Es emblemático y ya tradicional el mensaje de solidaridad y entereza humanitaria que despliegan las fuerzas armadas en favor de la población vulnerable mediante las acciones que con una entrega ejemplar realizan a través de la operación conocida como Plan DN-III en el rescate y auxilio emergente requerido ante el embate de algún desastre de origen climatológico, telúrico o de cualquier índole.
Este paradigma ha dejado huella en el ánimo del pueblo mexicano y así se ha revelado en el resultado de algunas encuestas que todavía esta semana acreditaron el más alto grado de confianza popular a favor de las instituciones armadas. De hecho todo había marchado bien, con el Ejército como garante militar del auxilio emergente y valioso partícipe en la seguridad. En la historia contemporánea de nuestro país no existe evidencia de que los mandos castrenses hubieran aspirado a acceder al empoderamiento de orden económico, administrativo y pretendidamente policial que hoy detentan mediante creciente e insólita apertura del gobierno civil.
Este estado de cosas resulta propicio para contemplar la cada vez menos descartable posibilidad de que, en un indeseable futuro, el instituto armado pueda asumir también el poder político, lo cual entrañaría un riesgo extremo para el ya muy amenazado ejercicio democrático en México. Hasta el momento la más alta representación militar no ha dado lugar en forma rotunda para advertir algún propósito en ese sentido, pero valga recordar el mensaje de aquella máxima que reza: “A quién le dan pan, que llore”, reforzada por otro dicho muy conocido: “En arca abierta el justo peca”.
Y resulta que ahora, mediante el espionaje digital, surgen las revelaciones del hackeo perpetrado por Guacamaya Leaks, que se han hecho virales y que denuncian actos ilícitos en los que aparecen involucrados varios mandos militares. En ese sentido late en el ámbito sinaloense la triste memoria de la Operación Cóndor, así como, en un plano más reciente se mantiene la memoria de la infortunada jornada conocida como el “Jueves Negro”, identificada también como “el día del Culiacanazo”.
Valga patentizar votos porque el porvenir depare a nuestro país la presencia de personajes a la altura de los expresidentes Lázaro Cárdenas, sucedido en el poder por Manuel Ávila Camacho. Ambos, generales de división, se ajustaron al orden constitucional mediante la instauración de la civilidad en México. Actualmente el panorama nacional no ofrece un espacio a las esperanzas de cambio en el Poder Legislativo, donde impera el voto de la mayoría partidista a favor de las presentes condiciones del país. .Queda como único bastión de contrapeso el Poder Judicial. Pero esa moneda está en el aire.
También en el ámbito nacional, la ausencia del Presidente López Obrador, así como de algún representante del Gobierno federal, incluyendo a las autoridades del Sector Salud, no empañó en alguna forma el contenido de legítima justicia que se concretó en la entrega de la Medalla Belisario Domínguez al personal del Sistema Nacional de Salud.
El acto tuvo lugar en el Senado de la República con asistencia de representantes de la Cámara de Diputados y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes compartieron un ánimo enfocado al reconocimiento de los médicos, enfermeras, asistentes médicos, radiólogos, camilleros y paramédicos que mantuvieron la más esforzada entrega en la lucha contra la pandemia del Covid-19, y muchos de los cuales ofrendaron su vida en aras de esa misión.
Los indicadores reflejan que el mal está cediendo el espacio a una nueva condición de endemia. La epidemia que durante dos años extendió un ominoso cuadro de angustia, de luto e incertidumbre, parece superada y ello ha permitido cumplir con el propósito de exaltar el valor del heroico sector médico que entregó todo para mantenerse en primera línea contra el pernicioso y letal embate del coronavirus. Este acto estuvo originalmente programado para efectuarse durante febrero de 2021, pero surgieron los impedimentos de orden sanitario que ahora parecen enfilarse a ser cosa del pasado.
