"Crecimiento económico y política fiscal"
De acuerdo con las estimaciones de Inegi, la economía mexicana registró una caída de -0.4 por ciento en el trimestre julio-septiembre de 2019 respecto a julio-septiembre de 2018. La caída se deriva del desempeño del sector secundario, de -1.8 por ciento, y del estancamiento en los servicios. Si la comparación se hace respecto al trimestre anterior (abril-junio de 2019) se habría registrado apenas un crecimiento positivo de 0.1 por ciento. Con las cifras ya acumuladas es posible adelantar que la economía cerrará con un crecimiento apenas superior a cero en 2019, en el mejor de los casos.
El comportamiento de las actividades primarias (agricultura), habría sido mucho más favorable, de 5.3 por ciento, sin embargo, debido a que éstas representan ya una proporción pequeña de la economía (alrededor de 3.4 por ciento del PIB), no pueden alterar la tendencia de crecimiento que definen en conjunto las actividades de servicios y secundarias (alrededor del 96.6 por ciento del PIB).
Por otra parte, en su último informe al Congreso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reiteró su compromiso con la estabilidad macroeconómica y la disciplina fiscal. En tal sentido, estima que el superávit primario (antes del pago de intereses de la deuda) como porcentaje del PIB terminará a final de año conforme el compromiso establecido en el paquete económico definido para 2019, en 1 por ciento del PIB.
No ha sido dicho así públicamente, pero en reacción a la caída de los ingresos por petróleo, que por varias décadas sostuvieron el gasto público y, en buena medida, el crecimiento económico, el gobierno mexicano ha aplicado un severo programa de ajuste a fin de mantener la estabilidad macroeconómica. Sólo que esta vez el costo del ajuste se cargó sustancialmente sobre el gobierno mismo (gasto burocrático, adoptando un enfoque rígido de austeridad) y sectores cuyos ingresos eran fuertemente dependientes del gasto público (proveedores y contratistas privados). La magnitud de la contracción económica muestra un problema estructural: las reformas económicas para elevar el peso del sector privado en la economía propiciaron alta dependencia respecto a las compras gubernamentales y la inversión pública.
Adicionalmente, como no ha habido aumento de impuestos y, en términos reales, tampoco en tarifas de bienes y servicios públicos, no se generaron presiones inflacionarias: más bien el enfoque de política pública contribuyó a poner los precios en la senda de convergencia hacia el objetivo de inflación definido por el Banco de México.
De acuerdo con la SHCP, de enero a septiembre de 2019 los ingresos presupuestarios totales del sector público fueron inferiores a lo programado en 12 mil 006 millones de pesos, pero mayores en 1 por ciento respecto a lo recaudado en el mismo periodo del año 2018. La diferencia respecto a lo programado se explica por 68 mil 087 millones de pesos menos de ingresos tributarios, 62 mil 393 millones de pesos menos debido a Pemex (caída de la producción y de ventas) y 8 mil 758 millones de pesos menos vía la Comisión Federal de Electricidad. Los ingresos no tributarios habrían aumentado, no obstante.
Sin embargo, si se excluye la aportación patrimonial hecha a Pemex por el gobierno federal para disminuir su nivel de endeudamiento, la diferencia de ingresos respecto a lo programado en Pemex habría sido de 159 mil 524 millones de pesos.
De cualquier manera, es claro que la caída en el ritmo de crecimiento ha llevado a un descenso de los ingresos del sector público, reduciendo, por consiguiente, su capacidad de gasto. De ahí que se haya recurrido al Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP). Por otra parte, en cuanto a los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), se registró un déficit de 172 mil 480 millones de pesos, menor a los 304 mil 601 de 2018. En tal sentido el saldo histórico de RFSP al tercer trimestre de 2019 fue de 43.0 por ciento del PIB, menor en más de un punto porcentual al registrado en el periodo correspondiente de 2018.
A pesar de la severa contracción económica, el empleo se ha expandido, aunque a un ritmo menor y no ha ocurrido un cambio pronunciado significativo en las tasas de desocupación e informalidad, mientras han aumentado los salarios reales y las remuneraciones. El escenario podría empeorar si no se recupera el crecimiento para 2020.
Los objetivos de mejora en la distribución del ingreso y de pacificación del país que se ha propuesto esta administración no serán alcanzados en un entorno económico de bajo crecimiento. Hasta ahora, no está claro que se tenga claridad al respecto; particularmente ante la ausencia de instrumentos anticíclicos. Se requiere de un enfoque muy centrado en alterar las expectativas respecto al desempeño del país y de una mayor coordinación de políticas entre el Banco de México y la autoridad fiscal.
