Crimen en Sinaloa bajo la lupa de la ONU
Viene Comité a investigar desapariciones

Con la presencia en Sinaloa del grupo de expertos del Comité para la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas estará puesta la atención internacional en la grave situación que enfrenta la entidad en ese tema, pero también se ejerce presión para que las autoridades federales y estatales traspongan el umbral del discurso vano y procedan de una vez por todas a acompañar y dar respuestas a las familias que durante más de cinco décadas buscan con medios propios a aquellos que por motivos políticos o por la acción o criminal les fueron arrebatados al seno familiar.

Al intervenir la ONU en situaciones que configuran crisis humanitarias como es el caso de 94 mil desapariciones forzadas registradas en México, de las cuales en Sinaloa han ocurrido alrededor de 9 mil, se pretende activar a gobernantes e instituciones que se han inmovilizado en la negativa del problema o en el mejor de los casos reconociéndolo sin hacer nada para atenderlo. La vigilancia universal resulta efectiva cuando la movilización local le es indiferente al Gobierno.

La llegada a Sinaloa el alto Comité, que tentativamente sería el 22 y 23 de noviembre, tiene que ver con el reconocimiento a la lucha de las madres que con gran tenacidad han realizado el esfuerzo de búsqueda de sus desaparecidos. A aquellas que desde los años 60 gritaron “¿dónde están?” y el Estado mexicano calló por ser el culpable directo, o las que hoy se movilizan, remueven la tierra y acuden al empirismo forense mientras el Gobierno las abandona y asume el rol de copartícipe del delito, por omisión.

Con Carmen Rosa Villa al frente de la Comisión de la ONU reaviva la esperanza en que concurran muchos bríos, del Gobierno y la sociedad, en la mayor estrategia que defina el paradero de los desaparecidos mediante la violencia. Es enorme la deuda en materia de registro de víctimas, protocolos de activación inmediata y efectiva en casos nuevos, ciencia forense, ubicación y estudio de fosas clandestinas, pero sobre todo de abatimiento de la impunidad.

La visita de la delegación de Naciones Unidas es fruto de la resistencia de colectivos como “Sabuesos Guerreras”, “Voces Unidas por la Vida”, “Tesoros Perdidos”, “Rastreadoras de El Fuerte”, entre otros activistas, que han expuesto ante la comunidad mundial la crisis humanitaria sinaloense. Ellas, las madres de los desaparecidos, que nunca quisieron que el sufrimiento las paralizara y convirtieron la angustia en fuerza para poner el ejemplo de cómo mantener vivos a los que un día fueron obligados a dejar el hogar.

El replanteamiento de voluntades o estrategias debe partir de la reflexión del mea culpa para que al sacar a relucir los descuidos y olvidos sea posible trazar el itinerario de las acciones que urgen. Desde los sinaloenses en general que acostumbrados a ver pasar desde el balcón a las víctimas del delito contribuimos a normalizar el semblante de la barbarie cotidiana; el Gobierno del Estado que con la sensibilidad y el esfuerzo a medias opta por la intervención fingida, hasta las instancias de procuración y administración de justicia que rascan con las punzantes ineptitudes y negligencias en las heridas siempre abiertas de las desapariciones forzadas.

Todos hemos tenido en la punta de los labios una justificación a nuestros desganos frente a la crueldad del crimen. Pero más allá de la guerra sucia o la ofensiva gubernamental contra el narcotráfico a las que el Gobierno federal atribuye las desapariciones forzadas, existe un tercer cómplice, más feroz y poderoso. Es la impunidad, Presidente Andrés Manuel López Obrador y Gobernador Rubén Rocha Moya, que emana de la desidia institucional que a su vez desamparó a las familias en las labores de búsqueda.

Cabe anticipar que si la labor que el Comité para la Desaparición Forzada realiza en el País desde el 15 de noviembre incurre en lo efímero y superficial, el objetivo de la justicia volverá al mismo punto que está actualmente. La ONU tendría que estructurar acciones permanentes y con seguimiento puntual para evitar que una vez que los observadores regresen a su sede, también el gobierno mexicano vuelva a la simulación.

Pues sea bienvenido a Sinaloa el Comité para la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, ocho años después de que en 2013 el gobierno de Enrique Peña Nieto se negó a recibir al grupo de expertos. Y desde hoy se les otorga el voto de confianza para que en el informe que rendirá entre marzo y abril de 2022 presente la autenticidad del flagelo como paso obligado en la toma de decisiones adecuadas, medio siglo después de que el Gobierno de México, Presidente tras Presidente, se ha lavado las manos manchadas con sangre de complicidad e indolencia.

Por tantas ilusiones perdidas,

Merecemos el sueño fugaz,

Donde aquí Naciones Unidas,

Ondee su bandera de paz.

Aunque saben que el Alcalde de Culiacán es muy propenso a caer en desacato de los mandamientos del Poder Legislativo, ayer los diputados de Morena Serapio Vargas y Marco Antonio Zazueta consideraron que no hay peor lucha que la que no se hace y conminaron a Jesús Estrada Ferreiro a mantener los descuentos en el pago del impuesto predial y consumo de agua potable en beneficio de personas con discapacidad, jubilados y pensionados. Y por si el Edil ya lo olvidó, le recordaron el lema de “primero los pobres” que a cada rato repite el Presidente López Obrador. Y tratándolo como ignorante le dicen que no confunda caridad con justicia.