Combatir la crisis requiere más que fuerza: hacia un modelo civil de seguridad pública

@FundarMexico

Animal Político / @Pajaropolitico

Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio una discusión histórica que representa un freno a la tendencia militarista que ha caracterizado a la política de seguridad pública de la presente administración federal. En efecto, al resolver la acción de inconstitucionalidad 137/2022, promovida por una fracción del Senado de la República en contra de diversas reformas legales que trasladaban el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, la SCJN resolvió que esta medida era contraria a nuestra Constitución, en razón de que, conforme a nuestro artículo 21 constitucional, la GN debe ser una institución policial de carácter civil, sujeta a una jerarquía y controles civiles; y, a consideración de una mayoría de ocho ministros y ministras, las reformas impugnadas representaban una forma de fraude a la Constitución, ya que vaciaban de contenido lo establecido en el artículo 21 y hacían de la GN una institución materialmente castrense.

Así, con esta resolución, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se ve en la encrucijada de afrontar una responsabilidad y una obligación impostergable e ineludible: diseñar y desarrollar, de una vez por todas, un programa y un modelo de seguridad de carácter civil, basados en el paradigma de la protección ciudadana, y no en el de la destrucción de un enemigo, que tome en cuenta las dinámicas de violencia regionales y las redes de criminalidad que se generan en los territorios, bajo la premisa de que, en estas redes, las autoridades de todos los niveles, no sólo las municipales y estatales, son susceptibles de ser cooptadas.

Ante la evidencia de la cooptación de las policías estatales y municipales por grupos del crimen locales, la antigua Policía Federal -hoy Guardia Nacional- optó por un modelo de respuesta ante la crisis de violencia apoyado en las Fuerzas Armadas. Esto, puesto que la respuesta institucional se centró en tener una capacidad de respuesta proporcional en términos de fuerza letal, así como en presencia en los territorios en disputa. Sin un entendimiento de las dinámicas criminales y macrocriminales y su historia dentro del muy distinto territorio nacional, (1) la militarización de facto de sexenios anteriores sacrificó la creación de un modelo policial federal civil de protección ciudadana. Lo anterior, puesto que, en términos de planeación y estrategia, centrar los limitados recursos políticos y económicos del Estado en una respuesta militar ante el crimen acotada al combate directo con grupos delictivos y la presencia territorial donde se dieran las disputas, impidió destinar esfuerzos institucionales en la atención, prevención e investigación del delito con modelos policiales acorde en sus respectivos niveles: federal, estatal y municipal.

Con la creación de la Guardia Nacional y la reforma constitucional de 2019, la situación no cambió sino que se ignoró bajo el supuesto que las Fuerzas Armadas tendrían la capacidad para reaccionar y atender el fenómeno criminal en México. Es decir, que aunque se dijera enunciativamente que el carácter de la Guardia Nacional era civil, la conformación mayoritariamente militar de sus elementos fue otro incentivo para ignorar el diseño del modelo policial acorde a este cuerpo, (2) puesto que la disciplina, formación y distribución territorial de la Guardia se explicitaron como suficientes para atender y prevenir el fenómeno criminal. El Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, por ejemplo, estableció pautas para el fortalecimiento de policías estatales y municipales, así como una articulación de estas con la Guardia Nacional y las Fiscalías, pero ignoró deliberadamente la creación de un diseño propio de policía civil para la protección ciudadana que debería tener el cuerpo federal que es la Guardia Nacional.

Los fenómenos criminales y macrocriminales en México -que tienen como una de sus consecuencias principales las altas cifras de incidencia delictiva que se traducen en asesinatos, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales- requieren algo más que una capacidad de fuerza proporcional ante la letalidad de los grupos del crimen organizado. Una Guardia Nacional de carácter militar no fue ingenua al respecto, pero sí al hecho de que sus elementos tendrían la formación necesaria para labores de seguridad pública, así como inmunidad hacia la constante cooptación por parte de grupos del crimen organizado.

El reto ahora es crear una Guardia Nacional que sí tenga un carácter civil. ¿Qué quiere decir esto? De inicio, el modelo de policía federal civil de protección ciudadana que se ha ignorado a la fecha. Este debe contemplar, al menos, capacidades de análisis e investigación del fenómeno criminal, estrategias territoriales diferenciadas y mantenidas en el tiempo, una articulación con policías estatales y municipales para definir mecanismos de acción y prevención, y -sobre todo- formación suficiente y controles claros para que todas sus actuaciones se den con absoluto respeto a los derechos humanos. Dicha labor recae ahora en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la cual no puede ignorar de nueva cuenta esta responsabilidad.

Lo anterior, junto con una política pública de seguridad y justicia definida a partir de prioridades de persecución penal acordes a los niveles de daño social que tenemos, podrían ser los primeros pasos para salir de la crisis. La reciente decisión de la Corte nos pone ante la posibilidad histórica para, a partir del enfoque policial civil que sólo un cuerpo federal podría tener, crear las estrategias a corto, mediano y largo plazo para responder a los entornos criminales que han creado una crisis de violencia en el país desde hace más de 15 años.

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Los autores son Ángel Ruiz y Humberto Guerrero, quienes forman parte del programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.

1. Por ejemplo, para entender a la desaparición como el efecto de una dinámica macrocriminal compleja en el territorio nacional, es necesario historizar cómo se insertaron estructuras desaparecedoras en distintas regiones desde los años 70, que luego se reciclaron ante la dinámica criminal del nuevo siglo. Y para atender a dichos fenómenos criminales es necesario tener estrategias consensuadas con los actores sociales que se encuentran en los territorios. Cf. Antillón y Ruiz (2022). “El Estado vs. El estado. Políticas de justicia transicional, impunidad y administración de las víctimas en México”, en Todavía No. Justicia, democracia y transición en América Latina, Robledo, Guglielmucci y Vera Lugo (coords.), CIESAS-Universidad Javeriana, pp. 161-170.

2. Adriana E. Ortega y María Fernanda Torres explican cómo policías militares y navales se mantuvieron como parte de sus instituciones al ser comisionados a Guardia Nacional y cómo el reclutamiento en esta nueva institución ha sido principalmente militar. Cf. “El fraude de carácter civil de la Guardia Nacional”, en El juego de la Suprema Corte, Nexos, 14/04/23.