El llamado al desacato constitucional por parte del Presidente del Senado la semana pasada, frente a una posible resolución de la Suprema Corte que suspendiera el proceso de la Elección Judicial, es una muestra más del creciente desprecio que, desde el oficialismo, se le profesa a la Carta Magna y al Estado de Derecho.
Por desgracia no se trata de un hecho aislado sino de una práctica sistemática.
El aniversario de la promulgación de la Constitución, acto republicano por antonomasia, se volvió una fiesta privada: la exclusión del Poder Judicial y el desprecio por la pluralidad política trastocaron el evento en una celebración social entre amigos.
No debiera extrañar, desde que hace más un año el aún Presidente López Obrador trazó la agenda de las reformas constitucionales por venir estaba claro que el procesamiento de estas se haría sin el concurso de la oposición.
No ha habido desde entonces búsqueda de consensos, amagos de diálogo o atisbos de negociación; de lo que se ha tratado es de honrar “el mandato del pueblo”.
He ahí un primer problema que se agrava: las constituciones que se dan los países suelen expresar los consensos de convivencia más primarios de sus sociedades, los principios mínimos que gozan de la mayor inclusión, empero la ruta que se está ensayando es la de consagrar en la Constitución las intenciones y programas del grupo político que hoy es mayoritario. Se quiere una Constitución programática, no de principios. Advierto una perversión relevante.
Porque además de que elevar a rango constitucional ocurrencias temporales como los vapeadores o el maíz transgénico, que eventualmente pueden variar según las evidencias científicas que soporten la prohibición o permisividad, se distorsiona también la jerarquía de normas: ¿la Constitución debe contener disposiciones cuasireglamentarias o debe preservarse para los principios generales?
Me temo que el camino que está transitando el “segundo piso de la transformación” es el de usar su espuria sobrerrepresentación para trastocar la Carta Magna y llevarla de un conjunto de principios soportados en el consenso social, a un conjunto de intenciones que descansan en un programa sobrecargado de ideología y carente de solvencia técnica.
La elección judicial ha sido un reflejo prístino de lo anterior. La Constitución se puede reformar al vapor, sin atender negociaciones. Las dificultades que se vayan presentando para la implementación de la elección se pueden resolver, acatando o desacatando la Constitución (eso no importa), lo importante es que el mensaje quede claro: el Poder Judicial es corrupto y un estorbo para la “transformación”. Los costos, para el oficialismo, parecen irrelevantes. El retroceso que semana a semana vivimos en términos de la integridad electoral del proceso es monumental. Escandaliza que no haya escándalo.
Finalmente, ironías del destino, tras socavar la independencia y credibilidad del Poder Judicial hay pronunciamientos que resultan comunes: “quien salva a su país no viola ninguna ley”. Eso lo pudo haber dicho perfectamente cualquier prócer de la autodenominada cuarta transformación, empero quien lo pronunció hace días fue Donald Trump.
Esos son los tiempos que nos tocó vivir. Cuando desde la autoridad se invita al desacato, se hace más complejo aplicar la ley.
