Más de tres millones de habitantes de la Zona Metropolitana de Monterrey padecen el racionamiento de agua que es abastecida apenas seis horas al día, desde el sábado 4 de junio. En la Zona Metropolitana de Guadalajara padecimos un tandeo semejante en el suministro de agua de marzo a junio del año pasado. El martes 7 de junio, habitantes de Ensenada protestaron por el racionamiento del líquido al menos a 30 colonias y que, a diferencia de años anteriores, ahora comenzó desde enero y no en primavera. El mismo día de la protesta, la Gobernadora de Baja California anunció que los habitantes de Tijuana también tendrán tandeos de agua a partir del 21 de junio. En Querétaro, en tanto, el Gobierno que encabeza el panista Mauricio Kuri González, reprimió una protesta integrada por pobladores de comunidades indígenas, estudiantes, académicos y activistas que exigen la derogación de la ley estatal que permite la privatización de los servicios de agua potable.
Conflictos sociales y políticos como estos están ocurriendo a diario por todo el país, especialmente por los estados del centro al norte de la República, pero no solamente. Estos conflictos por los tandeos y racionamiento del agua propician situaciones inéditas, como la decisión de los comerciantes de Monterrey de limitar la venta de agua embotellada a cinco unidades por persona para evitar que se agote el líquido en botella, debido a las compras masivas que ocurrieron en los últimos días. En días pasados se denunció que algunos comerciantes se aprovechaban de la escasez para aumentar el precio del garrafón de agua de 25 litros, de 46 hasta 100 pesos por unidad.
Esta es una de las consecuencias que ha tenido el racionamiento del agua que fluye de 4 a 10 de la mañana, mientras el resto del día el organismo Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) cancela el suministro del líquido (La Jornada, 5 junio 2022). Además de las compras de pánico, habitantes de colonias populares de Monterrey han protestado por el racionamiento del líquido, cerrando avenidas y carreteras de la zona metropolitana.
Conflictos sociales y políticos como los reseñados arriba, ocurren por cientos por todo el país. Solamente en pueblos y comunidades indígenas se han presentado 587 conflictos por el agua entre los años 2000 y 2015, de acuerdo al Observatorio de Conflictos por el Agua en México (OCAM) elaborado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).
Estos conflictos sociales suelen explicarse como una consecuencia inevitable del estrés hídrico y falta de recurso que aqueja todo el país e incluso se pretende explicar como parte de los conflictos futuros que se generarán a consecuencia del cambio y crisis climática que enfrentamos globalmente.
Pero no es del todo cierto. Muchas veces la explicación tiene qué ver con el acaparamiento y concentración del agua en manos de pocos concesionarios privados, lo que afecta a la mayoría de la sociedad.
En la iniciativa para legislar una Ley General de Aguas que sustituya a la actual Ley de Aguas Nacionales (LAN), la alianza Agua Para Todos, en conjunto con legisladores del Partido del Trabajo y de Morena, exponen en los considerandos que buena parte de la crisis del agua que se tiene en el país se debe al régimen de concesiones de agua que favorece a las corporaciones privadas y fomenta la mercantilización del líquido y un mercado de concesiones del líquido.
Sí se ha reducido la media anual de agua a cada mexicano, pero es porque se ha concentrado en pocas manos. Sostienen en la iniciativa: “En 1950 México tenía una disponibilidad media anual de 17,742 m3 por habitante al año; en el 2012 era de 4,000 m3, lo que significa que en sesenta años hemos perdido más del 75 por ciento de la disponibilidad media anual. Por lo que se refiere a la concentración del bien en pocas manos, interesa destacar que de los 298,292 usuarios que tienen concesión para usos no consuntivos, sólo tres mil 304 usuarios en total (966 empresas, mil 537 personas físicas y 801 asociaciones) acaparan el 22.3 por ciento de toda el agua concesionada en el país. Eso significa que sólo el 1.1 por ciento de todos los usuarios de agua en México aprovecha más de una quinta parte de este bien común” (la iniciativa se puede consultar aquí: https://bit.ly/3O7ggf5).
Con estos datos, los autores de esta iniciativa sostienen que la crisis se debe a un régimen de gestión del agua, “así como su marco legal, fueron diseñados con el objetivo prioritario de otorgar certeza y seguridad jurídica, en materia de derechos de agua, a los capitales privados interesados en invertir en el país en la etapa de la apertura de los mercados en la década de los noventa”.
Una de las más funestas consecuencia de este régimen favorable al capital privado es que creó un acaparamiento masivo de concesiones. “Uno de los resultados provocados por dicha norma fue un concesionamiento masivo a usuarios privados quienes, después de treinta años de aprovechar (e impulsar) aquel modelo de gestión, han logrado acaparar grandes volúmenes de agua en pocas manos. La LAN estableció un modelo de concesionamiento, expedito y flexible, sin fijar mayores límites a los volúmenes que podrían ser solicitados. Para ello se crearon plazos de concesión a treinta años, renovables por otros treinta y se habilitó la transmisión de derechos entre particulares sin la mediación y vigilancia estatal”.
Es decir, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) entrega las concesiones sin mayores trámites, pero después no vigila que saquen el agua asignada y que se traten las aguas utilizadas, provocando un sistema hídrico sobreexplotado y contaminado.
Nuevo León es un buen ejemplo de este régimen de acaparamiento de agua. Según un informe presentado por Elizabeth Barrón Cano, socióloga e investigadora de esa entidad, apenas quince empresas acaparan un total de 44 millones 490 mil 222 metros cúbicos anuales del agua en la entidad, entre ellas Femsa, cuando para uso doméstico sólo se destina un millón 33 mil 950 metros cúbicos.
De acuerdo al Frente Nuevo León (www.frentenuevoleon.org), “la lista de estas compañías la lidera la acerera Ternium México, con un consumo anual de 14 millones 654 mil 772 metros cúbicos y le sigue la holandesa Heineken, asociada con Cervecería Cuauhtémoc- Moctezuma (Femsa), con 6 millones 980 mil. En tercer lugar está Industria del Álcali, con 4 millones 474 mil 600 metros cúbicos anuales; luego se menciona a Alfa Subsidiaria, que utiliza 3 millones 137 mil 888; Bebidas Mundiales (Coca-Cola), también controlada por Femsa, ocupa 2 millones 725 mil 271; Parque Fundidora, 2 millones 245 mil 360; San Juan Compañía de Bienes Raíces, un millón 958 mil 680; Grupo Embotellador Noreste (Coca-Cola), un millón 400 mil metros cúbicos” (La Jornada, 7 junio 2022: https://bit.ly/3HfEz8q).
En Querétaro el colectivo Bajo Tierra Museo muestran una situación semejante en esa entidad. En el documento, “Acaparamiento de lo público y mercantilización de lo común. Manejo del agua potable en la ciudad de Querétaro” registra con detalle cómo se ha concertado la mercantilización del agua, favorecida por la operación de actores empresariales con el aval explícito del Estado. En tal sentido, se documenta el dilema de la privatización del agua que, contrario a la narrativa de la eficiencia, evidencia un mecanismo que profundiza la desigualdad” (https://bit.ly/3aXne8b).
Es decir, agua sí hay en Nuevo León o Querétaro, lo que ocurre es que está concentrada entre los concesionarios privados. Estos datos confirman y dan sentido a la consigna de los defensores del agua para todos: no es sequía es saqueo.
Es en este marco que deben entenderse las políticas de acaparamiento y privatización del agua, así como los megaproyectos hidráulicos que el Estado impulsa (presas, trasvases y acueductos): como políticas e infraestructuras para dotar de condiciones materiales necesarias para las áreas privilegiadas de acumulación de capital: expansión urbana e inmobiliaria, actividad industrial, producción agrícola de exportación, minería, proyectos turísticos, negocios inmobiliarios y reestructuraciones urbanas.
La crisis del agua y los conflictos sociales y políticos que detona, es detonada por el actual régimen de concesiones que propicia la privatización y concentración del líquido en pocas manos. Este régimen privatizador debe ser liquidado.
