Esta semana se ha discutido mucho acerca de ordenes de aprehensión emitidas por la Fiscalía General de la República, este hecho en sí no debería de llamarnos la atención, ya que es parte de lo que hace la Fiscalía diariamente (no crea que todo el dia se dan abrazos), lo curioso es que estas órdenes de aprehensión son en contra de 31 científicos y exfuncionarios por lavado de dinero y asociación delictuosa y que esta es la tercera ocasión en que estas órdenes de aprehensión son solicitadas por la FGR, las 2 ocasiones anteriores se las ha negado el Juez correspondiente bajo el argumento de que al acusación carecía de pruebas y argumentos que acreditaran la existencia de un delito.
La denuncia presentada, de la cual surge la solicitud de ordenes de aprehensión consiste en una acusación por parte de la actual dirección del Conacyt en contra de esas 31 personas que encabezaron Comités entre 2013 y 2018 y autorización otorgar recursos públicos a una asociación civil con razón social: Foro Consultivo Científico y Tecnológico por un monto de 200 millones de pesos, es importante aclarar que esta asociación existe desde el 2002 y desde entonces ha recibido recursos públicos, de igual manera es importante mencionar que la mala relación entre el foro consultivo y el Conacyt inicia cuando la actual administración de éste decide cancelar el financiamiento al foro.
Aquí hay dos puntos de vista la del Conacyt la cual señala que la otorgación de los recursos al Foro fue ilegal y que no debieron ser otorgados ya que las actividades por la cual se les otorgo dicho recurso eran actividades que tenían que haber sido realizadas por el propio Conacyt, y la del Foro quien señala que la asignación de recursos de ninguna manera fue discrecional y lo fundamentan en la Ley de Ciencia y Tecnología y que todas sus actuaciones se realizaron al amparo de la ley.
Como usted puede observar, estamos ante dos situaciones, la primera en la que se demuestra que se actuó de manera ilegal, dejaría un precedente importante, ya en este espacio hemos mencionados que el combate a la corrupción debe de ser fundamental para cualquier gobierno, pero por otro lado si se demuestra que no se actuó de manera ilegal dejaría un triste precedente consistente en que más que combatir corrupción se simula combatirla, ya que el Conacyt denuncia a estas 31 personas y la FGR actúa en consecuencia, pero el Conacyt hace caso omiso de las resoluciones de un Juez Federal, ya en marzo de 2020 un Juez Federal acusó María Elena Álvarez Buylla, directora del Conacyt por desacato de una suspensión definitiva que le ordenaba seguir otorgado recursos al Foro, suspensión que se dictó en octubre de 2019 derivado de un amparo que promovió el Foro, y la FGR tampoco ha actuado en consecuencia, ya que el no acatar una suspensión de acuerdo con el artículo 262 de Ley de amparo de nuestro país conlleva una pena de 3 a 9 años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de 3 a 9 años.
Esperemos que esta omisión no tenga nada que ver con que el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero el pasado 19 de abril haya sido aceptado como investigador nivel 3 ( el nivel más alto) por parte del Conacyt, después de once años de haber sido rechazado por no contar con los méritos académicos suficientes. ¿Qué le parece estimado lector?
PD 1. Jesús Iván Chávez Rangel, Ricardo Castaños Hernández y Miguel Orlando Simental Zavala es la terna de la cual saldrá la vacante dejada por el ahora exmagistrado Enrique Inzunza Cazarez.
PD 2. A partir de la próxima semana tendremos nueva legislatura en nuestro Estado, 20 diputados de Morena, 8 del PAS, 8 del PRI, 2 del PAN, 1 de Movimiento Ciudadano y 1 del Partido del Trabajo.
PD 3. Rápidamente se esparció la noticia de que la Diputada de Puebla Sandra Nelly del Partido Morena y su esposo fueron detenidos derivado de una investigación por venta y distribución de armas de fuego de alto calibre.
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