Lograr un Estado de derecho es una tarea complicada y de la cual México no puede presumir importantes avances; todos los gobiernos de este país han, de alguna manera, emprendido algún tipo de embate contra nuestro marco legal. Sin embargo, nunca como hoy un gobierno había emprendido un ataque sistemático contra la Constitución y contra nuestras leyes. La simple cotidianidad y velocidad de estos ataques, de este desprecio, dan cuenta de un esfuerzo muy deliberado por destruir nuestro sistema político, de quitarnos libertades y derechos que, con todas las dificultades y deficiencias, hoy sí tenemos y que mucho trabajo costó.
Esta situación llevó a Causa en Común y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) a realizar un seguimiento puntual a algunas de las violaciones cometidas por el Gobierno Federal a las leyes que apuntalan la economía, los derechos humanos y la democracia. A finales de 2022 se publicó un artículo evidenciando las principales ilegalidades cometidas durante el sexenio junto con la base de datos en donde se enuncian cada una de estas violaciones al marco legal. En el texto se da cuenta de, al menos, 182 acciones u omisiones del Gobierno Federal consideradas ilegales y divididas en violaciones a: i) derechos humanos, al menos 73; ii) nuestra democracia, al menos 70, y iii) las reglas del sistema económico con al menos 39. Estos tres rubros bajo los cuales se categorizan las ilegalidades que abarcan temas como salud, seguridad, migración, medioambiente, educación, uso de recursos públicos, entre otros.
En lo que va del presente año hemos continuado registrando ejemplos claros de cómo el gobierno continúa, deliberadamente, cometiendo una serie de irregularidades que afectan de manera irremediable a miles de mexicanas y mexicanos. Al corte del mes de agosto se registraron 90 ilegalidades: 30 contra los derechos humanos, 43 contra la democracia y 17 contra las reglas del sistema económico.
En materia de migración, a pesar de que el Gobierno prometió que México recibiría a los migrantes con los brazos abiertos, las acciones de nuestras autoridades revelan lo contrario. El Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Migración ha denunciado tratos ilegales en los aeropuertos en donde sin justificación se detiene a los migrantes por más de 12 horas en salas de revisión en condiciones insalubres, incomunicados e impedidos para adquirir alimentos. Por otro lado, ha revelado que las estaciones migratorias se encuentran en malas condiciones de higiene, que no cuentan con la presencia de médicos y psicólogos y el personal incumple con los estándares mínimos para la preparación de alimentos. En las fronteras, son miles los mexicanos que salen y entran a Estados Unidos y se quejan de ser víctimas de extorsiones por parte de los elementos de la Guardia Nacional (GN) - “De plano con los de la Guardia Nacional no se puede, están peores que los (elementos) fiscales que estaban”-. Asimismo, en Ciudad Juárez, meses después del crimen de Estado donde perdieron la vida 39 migrantes, elementos de la Guardia Nacional (GN) hicieron un uso desproporcional de la fuerza al disparar al aire para replegar un campamento de migrantes que se encontraba debajo de un puente.
Otro tema que ha dado de qué hablar respecto a ilegalidades, irregularidades y opacidad son las Fuerzas Armadas. Durante este año no solo se ha exacerbado el rol de los militares como la nueva policía del país, además se ha continuado favoreciendo al ejército con el otorgamiento de contratos millonarios, la adjudicación de obras públicas y la transferencia de facultades y atribuciones que correspondían a autoridades civiles. Por ejemplo, la entrega de la operación del Tren Maya, la operación de aerolíneas comerciales, la operación y vigilancia de aeropuertos y hasta la facultad de recibir un porcentaje de lo generado por los derechos de turismo.
Por otro lado, en lo que va del año las quejas contra el ejército por abusos aumentaron en 43 %. La GN informó que únicamente el 51 % de sus elementos están acreditados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública; se demostró que la Secretaría de la Defensa Nacional ocultó información al Grupo Internacional de Expertos Independientes dedicado al caso Ayotzinapa; también reservaron la información sobre el programa de espionaje “Pegasus” y admitieron que fue un “error” rellenar el Estero de Chac en Quintana Roo como parte de las obras del Tren Maya. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la super secretaría de este sexenio obtiene más poder, tanto que puede actuar sin la necesidad de rendir cuentas.
Este esfuerzo que realiza Causa en Común y MCCI es realmente importante. Es necesario dejar constancia de lo que ha sucedido, hacer un recuento de los daños, dejar evidencia de la destrucción, narrar cómo un gobierno ha pisoteado nuestro marco legal. Pero sobre todo, este esfuerzo, más allá de ofrecernos datos sobre las ilegalidades cometidas por nuestras autoridades, nos permite entender que es posible tener un presidente que gobierna actuando por fuera de los límites de la ley y por encima de nuestra carta magna. Nos evidencía que se puede gobernar a costa de los tratados y las convenciones internacionales, a costa de las instituciones democráticas, los órganos constitucionales autónomos y en contra de los poderes de la unión que sostienen el orden de la República. Este Gobierno nos demostró que en México no es necesario modificar, reformar o derogar los artículos de la Constitución para destruir y derrumbar. Este trabajo nos deja bien claro que a la cuarta transformación, cuando la Constitución le estorba, simplemente la ignora.
* El autor René Gerez López es investigador de @causaencomun.
