El combate a la corrupción ha sido planteado como una prioridad para el Gobierno actual. Incluso esta administración ha impulsado reformas legales con la intención de eliminar este fenómeno de la vida pública del país.
Sin embargo, a pesar de que en el discurso y a nivel normativo se aborde este problema, las cifras cuentan otras historias. La tendencia general es que el presupuesto asignado a las instituciones anticorrupción ha ido a la baja entre 2018, el último año del Gobierno de Peña Nieto, y los primeros años de este gobierno hasta el 2022. Cinco de las siete instancias del Sistema Nacional Anticorrupción han tenido un decremento y únicamente dos instituciones han tenido un aumento.
Entre 2018 y 2022, el ente que más disminución ha tenido es la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) con una reducción de 39 por ciento de su presupuesto. Le sigue el Instituto Nacional de Transparencia y acceso a la Información y Protección de Datos Personales con una reducción de 24 por ciento. Por su parte el Tribunal de Justicia Administrativa (TFJA) ha tenido una reducción de 17 por ciento; el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tuvo una reducción presupuestal de 6 por ciento y la Auditoría Superior Federal (ASF) ha tenido un decremento de 4 por ciento. Las instituciones que tuvieron un ligero aumento fueron la SFP de tan sólo tres por ciento y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) con un incremento de 295 por ciento. Sin embargo, tampoco es una cifra alentadora, ya que por un lado debe considerarse que pasó de ser una dirección de la antes Procuraduría General de la República a ser una fiscalía especializada en 2019 razón por la cual han aumentado sus atribuciones y, con ello, su presupuesto. Y, por otro lado, su presupuesto representa menos del uno por ciento de los recursos que recibe la Fiscalía General de la República.
Para analizar el presupuesto en materia anticorrupción, no solo basta con revisar el presupuesto de las instituciones públicas dedicadas a este tema. Desde 2018, contamos con una fuente mucho más detallada y valiosa en el presupuesto: el Anexo Transversal Anticorrupción (ATA). En este Anexo, las diversas instituciones públicas reportan los recursos que verdaderamente dedican a acciones para limitar la corrupción en México.
Si bien el ATA conoció unos inicios tumultuosos, desde 2020 se ha implementado de manera más sistemática y con una metodología robusta elaborada por el SESNA, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Laboratorio de Políticas Públicas (Ethos), basada en la Política Nacional Anticorrupción.
Al comparar los recursos etiquetados en el ATA 2021 con los recursos aprobados para el ejercicio fiscal 2022, los recursos incrementaron tres por ciento al pasar de 3.439 millones de pesos en 2021 a tres mil 532 millones de pesos en 2022[1]. Aunque se puede apreciar un aumento, cabe recordar que únicamente el cuatro por ciento del presupuesto de las instituciones de combate a la corrupción están etiquetados a acciones anticorrupción, y el presupuesto del Anexo Transversal representa menos de uno por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación. En pocas palabras, las cifras no parecen reflejar la priorización del combate a la corrupción tan presente en el discurso de esta administración.
La metodología usada en el ATA permite revisar cuánto se destina a cada eje de la Política Nacional Anticorrupción. Llama la atención la repartición desequilibrada entre los diferentes ejes. El 75 por ciento de los recursos están etiquetados para la operación del eje “Combatir la corrupción y la impunidad”, el 21 por ciento al eje “Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder”; y sólo el dos por ciento de los recursos se destina al eje de “Involucrar a la sociedad y el sector privado”; el mismo porcentaje se etiqueta para el eje “Promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno-sociedad”. Es decir, las prioridades se concentran principalmente en el eje 1 enfocado a que las dependencias se coordinen y comuniquen para establecer acciones de combate a la corrupción. Otro de los puntos que resaltan es que la ASF, una pieza clave para el combate a la corrupción, no reportó presupuesto ligado a actividades anticorrupción en este Anexo Técnico.
Aun cuando es un avance importante contar con el ATA, las diversas incongruencias al analizar el documento complican el seguimiento y el análisis del presupuesto en materia anticorrupción. Para que el ATA sea un fiel reflejo de la política anticorrupción de esa administración, es fundamental avanzar en dos vías:
Establecer la obligación en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de la incorporación del ATA al Presupuesto de Egresos de la Federación.
Capacitar y sensibilizar las instituciones al ATA. Es importante que las dependencias públicas entiendan la importancia del ATA y lo incorporen a sus prácticas.
Hoy en día, el ATA cuenta con una metodología robusta, pero necesita también de una implementación adecuada.
* El programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico busca incidir en los mecanismos institucionales de rendición de cuentas e implementar acciones que disminuyan la corrupción y sus afectaciones sobre el ejercicio de los derechos humanos.
[1] Todas las cifras están expresadas en pesos constantes de 2022, las variaciones son en términos reales.
