Cruzada social contra la maxipista cara
Una batalla a ganar por Sinaloa y Rocha

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Hay un consenso espontáneo en Sinaloa forjado en la inconformidad por el desmedido aumento en el cobro de peaje en las casetas de la autopista Culiacán-Mazatlán, pero igual fraguado tal asentimiento en la posibilidad de que el Gobierno del Estado objete en beneficio de los usuarios las condiciones de la concesión otorgada al empresario Carlos Slim. Es que así como están las cosas es válido decir que las tarifas van a toda velocidad y los automóviles a vuelta de rueda por el desastroso estado de la carpeta asfáltica.

Tal burbuja de esperanza en que se establezca un esquema menos gravoso para los sinaloenses que en vez de inhibir fomente el flujo turístico, la generó el Gobernador Rubén Rocha el martes, mismo día en que la capacidad de aguante de los sinaloenses llegó al límite por el incremento del 40 por ciento en el gravamen carretero. Dijo en su cuenta de Twitter que a nombre de los gobernados “me pronuncio en contra del aumento en la tarifa de los diversos tramos de la maxipista Mazatlán-Culiacán, dado que resulta lesivo para la economía de nuestra población”. Y añadió que “la carretera se encuentra, además, en malas condiciones, por lo que llamo a la empresa concesionaria a efectuar las reparaciones necesarias para su óptima circulación”.

No lo hubiera dicho, porque los sectores sociales, diputados y la Iniciativa Privada le tomaron la palabra en una especie de consentimiento no planeado, en ese tipo de acuerdos que muestran a la gente unificada cuando las demandas son justas. Hace años que la indignación de los automovilistas, los de aquí y los de afuera, se expresa al recorrer la vía en permanente situación de abandono que la convierten en ruta mortal por cuyo uso además se debe pagar.

Ayer fue motivo de tema en el Congreso del Estado y al menos las dos fuerzas políticas con presencia mayoritaria se posicionaron en el mismo sentido. Feliciano Castro, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la Bancada del Movimiento Regeneración Nacional, consideró que el incremento tarifario no solo es injusto e inaceptable sino fundamentalmente es ilegal. Anunció que la semana próxima la Jucopo estaría emitiendo un pronunciamiento al respecto.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Ricardo Madrid, hizo eco en su grupo parlamentario de esa unanimidad que en los sectores político, económico y social surgió sin más cabildeo que el de la irritación por la codicia de la firma Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina, filial de Grupo Financiero Inbursa. Inclusive el legislador priista fue más allá al proponer que “hay que tumbar esa concesión, hay que ir a la última instancia porque no es una concesión que esté dándole hoy a la autopista la finalidad”.

Si el Gobernador con todos los sectores que le expresaron su apoyo se decide a llevar esta solicitud ante las altas instancias, de seguro tendrá resultados exitosos ya que el respaldo social significa mayor fuerza que aquella que pretenda situarse en dirección opuesta. Además, podría hacer alianza en esta gestión con otros estados como es el caso de Nayarit, cuyo Gobernador, Miguel Ángel Navarro, solicitó a nombre de sus representados la reconsideración inmediata para que se respeten los precios que se tenían al 7 de enero.

También hay que considerar que se tienen elementos como nunca antes para replantear el usufructo de la autopista Culiacán-Mazatlán ya que la empresa concesionaria incurre en violaciones a la ley al aumentar el cobro de peaje mucho más del 7.8 por ciento autorizado por la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones del Gobierno federal. Se trata de transgresiones tan alevosas que, aun cuando fuera corregida en las próximas horas, debería derivar las correspondientes sanciones.

En este mismo espacio comentamos, el 12 de agosto de 2022, de esa necesaria intervención del Gobernador Rocha para corregir el abuso de ofrecer carreteras en pésimo estado con cobros exorbitantes. “Si quiere el gobierno de la Cuarta Transformación en Sinaloa, puede hacerlo. El reto de anular factores de riesgo en las carreteras sinaloenses es también asunto de seguridad y de desarrollo económico porque aparte de salvar vidas implica dar condiciones para que el movimiento turístico ocurra sin contratiempos”, planteamos.

¿Ha llegado ese momento? Sí, siempre y cuando logren sensibilizar al Presidente Andrés Manuel López Obrador en lo referente al abuso que unánimemente acusan los sinaloenses. Rocha Moya tiene consigo la adhesión social para sentar un precedente de impacto nacional ya que en todo el País es generalizado el descontento, así no tengan los tamaños los gobernadores de otros estados para alzar la voz.

Sinaloa no te agaches,

Porque si no la avaricia,

Te joderá con la pericia,

De cobrarte caros los baches.

El movimiento contra las tarifas en la autopista Culiacán-Mazatlán, calificada por algunos como asalto a mano estirada, prendió en el Senado de la República al proponer el martes Mario Zamora Gastélum un punto de acuerdo para que Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes mantenga vigentes las tarifas que se aplicaban hasta el 6 de febrero de 2023, así como que el incremento de estas sea proporcional a la calidad del servicio que se proporciona. Hay que reconocer la reacción inmediata, pertinente, del legislador mochiteco, logrando que a favor de esta postura terciara la Senadora panista Xóchitl Gálvez. Eso es la esencia de la representación popular: ir codo a codo en apoyo a la gente que siente que los abusos son muchos, tantos que no hay pueblo que los aguante ni debiera haber ya políticos que los solapen.