Rafael Morgan Ríos
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El 17 de diciembre anterior se instaló la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Reinserción Social, con la presencia de los Secretarios Alfonso Durazo y Olga Sánchez Cordero, en la que se analizó la situación de las cárceles del país y se reconoció que en los 17 penales federales están recluidos 17 mil 189 presos para los que sólo se cuenta con 80 médicos, es decir, un médico por cada 218 reos y según expresó el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, hay 6 mil 602 presos con padecimientos de salud; no se anunció ninguna medida de solución, pero sí que próximamente se iniciará el proyecto “penales productivos”; no se llega al fondo del asunto pues, como informa el columnista Alejandro Hope, al 30 de junio existían en total 304 centros penitenciarios en el país con 200 mil 753 reos que ocupan el 93 por ciento de la capacidad de las cárceles, en condiciones que de ninguna manera favorecen una mínima posibilidad de reinserción social.
El Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas, Zacatecas, en donde el 2 de enero de este año hubo una tremenda reyerta en la que murieron 16 reos por ataques entre miembros del Cártel de Sinaloa y los del Cártel del Golfo, la mayoría con armas de fuego, a pesar de que sólo unos días antes se había realizado una inspección sin encontrar armas de fuego; pues bien, tres días después se llevó a cabo una nueva pelea, ahora en el módulo donde se alojan los miembros del Cártel del Golfo, con saldo de un muerto y cinco heridos. Ante estos hechos, se está investigando a todo el personal de custodia y se destituyó al director del Penal.
El Penal de Cieneguillas está clasificado como de mediana seguridad y según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH, se le asigna una calificación de 5.5 ya que tiene un largo historial de fugas, enfrentamientos y hasta se ha secuestrado y desaparecido a una directora de la prisión y asesinado a un jefe de custodios. Según la revisión llevada a cabo por la CNDH, el Penal está en malas condiciones materiales y de higiene; los propios presos ejercen funciones de autoridad, de autogobierno y cogobierno y actividades ilícitas de extorsión, sobornos y tráfico de drogas; pero lo peor de todo es que los internos están ligados a los cárteles del Golfo, de Sinaloa, del Noreste, de los Zetas y a otros grupos como los Paisas y los Talibanes, lo cual obliga a mantenerlos en ocho módulos, separándolos además entre sentenciados y procesados y en otra área a los reos que no pertenecen a ningún grupo; no se les permite salir al mismo tiempo y tienen comedores, cocinas y lavaderos separados.
Ante este conjunto de problemas las autoridades sólo acuerdan el proyecto de “penales productivos”. El problema es general en todas las cárceles del país; en Culiacán se fugaron 55 reos de alta peligrosidad de los que sólo se han reaprendido dos; son comunes las noticias de motines y fugas ante la ineptitud y complicidad de custodios y directores, pero sobre todo, ante las malas políticas y mala administración interna de las cárceles que no sólo están ocasionando problemas entre los reos, sino que sus tentáculos llegan hasta el exterior por medio de extorsiones, secuestros, tráfico de drogas y hasta asesinatos, utilizando teléfonos y celulares para dar órdenes y seguir dirigiendo a sus grupos en el exterior.
El caso reciente de la madre de Denise Dresser, que fue extorsionada a través de una llamada telefónica informándole que tenían secuestrada a su hija Denise, proporcionándole datos reales de la familia, por lo que acudió a la cita que le dieron y le robaron su carro; lo desesperante del caso es que Dresser acudió a la policía y le dijeron que esas extorsiones se hacían todos los días desde los penales y que por lo tanto, pues ya estaban presos.
Es necesario reconsiderar la situación en que deben estar los delincuentes encarcelados quienes, al haber sido encontrados culpables, han perdido varios de sus derechos, no sólo el de la libertad, sino también el de poder actuar desde la cárcel con celulares, gozar de televisión y de visitas irrestrictas, máxime si son reos de alta seguridad; tienen derecho, desde luego, a la vida, a la salud, a la alimentación y circunstancias materiales adecuadas, pero no a gobernar y administrar las condiciones internas de la prisión y menos a traficar con drogas, armas y dinero con el que pueden sobornar a custodios y directores.
La cárcel es para aislar a las personas nocivas a la sociedad, cuyos ciudadanos tienen el derecho a su seguridad y convivencia en paz.
