Comisionado de búsqueda: aguja y pajar
La valentía y tenacidad que se necesitan
Entendida como la oportunidad de tener al mejor Comisionado de Búsqueda de Personas en Sinaloa, la convocatoria de designación es más un ejercicio de solidaridad que el protocolo frío para llenar una vacante administrativa. Representa el momento crucial de definir quién comprende, empatiza y es capaz de sumarse al esfuerzo de localización de víctimas de desapariciones forzadas, y cómo el gobierno de Rubén Rocha Moya hará mancuerna con dicho funcionario para que presente excelentes resultados.
No se parte de cero, por supuesto. El 1 de noviembre de 2021, el mismo día que inició su mandato de seis años, el Gobernador arrancó como primer acto la reunión con familiares, voceros y líderes de colectivos de búsqueda, dándole un viraje total a la actitud de anteriores titulares del Ejecutivo estatal que en el discurso apoyaban y en los hechos simulaban. Con el nuevo gobierno vino la indicación de no dejar solas a las madres rastreadoras.
También se avanza en hacer realidad el Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana, cuya obra física ha sido terminada y se encuentra en la etapa de equipamiento con la inversión federal-estatal de 86 millones de pesos. Otro CertiDH está por construirse en Los Mochis, atendiendo las recomendaciones que formula en la materia el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas.
Pero lo que queda por hacer es aún bastante, en dos frentes que no admiten los puntos ciegos de la apariencia: uno de los cuales es garantizar la seguridad de las familias buscadoras en permanente peligro frente a la delincuencia que pretende frenarlas en su lucha, y otro en la inversión y voluntad pública para crecer los instrumentos técnicos, humanos y científicos que permitan sea más rápida y fiable la labor de ubicación de aquellos que le tatúan a Sinaloa la cruel interrogante de ¿dónde están?
En fechas recientes algunas de las organizaciones de rastreadoras han optado por salir indefensas a las acciones de recorrer territorios y mover la tierra para hallar fosas clandestinas, al negarse la fuerza pública a acompañarlas. Otros episodios dan cuenta de que la movilización policiaca y militar se implementó como reacción para rescatarlas del asedio criminal, siendo referente reciente el 25 de mayo al interceptar un grupo armado a integrantes de Sabuesos Guerreras en las inmediaciones de La Palma, municipio de Navolato.
Importa redundar que la obra física y la operación logística son trascendentes, no obstante que la prioridad es la seguridad de los miembros de colectivos rastreadores y la localización de las y los desaparecidos. Tener presente que los sacrificios de Sandra Luz Hernández, asesinada el 12 de mayo de 2014 mientras buscaba a su hijo, y Rosario Lilian Rodríguez, quien corrió la misma suerte en Elota el 30 de agosto de 2022, no admiten bajar la guardia en cuidar a aquellas que continúan en el calvario de encontrar a los suyos.
El Gobierno del Estado está llamado a adquirir plena conciencia de que las madres, padres y demás familiares que buscan a sus desaparecidos compiten desventajosamente con el crimen organizado que no está dispuesto a que la sociedad civil penetre en regiones donde fincan sus emporios delictuosos. En sí los hampones no quieren bloquear las indagatorias de las rastreadoras; lo que cuidan son cotos de impunidad donde los enclaves delictivos delimitan las franjas del Sinaloa sin más ley que la de los ellos, los malandros.
De ese tamaño es la tarea que le corresponderá coordinar al Comisionado Estatal de Búsqueda que resulte favorecido por la convocatoria publicada por el Gobierno de Sinaloa el 10 de julio. Es socialmente satisfactorio que se hayan registrado ocho pretendientes del cargo, sin embargo, lo alentador estará en seguir de cerca los procedimientos y los perfiles de los aspirantes. Sin otorgar avales ni repartir descalificaciones, algo de convicción y tenacidad debe moverlos debido a que conocen el cúmulo de bríos que requerirá el hecho de tomar a cargo el enorme problema que consiste en alrededor de 12 mil víctimas de desapariciones.
Por lo pronto se necesita la vigilancia e involucramiento ciudadano en esta fase de selección partiendo de que la cuestión a resolver a nadie nos resulta ajena. La privación ilegal de la libertad, acto original que transita a la angustia de no saber dónde están, vivos o muertos, nuestros seres queridos, violenta las garantías en general, víctimas o no, reclama valentía y perseverancia; atrevimientos completos y convencimientos irreversibles.
Ojalá que Karla Elizabeth Vergara Villamán, María Soledad Pérez Garmendia, José Ramón Ledezma Murillo, Daniel Sánchez Castro, Karina Elizabeth Márquez Calderón, Alejandra Bojórquez Sepúlveda, Jesús Everardo Godoy Bojórquez y José Luis Salazar Cruz hayan antepuesto el trance de reflexión profunda que los llevara a decidir la participación. El carácter y el tesón del que tendrán que echar mano se eleva a niveles insuperables. Bienvenidos, pues, al mayor reto de sus vidas.
Ya habrán reflexionado,
Que no es día de excursión,
Sino asunto del corazón.
Lo de ser Comisionado.
Le tocó bateo emergente al Secretario de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, cubriendo la ausencia por vacaciones del Gobernador Rubén Rocha Moya. Y como no admite asueto el tema de la judicialización de supuestos delitos cometidos por funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, entre éstos el Rector Jesús Madueña Molina, el segundo hombre con más poder en la administración pública estatal dijo que “la autonomía no significa permiso para cometer delitos. Es principio constitucional básico que todo órgano que administra recursos públicos tiene que dar cuenta de ellos, y el mal ejercicio de los recursos públicos debe ser sancionado. Se llama Estado de Derecho. El Gobernador lo ha dicho aquí, no hago más que repetir sus palabras; uno de los principios básicos de este gobierno es la lucha contra la corrupción”.
