Cobro de piso: todos sabían y permitían
Impuesto criminal sigiloso e intimidante

A nadie le sorprende que la delincuencia organizada persista en el intento de tomar el control en Sinaloa de territorios, actividades productivas, ordeña de ductos de distribución de gasolinas, giros negros e inclusive de instituciones de Gobierno, pero precisamente esa pérdida de la capacidad de asombro es la que potencia el peligro de mayor dominio criminal sobre quehaceres que, al ser estratégicos, deben correr por las vías de lo legítimo y la civilidad. Callar y respirar profundo mientras vemos cómo arrasan con la seguridad pública y la legalidad equivale meter la cabeza en los hocicos de fieras cuya mansedumbre es imposible.

Después de los manejos periodísticos que el diario Noroeste ha presentado sobre el cobro de piso por parte de células del narcotráfico del norte del estado, que diversifican sus alcances delictivos, la gente razona con el clásico “ya lo sabíamos”, esas tres palabras que incitan a la resignación frente a realidades a las que debemos habituarnos por más que comprometan el acceso a la paz y Estado de derecho.

En efecto, tal como lo reconoció Enrique Inzunza Cázarez, Secretario General de Gobierno con licencia y candidato al Senado por Movimiento Regeneración Nacional, desde hace meses circula la hipótesis de que células del narcotráfico extienden el marco de dominio hacia sectores y actividades que la gente pacífica había desarrollado sin los obstáculos de índole hamponil, no obstante el silencio que parecía blindado por el miedo a pagar consecuencias letales. Finalmente la pinza delincuencial apretó tanto que rompió el mutismo y la denuncia anónima actúa hoy como el último reducto de esperanza en que las autoridades, enteradas desde hace tiempo, actúen para hacer valer la Ley.

El trabajo de indagación realizado por los periodistas Belem Angulo y José Abraham Sanz tiene el mérito de sacar a la luz pública un tema que si bien es cierto afecta directamente a transportistas que se dedican a movilizar los productos del campo, igual representa riesgos para el resto de las ramas económicas sinaloenses por la capacidad expansiva que deriva de la impunidad. Hay que recordar que células del narcotráfico incursionaron al huachicol desde la segunda mitad de la década anterior, por allá en 2015, en la misma zona afectada actualmente por la extorsión a la carga agrícola.

La ordeña de ductos de Petróleos Mexicanos se generalizó en los municipios de Angostura, Salvador Alvarado y Guasave, y nada se supo al respecto desde que el Presidente Andrés Manuel López Obrador le declaró la guerra a huachicoleros en 2019, a cuatro meses de asumir el cargo. Aquello fue del dominio público en voz baja, lo sabía al dedillo el entonces Gobernador Mario López Valdez, pero nadie actuó para parar la extracción de gasolinas en puntos desde los que salían pipas cargadas de combustibles robados.

En el tema del cobro de piso no es la primera vez que empresarios se quejan de ese modo de multiplicidad del crimen organizado. Antes se ha sabido que en Mazatlán y Los Mochis algunos negocios eran o son obligados a pagarles cuotas económicas a malandrines a cambio de la “protección” que estos les ofrecen para no ser blanco la delincuencia que son ellos mismos. Y como los gobiernos federal y estatal, mucho menos los municipales, no dan garantías de seguridad pública, pues el miedo a agresiones los convierte en rehenes de sicarios.

La utilidad del seguimiento informativo que Noroeste le da al problema de cobro de piso tiene que ver con la oportunidad para que la Guardia Nacional, Ejército y Policía Estatal hagan el correspondiente trabajo de restablecer las condiciones en que todos los sectores sinaloenses permanezcan en sus labores legítimas y evite que ocurra aquí lo que sucede en otras zonas del País, como los productores de aguacate y limón de Michoacán o los comerciantes de Guanajuato y Chiapas, forzados a cubrir este impuesto criminal.

Sinaloa se había mantenido fuera del mapa donde el crimen cobra derecho de piso. En abril de 2023 la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes no incluía a esta entidad en el reporte nacional de víctimas de la extorsión en la cual aparecieron como afectados 22 estados. Por eso resulta puntual y valiente el intento de los transportistas del norte por librarse de un pesado lastre imposible de cargar.

Por lo pronto se ha conseguido el despliegue de fuerza pública a la región dañada por la extorsión, en operativos que aparte de ser numéricos contienen acciones tácticas con tareas de inteligencia. Es un buen comienzo sólo si existe la voluntad de los tres niveles de Gobierno para combatir esa hidra que se extiende más allá del trasiego de drogas, invadiendo áreas económicas que creíamos a salvo de cárteles y demás parafernalia delictiva. Y que es como el monstruo mitológico de Lerna al que le salían dos cabezas por cada una que le cortaban.

Vale que sea “a la sorda”,

Como conozcamos su infierno,

Pero no vale que el Gobierno,

Se haga de la “vista gorda”.

Excepto Quirino Ordaz Coppel, que tiene una excelente relación con altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, y Rubén Rocha Moya que le apuesta a la coordinación entre Guardia Nacional, Ejército, y Policía Estatal para pacificar a Sinaloa, los demás gobernadores obstruían los despliegues castrenses y hasta temblaban más que los narcos al verlos llegar por centenas. Con el arribo ayer de otros 300 militares, está claro que frente a cualquier repunte de violencia o presión que la delincuencia ejerza sobre la población de bien, la respuesta será de más tropas destacamentadas en la tierra de los once ríos.

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