Concurso de buenas prácticas en seguridad ciudadana; nuestro fundamento político

En este 2024 ha emergido una de las decisiones más trascendentales en la historia del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero CDMX, al proponer el primer concurso de buenas prácticas en seguridad ciudadana. Redactaré múltiples entregas al respecto en este espacio en la medida que la iniciativa avance, en esta ocasión haciendo énfasis en los fundamentos políticos de la decisión.

En mi propuesta teórica que compara el paradigma democrático y el autoritario de la seguridad es posible contrastar lo que llamo la indisponibilidad de las políticas públicas en el primero y la disponibilidad en el segundo. Intento explicarme.

En una democracia, la seguridad es una función pública y también es un derecho humano en sí mismo y un derecho instrumental que sirve al ejercicio de otros derechos. En este caso la seguridad es palanca de fortalecimiento de su ejercicio. En cambio, en un régimen autoritario, la seguridad funciona como “cláusula de habilitación de poderes” (inspirado en Policía y Constitución, Barcelona Llop, Javier. 1997), expandiéndose justamente a costa de los derechos humanos.

Si estamos en el paradigma democrático, las políticas de seguridad no pueden ser cualesquiera y se someten a un medio de contraste que compruebe si contribuyen o no al ejercicio de los derechos humanos. Si en cambio estamos en el autoritario, pueden ser “las que sean” porque no pasan por verificación alguna a favor de los derechos, más bien auto reproduciéndose a favor de intereses hegemónicos, principalmente económicos, a su vez asociados a mercados formales, informales y delictivos.

Son políticas indisponibles cuando hay parámetros de derechos humanos para verificarlas, pero son disponibles cuando no los hay y se les puede manipular en cualquier sentido.

Hay un amplísimo consenso en la crítica a esta manipulación en México. Hoy parece más claro que nunca, la seguridad (y la justicia) sirven regularmente en buena parte del país a intereses diferentes a sus propósitos constitucionales y eso explica en buena medida la prolongación de nuestra monumental crisis de violencias, delincuencia e impunidad.

Lo que hace el concurso, primero que nada, es favorecer la indisponibilidad de la seguridad ciudadana, creando una plataforma de criterios de evaluación que, justamente, ofrecen certidumbre al quedar lejos de la operación política que desde poderes formales e informales viene garantizando el conflicto masivo con los derechos humanos. La certidumbre en la evaluación es el antídoto y en el concurso transitará por criterios tales como eficacia, eficiencia, innovación, asociatividad, impacto, sustentabilidad, gestión, liderazgo y empoderamiento, inclusión social y enfoques diferenciales, todos identificados a través de nuestra investigación internacional comparada, como parámetros comunes en experiencias de concursos similares previos en otros países (publicaremos la investigación base).

Antes de lanzar el primer concurso, hemos puesto en circulación una encuesta que nos entregará un marco de referencia sobre el estado de la cuestión en términos de actores de la sociedad civil interesados en participar y temáticas principales en las que trabajan. Buscamos la mayor acumulación posible de respuestas para ampliar y así fortalecer la base de legitimidad del certamen de 2024 y los que habrían de seguirle en frecuencia por determinar.

El concurso representa, creemos, una estimulante y prometedora ruta de incidencia que, esperamos, contribuirá a luchar por el reemplazo del paradigma autoritario por el democrático de la seguridad, transición política que sigue encontrando una tenaz barrera de resistencia.