¿Cómo sí reformar la justicia? 10 temas esenciales (que no se resuelven eligiendo jueces)

Reformar la maltrecha justicia mexicana es indispensable. Pero una de las tragedias de discutir esto, sobre la base de la iniciativa presidencial del 5 de febrero, es que la excesiva concentración en la elección por voto de la judicatura deja de lado aspectos que, verdaderamente, contribuirían a ampliar el acceso a la justicia para las y los más excluidos.

Este énfasis desplaza la atención de los problemas más álgidos y no atiende, de ninguna manera, las situaciones que afectan realmente a la población más empobrecida. Así, ésta no sólo es una mala reforma por lo que contiene, sino también por lo que no contiene.

¿Qué debería incluir una reforma que realmente quisiera ampliar el acceso a la justicia para los sectores más marginados? Los diagnósticos y las propuestas abundan, y coinciden con lo que organizaciones que tenemos décadas de trabajo en la defensa de víctimas -como el Centro Prodh- hemos documentado en el territorio, de suerte que no es difícil enlistar algunos temas esenciales:

1. Reconstruir a las fiscalías, incluyendo a la Fiscalía General de la República (FGR). El gran problema de impunidad de México tiene que ver, no sólo con jueces, sino ante todo con ministerios públicos. La apuesta adoptada hace algunos años de crear fiscalías autónomas fracasó, pues en casi todos los estados donde hubo alternancia la continuidad transexenal de la persona titular, lejos de servir a la consolidación de la institución, desembocó en conflictos políticos. Además, los avances que se habían alcanzando en la legislación orgánica de la FGR fueron revertidas por la actual administración y el liderazgo actual ha usado su autonomía para abstraerse de la rendición de cuentas y la coordinación, no para apuntalar la independencia de sus investigaciones.

2. Fortalecer la justicia local. Tanto los principales problemas de la justicia, como los más graves problemas de falta de independencia e imparcialidad se encuentran sobre todo en los poderes judiciales locales, donde las y los magistrados de los tribunales superiores de justicia estatales siguen demasiado sujetos a sus gobernadores.

3. Rediseñar todo el esquema de las policías encargadas de investigar los delitos. No tenemos en México policías con capacidades para investigar los delitos científicamente. Tradicionalmente, se encargaron de esta función -de forma en extremo deficiente y a menudo corrupta y/o violatoria de derechos humanos- las “policías judiciales” de las procuradurías, hoy policías ministeriales o policías de investigación. Actualmente, algunas policías preventivas asumen ciertas funciones investigativas, pero a nivel federal se facultó a la Guardia Nacional para funciones de investigación, lo que ahora se vuelve sumamente problemático por su carácter militar.

4. Incrementar las capacidades técnicas y la independencia de los servicios periciales. La debilidad crónica de los servicios forenses y la falta de inversión en estos, les hace ser técnicamente débiles y susceptibles a la influencia política indebida, estando además rebasados de carga laboral. Instituciones que se especialicen e innoven en la identificación de restos humanos son indispensables frente al rezago forense.

5. Acrecentar las capacidades, recursos y personal de las defensorías, sobre la base de lo que ha logrado el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP). El gran problema de acceso a la justicia en México tiene que ver con las dificultades que enfrentan las personas más desaventajadas para acceder a asesoría y representación legal de calidad. Aunque la defensoría federal se ha fortalecido, las defensorías estatales están rezagadas. Dada la inmensa carga de trabajo en lo penal, temas esenciales donde las personas en pobreza requieren protección judicial, como los asuntos familiares (pensiones, divorcios, custodias) o los relacionados con acceso a derechos sociales, ni siquiera alcanzan a ser cubiertos por las defensorías públicas.

6. Mejorar la carrera judicial tanto a nivel federal como estatal. En el sistema de adscripciones y carrera judicial, tanto en el Poder Judicial Federal como en los poderes judiciales locales, se decide todavía discrecionalmente en los hechos y eso sirve para que haya presiones indebidas sobre las personas juzgadoras. Es indispensable escalar los alcances de la Escuela Federal de Formación Judicial y fortalecer los concursos por oposición, fomentando la paridad, diversidad e inclusión.

7. Repensar la distribución territorial de la justicia. La localización de los juzgados federales y de los juzgados estatales a menudo responde a criterios políticos y mercantiles más que a una intención de acercar la justicia a quienes más la necesitan. Esquemas como la justicia itinerante de Colombia muestran que hay alternativas.

8. Ampliar el acceso al juicio de amparo. Claramente la reforma a la Ley de Amparo de 2011 no ensanchó la puerta de la justicia federal para los grupos más vulnerables. Las razones son múltiples y entre ellas están la complejidad del juicio de amparo y la insuficiente disponibilidad de servicios jurídicos de calidad gratuitos o accesibles.

9. Mejorar el monitoreo patrimonial oficioso a las personas juzgadoras tanto a nivel estatal como federal. Las herramientas para prevenir el enriquecimiento ilícito de quienes están a cargo de la función judicial se encuentran rezagadas frente a la realidad de la corrupción. En su momento tribunales locales como el de la Ciudad de México -que en opacidad, por cierto, rebasa al federal- se opusieron a que se les obligara a generar versiones públicas de sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflicto de interés aludiendo violación a la reserva de sus datos personales.

10. Regular el ejercicio de la abogacía. En su búsqueda de justicia, las personas más pobres de México no sólo son víctimas de un aparato ministerial y judicial indiferente, sino también de profesionistas del derecho que ejercen sus funciones con negligencia, irresponsabilidad y abuso, sin ninguna consecuencia, sobre todo en materia penal.

Sobre estas ideas, y otras más que por espacio aquí no alcanzan a plantearse, pueden encontrarse diagnósticos, propuestas y diseños creativos generados a partir de evidencia empírica por especialistas, universidades, organizaciones y las propias instituciones de justicia. Abrirse a las mejores prácticas internacionales es indispensable. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomendó a México hace unos años crear un Consejo Asesor plural que retomando lo que ha funcionado en otros países propusiera una iniciativa nacional contra la impunidad para unificar la política criminal y mejorar el acceso a la justicia.

Elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular no contribuirá a atender ninguna de estas necesidades, pero sí generará, lamentablemente, nuevos y preocupantes problemas. La reforma judicial propuesta el 5 de febrero de 2024 nos está distrayendo -de forma trágica- de discutir en serio los graves problemas de nuestro sistema de justicia roto.

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