Desde hace cinco años, Causa en Común forma parte del Observatorio de la Guardia Nacional y la militarización de México, integrado por organizaciones sociales, activistas, periodistas, académicos y ciudadanos, con el objetivo de documentar y difundir información sobre la conformación y operación de la Guardia Nacional (GN), visibilizando los efectos de la creciente influencia militar. A continuación, adelantamos las principales conclusiones de nuestro Quinto Informe, a publicarse y presentarse el próximo 31 de julio.
Desde la creación de la GN en 2019, el papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública ha venido creciendo significativamente, sin arrastrar resultados favorables en la materia. Originalmente concebida como una fuerza de seguridad civil, la GN tan sólo ha servido para allanar el camino de la militarización, concluyendo con el traslado de su control operativo y administrativo a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en 2022. Esta decisión, respaldada por los poderes ejecutivo y legislativo, no ha estado exenta de controversias, sobre todo motivadas por la creciente disputa entre el presidente y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN).
Pese a que la SCJN declaró inconstitucional el traslado de la GN a la SEDENA, esta última abiertamente ha girado instrucciones para desacatar la resolución del máximo tribunal de justicia, incurriendo en una grave ilegalidad y, una vez más, reafirmando la nueva capacidad del Ejército para doblegar a las autoridad civiles. Por si fuera poco, el triunfo del oficialismo en el último proceso electoral confirma que el gobierno entrante dará la estocada militarista final, siendo ya conocidas las intenciones de la presidenta electa Claudia Sheinbaum sobre aprobar el último paquete de reformas constitucionales enviado al Congreso por el presidente López Obrador.
A través de estas reformas, se busca cumplir los siguientes objetivos: 1) adscribir a la GN bajo el mando de SEDENA; 2) reconocer a la GN formalmente como una corporación de la Fuerza Armada Permanente; 3) facultar al presidente de la República para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad de manera ordinaria; 4) conceder la posibilidad de fuero militar a los guardias nacionales que cometan delitos y violaciones a los derechos humanos, y 5) despedir a los últimos elementos civiles de la GN: los policías federales.
Es importante decir que estos cambios constitucionales son la mera formalización de un proyecto militarista que, desde el día uno, ha orientado la construcción y el funcionamiento de la GN, y que ha marchado en paralelo con un proyecto político para concentrar el poder en la figura presidencial mediante las Fuerzas Armadas.
Esto último se advierte teniendo en cuenta la enorme serie de facultades y labores encargadas a la GN durante sus cinco años de existencia, los cuales se desvían significativamente de su función constitucional. La GN se encarga de labores de construcción de obra pública, de la distribución de vacunas, medicamentos, fertilizantes y los recursos de la política social, de la operación de aduanas, puertos y marinas, entre muchas otras. Esto no sólo ha implicado el reemplazo sin sentido de personal civil capacitado por funcionarios militares, sino también afectaciones al desarrollo y fortalecimiento de una corporación que debiera exclusivamente enfocarse en garantizar la seguridad pública.
Aunado a lo anterior, el control de facto que ejerce la SEDENA sobre la GN ha significado que la inmensa mayoría de su personal se componga de transferencias de las Fuerzas Armadas, sin que exista certidumbre sobre la calidad de su formación. En buena medida, estando adscrita a la SEDENA, la GN nunca ha sido una policía fiscalizable y auditable en términos de la certificación policial que obtienen sus elementos. Esta última, incluso, terminará volviéndose irrelevante una vez que la transición de la GN a la SEDENA se oficialice puesto que, en tanto entidad militar, dejará de adscribirse a la legislación aplicable para las policías del país.
La falta de información para evaluar la operación de la GN es también palpable en lo referente a su despliegue territorial. Nunca se han aclarado los criterios con los que se determinan el número de guardias nacionales desplegados, ni la construcción de sus cuarteles en las entidades del país. El único parámetro de medición oficial para la efectividad de la GN ha sido su porcentaje de aprobación ciudadana, el cual, a nivel nacional, suele ubicarse por encima del 60 %. Sin embargo, este dato es irrelevante como indicador de su efectividad en materia de seguridad pública, dado que el impacto de la GN en la reducción de la incidencia delictiva es sumamente limitado, según los propios informes de la corporación y los registros del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Finalmente, importa decir que el avance de la militarización también se refleja en la asignación de recursos. En 2024, la GN recibió un total de 67 mil millones de pesos, cantidad que se suma a los 274 mil 551 destinados a la SEDENA y a los 68 mil 596 otorgados a la Marina. En conjunto, estos 383 mil 673 millones de pesos que componen el presupuesto militar representan el 3.4 % de presupuesto total del país, siendo el tercero más importante en la presente administración. No por obvio hay que dejar de advertir que estos aumentos presupuestales para las Fuerzas Armadas ocurren a expensas de otros programas de seguridad pública, como el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (FORTASEG), que han experimentado recortes o han sido eliminados.
Además de estos incrementos presupuestarios, las Fuerzas Armadas también han obtenido ingresos adicionales a través del control de proyectos y empresas estatales, muchos de los cuales permanecen sin hacerse públicos. Por ejemplo, la empresa Grupo Aeroportuario Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica S. A. de C. V., controlada por la SEDENA, administra el Tren Maya y varios aeropuertos, y recibe el 80 % de los impuestos del cobro a extranjeros.
La militarización de la seguridad pública en México, como se detalla en el Quinto Informe del OGN, plantea serias preocupaciones sobre el balance de poder, la protección de los derechos humanos y la efectividad de las políticas de seguridad. El incremento en el presupuesto y las facultades otorgadas a las Fuerzas Armadas, junto con las denuncias de violaciones a los derechos humanos, sugieren la necesidad de reevaluar y posiblemente revertir esta tendencia. Es fundamental que se busquen alternativas que fortalezcan las instituciones civiles y aseguren una seguridad pública basada en el respeto a los derechos humanos y la transparencia.
* El autor Fernando Escobar Ayala es licenciado en Ciencia Política por la UNAM, con líneas de investigación en sociología de las violencias, seguridad pública y militarización. Se ha desempañado como profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y como investigador en organizaciones de la sociedad civil en temas como el combate a la corrupción y la promoción de los derechos humanos.
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