Criminalización y persecución: La política de seguridad ‘Puño de Hierro’ de Bukele frente a las pandillas en El Salvador

El Salvador se encuentra bajo la mirada internacional a causa de la política que ha emprendido su gobierno, en un esfuerzo por hacer frente a la situación que enfrenta con las pandillas, como la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Hace apenas un par de semanas el Presidente Nayib Bukele habló de ello en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Durante su intervención, el Mandatario refirió los logros que su política de seguridad ha cosechado, a pesar de los múltiples cuestionamientos que han tenido de distintos países y organismos internacionales respecto de las violaciones graves a derechos humanos y el desmantelamiento institucional.

Para entender la actualidad, es vital comprender el origen. El fenómeno surgió en la década de los años 80 cuando El Salvador, al igual que otros países de la región, enfrentaba guerras civiles. Esta inestabilidad interna tuvo como resultado altos índices de violencia y precarización, por lo que muchos jóvenes se vieron en la necesidad de migrar para buscar seguridad, estabilidad, y en general una mejor calidad de vida. A su llegada a Estados Unidos, enfrentaron el rechazo y la discriminación que tuvieron como resultado la marginación. “En un ambiente hostil, los adolescentes de estas familias fueron los primeros en unirse para protegerse”. En esos casos, se juntaron en clanes y, ante la falta de oportunidades, recurrieron a prácticas criminales (como robos y extorsiones) para sobrevivir.

La violencia generada aumentó al punto en que al final de la década de los 90 el Presidente estadounidense Bill Clinton decidió llevar a cabo una deportación masiva de todos las personas integrantes de estas pandillas. Este plan de acción, más allá de eliminar el problema, simplemente lo migró. Estos jóvenes llegaron a un país que era completamente ajeno a ellos, que volvió a ignorarlos y a rechazarlos, con lo que nuevamente se afianzaron los vínculos de adhesión y pertenencia a las pandillas, así como la participación en actividades delictivas y violentas como parte de una identidad social y forma de supervivencia.

Las personas que integran estos grupos suelen ser hombres jóvenes, que han crecido con fuertes barreras sociales: crecimiento en familias de escasos recursos, lo que muchas veces les impide el acceso a la escolarización completa y adecuada, además de casi nulas posibilidades de empleo justo. Ante la falta de comunidad y de oportunidades, los jóvenes ven a las pandillas como única opción.

Desde sus orígenes hasta la actualidad, los distintos gobiernos en El Salvador han llevado a cabo una variedad de políticas para hacer frente al fenómeno. Todas han sido sumamente agresivas y han tenido escasos resultados a largo plazo. Cabe destacar el ejemplo de la “Ley Antimaras” propuesta por el Presidente Francisco Flores al inicio de la década de los 2000, la cual actuaba de forma indiscriminada contra jóvenes de los suburbios, pues permitía y promovía detenciones arbitrarias, uso indebido de la fuerza, cateos, así como la privación ilegal de la libertad. Aunque en un inicio la violencia se redujo, conforme pasaba el tiempo ésta aumentó nuevamente, por lo que se demostró que dicha política fue ineficaz.

Frente a estos antecedentes, la política “Puño de Hierro” que aplica Nayib Bukele no es del todo nueva, a pesar de que ha desatado las alarmas de diversas organizaciones no gubernamentales tanto regionales como internacionales. Su gestión en cuanto a las pandillas se ha caracterizado por decretar un Estado de excepción en el país desde el 27 de marzo de 2022, con lo que “suspende la garantía de una persona detenida a ser debidamente informada sobre sus derechos, las razones de su arresto así como la asistencia de un abogado, autoriza el uso de la fuerza y amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa, además de que permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes sean considerados sospechosos”. A través de estas estrategias es que se presume la disminución de los índices de violencia, como los homicidios y la extorsión, de forma drástica en un corto periodo de tiempo.

Para la mirada internacional, y desde una perspectiva de derechos humanos, tanto el discurso pronunciado en la Asamblea como las políticas que aplica el actual Presidente resultan aterradores e inquietantes. No sólo despreció el papel del Sistema Internacional y la importancia de las organizaciones no gubernamentales que trabajan internacionalmente por la defensa de los derechos humanos, sino que también defendió abiertamente un proceso en el que se violan los derechos humanos de manera constante, donde se promueve el perfilamiento de personas, asignándoles características que deben cumplir para ser detenidas aun sin tener elementos que comprueben su adscripción a estos grupos o pandillas. Además, promueve el rechazo, impide la reinserción social y tiene una visión sesgada sobre las causas estructurales de este fenómeno, lo que hace que más allá de mitigar esta situación, la incrementa exponencialmente.

Si bien a corto plazo los homicidios se han reducido, no podemos hacer caso omiso a las posibles consecuencias, entre las que se incluyen la criminalización y persecución de ciertas poblaciones, la perpetración de graves violaciones a derechos humanos como la tortura y el asesinato, así como la privación grave de la libertad y la creación de un ambiente social donde predomina el miedo. Es sin duda alguna un tema polémico, con dos puntos de vista que chocan en el análisis y lo que consideran el manejo adecuado de la situación, y que funcionará como ejemplo para otros países en la región que enfrentan problemas similares. Es precisamente por ello que no debemos olvidar que hablamos de seres humanos, no debemos ignorar las advertencias de las organizaciones internacionales y no debemos normalizar, justificar y promover este tipo de políticas persecutorias y criminalizantes.

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La autora es Victoria Martínez Martínez, estudiante de último semestre de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, con especial interés por temas de justicia social, derechos humanos y migración. Realiza actualmente una pasantía en el área de Investigación y análisis criminal de la @CMDPDH.