Castigo ejemplar en el caso luminarias
Justicia lenta, ¿perdón a ‘El Químico’?
A partir de que el ex Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, fue vinculado a juicio por el caso de las luminarias compradas sin licitar a la empresa Azteca Lighting, la justicia debe caminar más rápido en los procesos sobre casos de corrupción castigando no sólo el daño administrativo asestado sino los costos sociales y las consecuencias para las víctimas, sería el resumen del conversatorio realizado ayer por las organizaciones Iniciativa Sinaloa y Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa.
Otro de los planteamientos del panel “Presunta Corrupción en Sinaloa: caso luminarias Mazatlán” considera que al poner a servidores públicos a disposición de los juzgados, acusados de desempeño irregular del cargo, las autoridades no deben caer en la tentación de la judicialización de la política ya que ello lleva implícito el riesgo de sanciones menores que en vez de combatir las prácticas corruptas terminan alentándolas.
En esta charla participamos ayer junto a Vania Pérez, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción; Gustavo Rojo, Director de Observatorio Ciudadano de Mazatlán, y Marlén León, Directora de Iniciativa Sinaloa, que moderó el evento. La ronda de ideas se da en el contexto del inicio del juicio contra “El Químico” Benítez y la interrogante de en cuál momento y cómo se dará por reparado el daño. La pregunta eje es ¿qué debemos esperar las y los ciudadanos de la próxima sentencia y de las autoridades para el caso de las luminarias?
Vania Pérez le dio énfasis a no perder de vista que más allá de la posible acción resarcitoria del recurso público afectado la intervención judicial tendría que determinar cuánto significa para Mazatlán el daño al erario en el presente y el futuro; que el avance sea, aparte de la recuperación de los activos afectados, en beneficio para la población directamente lastimada por los delitos. Dio a conocer que en otros estados del País se repiten situaciones como las de Mazatlán donde particulares se benefician desde el Gobierno en compras inherentes al alumbrado público.
La corrupción, dijo, es un negocio rentable para funcionarios deshonestos, pues del mismo dinero sustraído obtienen para pagar las bajas sanciones impuestas por los órganos de impartición y procuración de justicia. Consideró que para avanzar a resolutivos de sanción que reparen los diferentes tipos de daños de estas conductas administrativas ilícitas es esencial que los medios de comunicación continúen investigando la comisión y el impacto de los delitos, y que la memoria colectiva mantenga viva la narrativa con fines de no repetición.
Gustavo Rojo opinó que el caso Benítez Torres no debe utilizarse para obtener victorias políticas que acaban deslegitimando la actuación de los órganos que imparten justicia. Si lo primordial está en buscar rendimientos políticos, agregó, la denuncia ciudadana resulta desincentivada y los fraudeadores del erario se salen con la suya. Exhortó a fortalecer el activismo de la sociedad para que la ley domine por encima de intereses que luchan por obstruirla.
Eso es lo que está por verse en el juicio a Benítez Torres, dijo Gustavo Rojo: si en realidad se busca que pague por los presuntos delitos que cometió, o se trató únicamente de una jugada para quitarle el cargo de Presidente Municipal. En este punto coincidimos, porque caerá la expectativa colectiva de combate a la corrupción en Sinaloa en caso de resultar la palmada en la espalda para quien compró en 2022 cada luminaria en 187 mil pesos, y el mes pasado el actual Alcalde Édgar González Zataráin las adquirió en 3 mil 580 pesos la unidad.
Marlén León resaltó cómo la participación ciudadana sí hace posible avanzar en materia de transparencia, al referenciar el caso de Observatorio Ciudadano de Mazatlán que acompañó el reciente proceso de licitación de las luminarias y logró se abriera a la sociedad y demostrara los ahorros que se logran al no intervenir el elemento corrupción. Remarcó la trascendencia que adquiere el hecho de que periodistas, organismos y organizaciones civiles especializadas en materia anticorrupción analicen el contexto de las contrataciones públicas y las denuncias ciudadanas por mal uso de recursos públicos.
La conclusión apunta a que la solución sí existe frente a hechos de corrupción en los ayuntamientos y gobiernos estatales. El modelo Mazatlán, dando por hecho que el escarmiento a “El Químico” emane del Poder Judicial aleccionador e imparcial, puede sentar el precedente de dinero robado funcionario castigado.
Y los cinco elementos que deben converger, según Vania Pérez, en la fórmula que debiera estarse aplicando en Sinaloa en la lucha anticorrupción son: articulación de las instituciones para lograr la auténtica rendición de cuentas, allegarles el periodismo a los ciudadanos con la información clara y probada de este tipo de asuntos, acción imparcial de autoridades fiscalizadoras e investigadoras, asignarle al aparato anticorrupción los suficientes recursos humanos y financieros, y sobre todo mucha sociedad de ojos abiertos puestos sobre el manejo de recursos públicos.
Ni de chiste el final cínico,
Donde la justicia le dice,
¡Felicidades, señor ‘Químico’,
La impunidad lo bendice!
En esta segunda etapa de careos judiciales entre la Fiscalía General del Estado y la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde el Rector y colaboradores son acusados de desempeño irregular de la función pública, el Ministerio Público empujará la solicitud ante el Juez para que Jesús Madueña sea separado del cargo y deje de utilizar recursos financieros de la UAS, que es la víctima, al defenderse él de supuestos delitos asestados a la misma institución educativa. Éste sería el primer trofeo legal logrado por el equipo de Sara Bruna Quiñónez después de que obtuvo tres vinculaciones a proceso.
