Caso Santos Moreno y lucro electoral
Fiscalía ahuyentó a zopilotes políticos
Con la investigación de la Fiscalía General del Estado que permitió detener al presunto asesino de Santos Moreno Cabada, Gobernador tradicional del pueblo original Yoreme-Mayo y candidato a Regidor suplente por el frente opositor, en Choix, recobra credibilidad la palabra que garantiza condiciones de seguridad a partidos y candidatos que andan en campaña, y simultáneamente le abre pertinencia al exhorto a siglas y pretensos para que se abstengan de buscarle lucro político a hechos de violencia y víctimas de ésta.
En los pocos o muchos peldaños que la democracia mexicana ha logrado escalar hacia la civilidad se creía que el uso de la desgracia ajena, y la prefabricación de tragedias con fines de atraer votos, eran cosa de un pasado donde las campañas electorales incurrían en la victimización, inclusive sin importarles que inmolaran a militantes y dirigentes. En la era de la dictadura perfecta que fue la larga estancia del Partido Revolucionario Institucional en el poder, la fórmula para remontar en la simpatía popular no escatimaba en autoatentados buscando la compasión social.
Por ese pretérito ominoso hoy es fundamental que sucedan dos condiciones cardinales para evitar que el resultado del proceso electoral esté permeado por la violencia real o la artificiosa. Una tiene que ver con la actuación rápida y eficaz de las instituciones de procuración e impartición de justicia para esclarecer hechos y denuncias, y la otra con evadir en el proselitismo cualquier tentación a la autoinmolación para sacar raja política y sembrar miedos.
Indebidamente, la alianza Fuerza y Corazón por México le agregó en Sinaloa el crimen de Moreno Cabada a la supuesta escalada de violencia enderezada por el Gobierno del Estado contra sus opositores políticos, pero las indagatorias ministeriales echan abajo esa hipótesis porque la carpeta de investigación indicaría que la muerte del líder indígena se fraguó en su círculo familiar cercano.
Ocurrió lo mismo el 13 de abril cuando el Partido Sinaloense dio a conocer la desaparición de su candidato a Regidor por Culiacán, Luis García Corrales, y de su acompañante, Juan Francisco Cerón, procediendo de inmediato el creador y dirigente del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, a responsabilizar al Gobernador Rubén Rocha y la “delincuencia organizada que es el Gobierno del Estado”, pero el 16 de abril, al regresar con sus familias lo afectados, le dio un giro brusco a su postura a tal grado que propuso “borrón y cuenta nueva en este tema”.
De este hecho ya no habían hablado ni la FGE ni PAS, aunque el dirigente pasista, Víctor Antonio Corrales Burgueño, declaró el 16 de mayo que García y Cerón “no regresaron al partido y su silencio refleja que están cooptados” por lo cual interpuso un recurso para que la Fiscalía aclare el caso. “Queremos saber quiénes intervinieron y por qué ahora trabajan en contra, queremos que nos regresen esa regiduría para que ese espacio lo ocupe alguien que sí defienda la causa y los colores del frente y del PAS”. Ayer Cuén le agregó a esto que a través de los presuntamente secuestrados “se llevaron la base de datos” y volvió a acusar al gobierno estatal.
Es decir, sin caer en el exceso de considerar a Sinaloa como paraíso de seguridad pública para los candidatos en campaña, importa adentrar el análisis en esos intersticios sombríos en que actúan aquellos que incurren en perversidad política por estar a la espera de eventos de violencia o de alteración de la estabilidad para convertirlos en capital electoral sin mediar la reflexión previa. Y si no suceden con la gravedad que ellos quisieran, los exacerban alevosamente para llevar agua a sus molinos proselitistas.
Y la mayoría de los partidarios de la autovictimización han acudido a los debates organizados por los órganos electorales queriendo plantearse como mártires. Aducen persecución política, amenazas y atentados, olvidando que ahora los arropan siglas y personajes que ejercen tales métodos como medios de control; se sitúan como redentores de movimientos sociales a los cuales durante décadas les dieron la espalda, y hasta los combatieron; hablan de libertades y derechos ciudadanos que ellos mismos atropellan en la vida diaria.
Con la violencia aplicada por propósitos políticos, la que es elucubrada para derribar a unos y levantar a otros en la intención del voto, hay que ser responsables al denunciarla y castigarla cuando en verdad alguien la comete. Si parte de la invención, de la autoagresión, entonces al registrarse hechos verídicos los electores y las autoridades dejarían sin amparo a quienes la sufren creyendo que es coartada y no delito auténtico.
El ataque letal que privó de la vida a Santos Moreno significa el sacrificio de un guía clave del movimiento por la reivindicación de los derechos y contribuciones de los pueblos originarios. Sin duda el homicidio lastima a las etnias y por lo tanto estremece a la sociedad sinaloense. Pero es inadmisible que partidos o candidatos utilicen su muerte como estrategia para subir en el ranking político o inducir miedo entre los que se alistan a hacer valer el sufragio.
No nos sirve para nada bueno,
Ni trae tranquila la conciencia,
Quien lucra con el dolor ajeno,
O especula con la violencia.
No fue rosa sino roja, azul y amarilla la movilización que se realizó en ciudades de Sinaloa y del País para defender la legitimidad del voto electoral, pues en lugar de la fuerza cívica a la que le corresponde ejercer y hacer respetar el sufragio libre y reflexionado, lo que se notó es mayor presencia de militantes de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática (y del PAS en el caso local) que defienden la democracia solamente si gana su candidata presidencial Xóchitl Gálvez. Lo que está por venir, sereno y definitivo, es el oleaje del sufragio que el 2 de junio pondrá las cosas en su lugar, las codicias políticas en su nivel.
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