Crímenes del pasado en Sinaloa sin ley. Sin justicia para víctimas de ayer y hoy
Dirá la Fiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada que tiene bastante trabajo al investigar los homicidios dolosos recién perpetrados, como los de Luis Enrique Ramírez, Román Rubio, Alejo Valenzuela y Magnolia Morales, entre tantos, pero el pasado registra hechos de alto impacto cuya impunidad debe atormentar a los aparatos de procuración e impartición de justicia. No de ahora, sino desde siempre, la conciencia de las instituciones responsables de aplicar el Estado de derecho ha de estar al borde de la esquizofrenia por el acecho de los espíritus de los muertos que no podrán descansar en paz sin el alivio de la ley eficazmente implementada.
No olvidemos. Los crímenes contra Atilano Román Tirado, Humberto Millán Salazar, Luis Pérez Hernández, Martha Olivia Alonso Pérez, Francisco Eduardo Urrea Ortega, Antonio Ibarra Salgado y Óscar Rivera Inzunza, como bastantes más, son hoy las dobles interrogantes jamás respondidas de ¿quiénes los asesinaron? Y ¿por qué no se realizó la adecuada labor para castigar a los culpables? Representan además la pertinencia de investigar crímenes del pasado para evitar que el olvido y la apatía hagan factible la repetición.
Eso de que los deudos de las víctimas vayan por la vida sin la fundamental reparación del daño está lejos de ser premisa de cualquier sociedad y su gobierno que se precien de justos. Cuando la vara de la justicia luce blandengue, rota, los que quedan a expensas de los delincuentes son los ciudadanos y sobre todo los de más alta situación de vulnerabilidad. La ley no ejercida a plenitud es pasaporte de exención para los malhechores.
El viernes 21 de julio se cumplió un año desde al artero crimen que privó de la vida a Román Rubio López, fecha que fue rememorada con un sencillo homenaje en Sinaloa de Leyva que resaltó la obra a favor de los indígenas, y la gente desamparada en general, aunque también recalcó la ausencia de justicia y la orfandad de los más inermes tras la pérdida de un líder que lejos de los reflectores y sin lucimiento personal arropó a los pueblos originarios sinaloenses.
Vale la fecha para reiterar la exigencia de justicia para Román Rubio, e intentar el pase de lista de quienes en la misma circunstancia violenta cayeron sin que el paso del tiempo reponga el derecho a la reparación del daño mediante la acción legal. Es difícil mencionarlos a todos, sin embargo, que hable el pasado a través del sacrificio infame de Atilano Román, el imperturbable líder de los desplazados de la Presa Picachos, que murió en una cabina de radio mientras luchaba por la causa y después de denunciar que fue el gobierno en turno el que le pidió a la delincuencia organizada que lo eliminara.
Los periodistas Humberto Millán, asesinado el 24 de agosto de 2011, y Óscar Rivera, ultimado el 5 de septiembre de 2007, constituyen desde entonces el desdén gubernamental, tal como hoy, a los ataques a la libertad de expresión. Millán tocó los puntos álgidos del establishment político y Rivera desde la Vocería del Operativo México Seguro en Sinaloa presenció las confabulaciones entre delincuencia y autoridades, pagando ambos con su vida en vez de ser amparados por la función esencial desempeñada.
Luis Pérez Hernández, operador de la campaña que en 2010 hizo Gobernador a Mario López Valdez y asesinado el 25 de enero; Oli Alonso, la vidente que poseía datos privilegiados aportados por Pérez, eliminada en junio, así como Francisco Eduardo Urrea Ortega, ultimado en julio luego de ser colaborador político de Jesús Vizcarra Calderón, competidor éste por el cargo que obtuvo Malova, son parte de aquella madeja de intrigas y secuencia criminal para la eliminación de información privilegiada, perpetrada en 2011.
Las víctimas silenciadas y los victimarios salvaguardados desde los poderes formales y fácticos le dan forma a la pesada cadena de crímenes de alto impacto sin resolver que desde 2009, en el gobierno de Jesús Aguilar Padilla, cobró fuerza con el atentado que privó de la vida al entonces Secretario de Turismo de Sinaloa, Antonio Ibarra Salgado, y continuó en 2010 con el ataque de un grupo armado fulminando a Enrique Mendívil Flores, dirigente de la Unión Ganadera de Sinaloa.
En la misma senda de impunidad y desmemoria van los casos de Luis Enrique Ramírez, el periodista asesinado el 5 de mayo de 2022; la joven influencer Magnolia Morales que dejó de existir en enero de 2023 luego de ser sometida a 30 cirugías que intentaban reconstruir los daños que le ocasionó el cirujano bariatra Hernán Lizárraga; Alejo Valenzuela, activista político encontrado sin vida en su domicilio en junio del año en curso, y Aimé Millán, reina de la ciruela de Concordia, cuya muerte ocurrió en abril en medio de sospechas al manejarse un accidente automovilístico como causa del deceso.
Tal vez los misterios de estos crímenes, los de ayer y los de ahora, estén blindados bajo enormes lozas de impunidad, resistentes corazas que protegen a los culpables, pero tarde o temprano la verdad saldrá a flote, si es que al Gobierno de Sinaloa prosigue sin el interés de crear un grupo independiente y multidisciplinario que busque la veracidad, aquella que la vox populi ya estructura en voz baja, con presentimientos asertivos.
Por aquí andan los muertos,
Que todavía siguen vivos,
Buscando móviles ciertos,
Y los verdaderos motivos.
Cuando la justicia quiere hacer la función que la Constitución le asigna, saltan los criterios (curiosamente los mismos que antes exigían la acción dura de la ley) queriendo que los victimarios trasmuten a víctimas. Los delitos cometidos pasan a último término porque la piedad de los modernos San Francisco de Asís los absuelven de culpas. “¡Perdonémoslos a ellos y sentenciemos a los que sufren por las pillerías!”. Es la justicia a la inversa, aquella que se acomoda a los intereses personales y grupales en vez de ceñirse a la norma jurídica.
