Crónicas de Narnia y la gestión inteligente del territorio

La sequía en Sinaloa enciende las alarmas. El mes pasado, Quirino Ordaz Coppel anunció ciertas estrategias para mitigar los daños y adelantar lluvias pues, según declaró, 16 municipios se encuentran en sequía externa y dos más en sequía severa.

En medio de esta crisis ambiental y económica, en las redes sociales se compartieron imágenes para la preocupación en algunos y el entusiasmo de otros; eran las fotografías de un paisaje de fantasía al que llamaron “Narnia”. En realidad, la perspectiva es más escalofriante que atractiva, porque se trata de la Presa Adolfo López Mateos, “Sanalona”, que se encuentra en un nivel muy bajo de su capacidad. De acuerdo con el Sistema Nacional del Agua, consultado el 28 de julio, el nivel de llenado de la presa está al 14 por ciento de su máximo ordinario, y se ubica entre las más bajas en el País. Situación que es alarmante dado el uso intensivo para el consumo urbano, y sobre todo en el sistema agrícola: alrededor del 70 por ciento del agua que se cosecha en la cuenca del Río Tamazula se utiliza para abastecer a los módulos de riego del Distrito 010 de Culiacán (Sánchez Vélez, Hinojosa Guzmán y García Núñez, 2017).

Además de la crisis ambiental, el entusiasmo por “Narnia” trajo al menos otros tres temas a la luz que quiero discutir en esta columna: 1) La “sed” extrema por espacios públicos seguros, accesibles y naturales; 2) Los rezagos en la gestión de áreas naturales protegidas en el estado, como tema de planificación urbana y regional; 3) La necesidad de recursos normativos y financieros para la gestión integrada de las áreas naturales; esto es, su conservación y también el uso recreativo controlado.

Posiblemente has notado, querido lector, que muchos visitantes quedan maravillados por la cercanía de Culiacán con la sierra. Lo consideran un privilegio; se imaginan la calidad de los paisajes, deportes al aire libre y actividades de aventura. Sin embargo, como sabemos, el acceso a la sierra está limitado por temas de seguridad y falta de inversión. Así, los habitantes de la ciudad tienen que voltear a los espacios disponibles, como el Parque Las Riberas y el Jardín Botánico. No obstante, estos espacios no son suficientes, y algunos están sujetos a un uso muy intensivo que pone en riesgo ciertas cualidades naturales. Además, algunos recursos, como el Cerro de las Siete Gotas, se degradan por el crecimiento urbano descontrolado y no se aprovechan como áreas de conservación.

En la opinión pública, y en la mente de algunos planificadores, la solución parece fácil: crear más parques públicos y zonas verdes, declarar áreas naturales o zonas de conservación. En el discurso político y académico funciona bastante bien, en la realidad el asunto es más complejo e impone ciertos retos; el optimismo, y no considerar los retos, nos ha llevado a obtener resultados limitados o desastrosos en la gestión. El primero de estos retos está en la liberación del suelo, tanto en su sentido jurídico como en el práctico. El segundo reto está en la gestión de esos espacios, me refiero a su cuidado y mantenimiento; como lo expliqué en columnas pasadas, no es sencillo ni barato. Pueden existir los recursos para la adquisición de los espacios, pero es más difícil garantizar el flujo financiero para el mantenimiento, así como la apropiación ciudadana para su cuidado.

Ahora bien, los espacios se necesitan, tanto desde el punto de vista social como ambiental. Además, hay un tercer uso que funde a los dos anteriores (recreativo y de conservación): la educación ambiental. La pregunta obligada es ¿Qué debemos hacer? En mi opinión se debe actuar en tres líneas que no son del todo independientes, y que expongo a continuación con el apoyo técnico de amigos urbanistas.

La primera está en la revisión y actualización del marco institucional para la creación y gestión de esos espacios públicos y naturales, en donde el tema de la obligatoriedad fundada en el interés general previsto en el Artículo 27 Constitucional debe tomarse más en serio. Hablo de la obligatoriedad de prever esas áreas y de hacer que se cumplan tanto del lado del Gobierno, como de los propietarios y los ciudadanos. En pocas palabras, se requiere un sistema inteligente y completo de normas que regulen desde la creación hasta el uso cotidiano. Decir “no vayan” es insensible con la necesidad y poco efectivo.

La segunda línea es la de los recursos financieros, una condición necesaria para saciar la “sed” de espacios públicos. Existen diversas alternativas, desde el impopular aumento de los impuestos o contribuciones locales, hasta la implementación de asociaciones público-privadas. Estas últimas han resultado eficaces en Culiacán y en muchas ciudades del mundo, y sí, sin duda, pueden presentar fallas y existir abusos, pero eso se corrige a través de reformas en el marco regulatorio con la debida capacidad por parte de las autoridades de gobernar en el sentido directo del verbo.

Otra posibilidad para el financiamiento, que no implica que el Ayuntamiento delegue la administración de los espacios o suba el predial es la gestión de la valorización del suelo como mecanismo de financiamiento. Existe una gran diversidad de modalidades para dicha gestión, aquí menciono dos que son relevantes para mi argumentación: por un lado, la venta de los derechos de desarrollo o edificabilidad y el pago por los cambios de usos del suelo, que se pueden convertir en una importante fuente de financiamiento con flujos estables para la creación y mantenimiento de los espacios naturales, o en su defecto, para el pago de servicios ambientales. Además, la venta de derechos de desarrollo tiene otras consecuencias como establecer un entorno de equidad en la asignación de derechos (usos e intensidades del suelo) para el desarrollo urbano; la eliminación de la especulación y de la corrupción; y una presión a la baja de los valores del suelo con lo que se tendría una ciudad más competitiva. Este instrumento es relevante para nosotros porque en el Plan de Desarrollo Urbano se sentaron las bases para su aplicación.

Por el otro lado, podría utilizarse el instrumento de Transferencia de Derechos Desarrollo para la protección de las áreas naturales, no aplicaría para parques urbanos y jardines en donde la adquisición de la propiedad es casi condición sine qua non. La idea de la transferencia de derechos es que los afectados por las declaratorias de zonas de protección ambiental tengan la posibilidad de vender a terceros los derechos de edificación que ellos no pueden usar, con lo cual se les compensa la reducción de sus derechos como propietarios.

La tercera línea está en un programa ambicioso de espacios públicos como escuelas de educación ambiental. Parte de las quejas a raíz del uso ciudadano de “Narnia culichi” estuvieron en el pronto impacto de los visitantes. Para superar esto se requiere crear conciencia sobre la importancia de la conservación del medio ambiente. Se trata de un proceso de largo plazo, al menos de un par de generaciones, por lo que el cuidado de los espacios requiere del trabajo de un equipo de “formadores ciudadanos”, además de vigilancia y aplicación de sanciones; esto existe y es necesario hasta en las sociedades más educadas, pero también cuesta.

El Ayuntamiento de Culiacán tiene en los archiveros de sus oficinas los instrumentos para hacer esto posible: saciar la sed de espacios públicos, conservar las áreas naturales y ejecutar un programa de educación ambiental. Se requiere de compromiso y habilidad política para su implementación. ¿Será que contamos con esto último?