La noche del domingo 6 de octubre concluimos la semana con una terrible noticia: el asesinato de Alejandro Arcos Catalán, Presidente Municipal de Chilpancingo y militante del PRI, quien apenas cumplía seis días en su puesto. La noticia vino acompañada de imágenes espeluznantes que mostraron su cabeza cercenada sobre el techo de un vehículo mientras que el cuerpo decapitado, presuntamente del Alcalde, yacía en su interior. Este asesinato adquiere una relevancia particular en nuestro País, donde noticias sobre este tipo de actos barbáricos inundan las redes a diario, y causa profunda conmoción no sólo por su puesto, sino por ser el máximo representante de una de las capitales de las entidades federativas que componen al País, un municipio siempre asediado por una inestabilidad social y política.
Es inevitable preguntarnos, ante esta tragedia, sobre sus autores intelectuales y los motivos tras su asesinato. Hace unas semanas escribí una reflexión a partir del asesinato del Jefe de Policía de la Ciudad de México, Milton Morales Figueroa, y expuse que el asesinato de policías no se trataba de un acto de desesperación de los grupos de la delincuencia organizada sino de un acto de poder y un modus operandi con cuatro características. Su principal objetivo es una represalia a la aplicación de la ley, que busca neutralizar a jefes de la policía cuyo nombramiento no conviene a los grupos de la delincuencia organizada, interrumpir la gobernanza local y reducir las capacidades del gobierno local para tener mayor libertad de tránsito de sus productos.
Estos objetivos fueron identificados a partir de la investigación específica del asesinato de policías, donde es previsible y entendible el nivel de riesgo que conlleva el ejercicio de la función de la seguridad pública, ¿pero qué sucede cuando se trata de un funcionario público civil? En México, los grupos de la delincuencia organizada tienen un origen estrechamente vinculado al poder político, que configuró un esquema conocido como patronazgo (1) o mecenazgo (2), donde una persona en un puesto de toma de decisiones protege el desarrollo de actividades criminales a cambio de recibir ganancias, principalmente en el negocio del tráfico de drogas ilegales. En este contexto, las figuras políticas ejercían el control sobre los grupos que sometían mediante la amenaza del uso de la fuerza estatal y la aplicación de la ley como herramienta de presión.
Las transformaciones políticas que experimentó México hacia finales del Siglo 20, como la apertura político-electoral que debilitó el sistema de partido único y el desmantelamiento de la Dirección Federal de Seguridad -la agencia de inteligencia y espionaje del Gobierno federal-, otorgaron a los grupos delictivos una mayor capacidad de acción autónoma frente al poder político. Este cambio alteró la correlación de fuerzas pues permitió que estos grupos, en lugar de ser controlados, sometan ahora al poder político. Como resultado, la política se ha convertido en una actividad de alto riesgo, pues además de enfrentar la presión de actores fácticos como los grandes capitales nacionales e internacionales, los grupos del crimen organizado han emergido como un factor real de poder, con capacidad de influir en las decisiones políticas dentro de territorios específicos.
La política de guerra contra las drogas obligó a dichos grupos a fortalecer su posición en los territorios donde desarrollan sus actividades, a partir de la creación de redes de protección política y social que los ayude a evadir la ejecución de la ley. Si algo hemos aprendido de la historia criminal en México es que esto es un ejercicio violento, donde los delincuentes no dejan espacio a la disidencia y cuyas represalias son particularmente violentas. De vuelta al caso del Alcalde asesinado a la luz de cómo operan los grupos delictivos, podríamos pensar en cuatro escenarios distintos que expliquen este hecho: 1) el Alcalde era una persona íntegra que decidió no pactar con dichos grupos, 2) el Alcalde tenía pactos con el grupo dominante y al no cumplirlos, sufrió de una represalia, 3) pactó con un grupo criminal y un equipo rival lo asesinó por represalia o, 4) lo asesinaron para mandar un mensaje a otros funcionarios, políticos y población en general.
Estos escenarios encajan bien con las explicaciones dadas anteriormente para los asesinatos de policías, principalmente para quitar a un funcionario que no conviene a los grupos de la delincuencia organizada e interrumpir la gobernanza local. Pero es difícil pensar en que sea represalia por actos de gobierno porque apenas cumpliría una semana de haber tomado posesión, más el hecho de que llegó por un partido distinto al que gobernaba anteriormente y del Gobierno estatal sólo añade más confusión al caso. Por otra parte, su asesinato y la exposición de su cuerpo son sintomáticos del objetivo específico de los autores intelectuales: mandar un mensaje tanto a políticos a la población y a grupos rivales, uno de miedo y horror, una demostración de fuerza y de autoridad, que quien sea que haya sido, es quien controla Chilpancingo.
¿Y quién controla Chilpancingo? El territorio parece estar en disputa entre dos agrupaciones: Los Tlacos y Los Ardillos. Antes de las elecciones se hicieron públicas unas fotografías de una reunión entre los líderes de Los Ardillos y la anterior Alcaldesa, Norma Otilia Hernández, lo que alimentó especulaciones sobre posibles acuerdos entre el gobierno de la morenista y este grupo criminal. Sin embargo, parece claro que se han aprovechado de la inestabilidad inherente a un cambio de Gobierno para disputar el control del territorio.
Como señalan Guillermo Trejo y Sandra Ley (2020) (3), los cambios de administración representan oportunidades políticas propicias para ataques en un contexto de lucha por la hegemonía criminal. Escasos días antes fueron asesinados quien asumiría el cargo de Secretario de Gobierno, Francisco Tapia Gutiérrez, y Ulises Hernández, quien se rumoraba era la elección para ser Secretario de Seguridad Pública de Chilpancingo. Es claro que el Gobierno local está asediado y que la recién inaugurada administración se encuentra sin opciones para gobernar sin amenazas ni riesgos reales a la integridad de funcionarias y funcionarios. Chilpancingo ha sido abandonado a su suerte.
Guerrero no ha dejado de ser un epicentro de crisis política en el País y centro de la discusión pública que lo coloca como una entidad fallida, ya sea por las fuertes afectaciones a la población por fenómenos naturales, por acusaciones de colusión entre políticos y delincuentes, por el asedio contra estudiantes normalistas y el asesinato de personas candidatas y funcionarias de Gobierno. Ayer en Guerrero, hoy en Guerrero y mañana seguramente también en Guerrero.
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El autor es licenciado en Ciencias Políticas y maestro en Estudios Políticos, ambos grados por la UNAM. Realizó el Diplomado en Defensa y Seguridad Nacionales en la UNAM y se especializa en análisis de seguridad pública, delincuencia organizada y control territorial. Ha sido funcionario público federal y local (INEGI, FGR y SSC-CDMX).
1. Snyder, R., & Duran-Martinez, A. (2009). Does illegality breed violence? Drug trafficking and state-sponsored protection rackets. Crime, Law and Social Change, 253-273.
2. Astorga, Luis, El siglo de las Drogas, Grijalbo, 2012
3. Trejo, Guillermo & Ley, Sandra (2020) Votes, drugs and violence, Cambridge University Press.
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