Hace unos días Carlos Heredia, el muy respetado académico y ahora ex-titular de la Secretaría de Vinculación del CIDE por una renuncia forzada, expresó en una entrevista a Proceso que: “El hecho de impulsar el pensamiento único, la uniformidad, el decir que todos deben pensar acorde con el Jefe del Estado o con el Presidente de la República, empobrece la vida democrática y nos condena a una falta de libertad”. Añadió, “cuando se están condicionando los apoyos al hecho de que pienses como yo, entramos en problemas”. Habla a propósito del CIDE y otras instituciones de educación superior -incluida la UNAM- y del capricho gubernamental de ir en contra de “las instituciones donde los académicos, investigadores y estudiantes trabajan el pensamiento crítico, emiten opiniones o escriben textos que difieren de las visiones que sostiene el presidente y critican el desempeño de su gobierno en distintos ámbitos”.
Tiene razón. El caso del CIDE, cuya reputación académica nacional e internacional de excelencia está fuera de toda duda, ha sido emblemático por lo burdo de las acciones en su contra. Desde la imposición de un director, pasando por despidos o renuncias forzadas, acusaciones sin fundamento y violaciones a sus estatutos. Por fortuna también ha sido emblemática -y nos ha dado una lección a todos- la resistencia que ha montado su comunidad académica, particularmente la estudiantil, con el único fin de mantener viva a su institución bajo los principios de libertad de cátedra y de investigación.
Esa ha sido la norma, con mayor o menor fuerza, para otras instituciones de educación superior, como la UDLAP, la Universidad de Guadalajara, el Centro de Investigación Científica de Yucatán, (CICY), la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y hasta la UNAM que ha sido acusada de haberse derechizado.
Bajo asedio del Estado mexicano están parte de los centros de educación superior y no pocas otras instituciones públicas, medios de todo tipo, organizaciones sociales y privadas dedicadas a la investigación y al activismo en favor de distintas causas.
Hay un común denominador que las une: no se pliegan a ese pensamiento único del que habla Carlos Heredia, están dispuestas a defender su autonomía e independencia y siguen corriendo el riesgo de hacer lo que siempre han hecho independientemente de quién haya estado sentado en la silla presidencial: constituir un contrapeso, vigilar las acciones de las autoridades (no sólo del Ejecutivo Federal sino de otros poderes y órdenes de gobierno), analizar y dar seguimiento a las políticas públicas y programas gubernamentales, denunciar los malos manejos de los recursos públicos o el uso faccioso de la justicia. En suma, exhibir un pensamiento distinto al que pretende imponerse desde el gobierno.
Entre las instituciones públicas, en realidad órganos de Estado, está en primer lugar el INE pero también el INAI, la COFECE o el IFT que luchan por mantener su presupuesto, su autonomía e independencia. La Corte también ha tenido que dar la batalla ante fuertes presiones como la propuesta de extensión del mandato de su presidente o las múltiples acusaciones de que el Poder Judicial “está podrido” y tiene una mentalidad ultraconservadora.
De los medios y los editorialistas que se atreven a mantener una posición crítica y siguen haciendo su tarea de investigar, informar y denunciar, ni qué decir. Son golpeados cotidianamente en las mañaneras y acusados de servir siempre a intereses obscuros y al único objetivo de mantener privilegios propios y de sus dueños o patrocinadores.
Finalmente están las organizaciones de la sociedad civil castigadas por la vía de auditorías constantes, legislación adversa para su sobrevivencia y denostaciones públicas que alejan a sus potenciales donantes e inhiben su trabajo por miedo a represalias.
Regreso a Carlos Heredia: “cuando se están condicionando los apoyos al hecho de que pienses como yo, entramos en problemas”. México está en problemas. Las instituciones mencionadas están bajo presión constante. La contención y la estigmatización del pensamiento crítico o disidente no sólo se ejerce a través de la censura directa sino de mecanismos más sutiles pero tanto o más efectivos como la estrechez presupuestal, el acoso fiscal, la descalificación, la promoción del descrédito o las normas y decretos que ponen obstáculos y admiten discrecionalidad. Todos estos mecanismos complican las funciones de las instituciones públicas, sociales y privadas para llevar a cabo sus tareas.
