de sus derechos o acceso a servicios básicos. De acuerdo con la ONU, las mujeres son más propensas a pagar favores sexuales por servicios de salud, educación o acceso a la justicia (3).

Al prevalecer en el colectivo social mitos generalizados sobre la corrupción, como que ésta depende de una persona o individuo que actúa “mal”, de forma poco “ética” y de manera aislada para su propio beneficio, se promueven políticas altamente punitivas, que no son disuasivas y que no toman en cuenta la prevención ni la no repetición. Por ejemplo, en 2019 se reformó la Constitución para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, entre ellos, dos sobre corrupción. Sin embargo, estas medidas no atienden el fenómeno en su amplitud, pero sí profundizan la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas privadas de su libertad. Según el INEGI, al menos el 50 por ciento de mujeres privadas de su libertad lleva años en espera de una sentencia, en comparación con el 39 por ciento ‘de hombres en prisión sin sentencia (4), además de tratarse de personas en situación de pobreza.

Otro mito alrededor de la corrupción también generaliza la idea de que las mujeres son incorruptibles debido a su rol de “cuidadora y administradora”, mito que sólo reproduce estereotipos de género y refuerza la discriminación hacia las mujeres.

La lucha feminista también implica un abordaje de la corrupción, y de las estrategias para mitigarla deben considerar las voces de las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad, de quienes se ven afectadas en sus derechos debido a la corrupción, con un enfoque interseccional y desde una perspectiva de derechos humanos y de género. Si no, solo se promoverán estrategias anticorrupción limitadas, altamente punitivas, con sesgos de género, sin participación ciudadana y sin considerar los contextos sociales y culturales, que no atenderán el problema de fondo, pero si reforzarán las desigualdades, la exclusión y las violencias de género.

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La autora es Sarahí Salvatierra, coordinadora del programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.

1. Fundar, “Principios para combatir la corrupción desde una perspectiva de derechos humanos”. Disponible aquí: https://fundar.org.mx/publicaciones/derechos-humanos-corrupcion/

2. SinEmbargo, La realidad de mexicanas en datos del Coneval: pobreza, menor salario, precariedad... www.sinembargo.mx/07-03-2024/4473637

3. ONU-PNUD. “Mujeres ante la corrupción”. Disponible aquí: www.undp.org/es/mexico/publicaciones/mujeres-ante-la-corrupcion-reflexiones-para-mitigar-sus-efectos

4. Ver aquí: www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/CNSIPEE-F/CNSIPEE-F2023.pdf