Es altamente probable que en los últimos días hayas hecho un pedido por Amazon, solicitado un taxi por Uber, visto una película en Netflix y utilizado por horas Facebook o Instagram para leer las noticias o simplemente scrollear. Nuestra vida cotidiana está ligada desde hace algunos años al uso constante de plataformas tecnológicas que brindan diversos servicios digitales. Como resultado, muchas de estas empresas de la llamada “economía digital” han aumentado sus ingresos rápidamente hasta ubicarse entre las más ricas del mundo. Sin embargo, el aumento de sus ganancias no ha desencadenado necesariamente más beneficios económicos en los países donde tienen actividad económica. Estas empresas no pagan impuestos donde scrolleamos y utilizamos sus servicios.
Para buscar soluciones a esta problemática, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó el pasado 16 de agosto un primer documento que podría cambiar radicalmente este escenario. Los “Términos de Referencia” acordados guiarán las futuras negociaciones sobre mejores mecanismos para controlar la evasión y elusión tributaria de grandes empresas multinacionales, incluidas las de la economía digital. Es decir, los Estados miembros han vuelto a subrayar la necesidad de regular de una manera más justa y equitativa el pago de impuestos de empresas que realizan actividades en diferentes países, aunque no necesariamente tengan oficinas, sucursales o fábricas instaladas en dichos territorios.
Por dar un ejemplo pensemos en la empresa Meta, propietaria de Facebook e Instagram. Muchos de nosotros y nosotras utilizamos diariamente estas aplicaciones, vemos anuncios en ellas, aceptamos compartir nuestros datos personales con terceros, compramos productos y nos redirigen a tiendas virtuales. Todas estas actividades generan ingresos para la empresa. En muchas ocasiones nuestros clicks y likes están contribuyendo a las metas publicitarias por las cuales otra empresa o individuo decide anunciarse y comprar un espacio en redes sociales. Esta interacción con el usuario de la aplicación es tan fundamental para empresas como Meta, que el 98 por ciento de sus ingresos provienen de la venta de espacios de publicidad. Asimismo, quizás y sin saberlo, cada vez que abrimos estas redes y aceptamos la utilización de nuestros datos personales, estamos aceptando igualmente que dichos datos puedan ser vendidos a otra empresa. Ambas formas de generar ganancias no pagan impuestos directos en México y, por lo tanto, no aportan a las finanzas públicas del país a pesar de tener más de 100 millones de personas usuarias en el país.
Lo anterior es posible debido a las injustas reglas internacionales en materia de tributación. Estas reglas han sido elaboradas e implementadas principalmente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para defender los intereses de los países ricos, de donde provienen la mayoría de las grandes empresas multinacionales. En concreto, la OCDE ha privilegiado por muchos años la idea de que las empresas multinacionales solo deben pagar impuestos en el país donde está registrada legalmente su casa matriz, sin importar que muchos de sus ingresos se originen por actividades realizadas por usuarios en otros países. En el caso de Meta, esto significa que si bien la empresa tiene millones de personas usuarias alrededor del mundo consumiendo sus servicios, esta solo está obligada a declarar ingresos y pagar impuestos en los Estados Unidos (EEUU).
Curiosamente, Meta y muchas de sus empresas subsidiarias están formalmente registradas en Delaware, territorio considerado por muchos como uno de los mayores paraísos fiscales en el mundo. Según la organización Tax Justice Network, los EEUU y algunos países europeos como Irlanda, Reino Unido, Luxemburgo o Suiza también forman parte de la lista de paraísos fiscales, aunque habitualmente pensemos únicamente en islas caribeñas. Por lo tanto, no es de extrañar que estos y otros países ricos no votaran en favor del texto recientemente aprobado por Naciones Unidas y continúen defendiendo las reglas impuestas por ellos mismos en espacios como la OCDE.
Sin embargo, a pesar de la evidente defensa de los intereses de las empresas provenientes de los países ricos, la ONU logró aprobar por insistencia de los países de ingresos bajos y medios (incluido México) una esperanzadora guía para las negociaciones de los próximos años. Los compromisos esperados deberán construir mecanismos más inclusivos y eficientes para un reparto más justo de los impuestos entre los países donde empresas como Meta tienen operaciones. Desde Fundar seguiremos de cerca este proceso en donde sabemos que el Estado mexicano podría verse altamente beneficiado.
* La autora Ana María Morales Chacón es investigadora en el programa de Justicia Fiscal de @FundarMexico.
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